El necesario di¨¢logo entre empresas mineras y comunidades ind¨ªgenas

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M¨¢s de la mitad de los conflictos sociales de Per¨² se deben a discrepancias entre empresas privadas y comunidades acerca de proyectos mineros o de energ¨ªa. Esto viene sucediendo desde 2003, de acuerdo con los datos de la Defensor¨ªa del Pueblo, que indican que la poblaci¨®n suele oponerse debido a la contaminaci¨®n de recursos naturales, la p¨¦rdida de fuentes de agua para la agricultura o la pesca, y por problemas de propiedad de tierras.

La Defensor¨ªa reporta que entre 2009 y 2015, en dos de cada tres conflictos el di¨¢logo empez¨® despu¨¦s de un hecho de violencia, y un 40% de quienes participaron en esas conversaciones ten¨ªan una lengua materna distinta del espa?ol; el 86% proced¨ªa de comunidades campesinas. Desencuentros similares ocurren en Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Honduras y M¨¦xico, pa¨ªses con rasgos semejantes a Per¨²: presencia de poblaci¨®n ind¨ªgena, abundancia de recursos naturales e inter¨¦s de inversionistas en miner¨ªa, petr¨®leo, y represas, entre otros rubros. El m¨¢s reciente informe de Global Witness se?ala que en 2017 fueron asesinadas 197 personas defensoras de la tierra y el medioambiente, el 60% en Am¨¦rica Latina.

Estos conflictos y c¨®mo solucionarlos fueron parte de los debates que el Banco Interamericano de Desarrollo organiz¨® en el Di¨¢logo empresarial de las Am¨¦ricas, la pasada semana en Lima. Mientras los representantes de las corporaciones mineras aseguraban que para la nueva generaci¨®n de ejecutivos la relaci¨®n con la comunidad tiene tanta importancia como los aspectos t¨¦cnicos de la operaci¨®n, los l¨ªderes ind¨ªgenas analizaron 12 casos en los que las empresas del sector extractivo han perjudicado sus comunidades y pidieron al Estado y al sector privado respetar sus derechos y el medioambiente.

En el conversatorio?Recursos naturales y energ¨ªa inteligente para las Am¨¦ricas, siete consejeros delegados comentaron sus lecciones para trabajar de manera sostenible en un entorno con diferencias culturales, raciales o religiosas. Este hemisferio produce el 20,4% de la hidroelectricidad en el mundo y la demanda de energ¨ªa puede aumentar un 91% en 20 a?os, indica el BID.

Uno puede manejar la mejor mina del mundo, pero si tiene bloqueos de carretera constantes, no funciona

Kelvin Dushnisky, presidente de Barrick Gold Canad¨¢, afirm¨® que el punto de partida es cuidar el bienestar de la fuerza laboral y actuar de manera responsable en cuanto al medioambiente. El ejecutivo destac¨® que no es f¨¢cil establecer confianza con las comunidades, pero debe trabajarse mediante ¡°comunicaci¨®n y consulta, desde el inicio, con las partes involucradas en el proyecto¡±. ¡°Es mejor empezar antes: la consulta a las comunidades locales debe estar desde las primeras reuniones, aun cuando no sabemos si tenemos yacimiento. Hemos tenido problemas cuando hemos consultado los programas ya dise?ados o un plan ya desarrollado¡±, explic¨® el ejecutivo.

En Per¨², el Ministerio de Energ¨ªa y Minas establece como requisito de los proyectos de inversi¨®n reuniones informativas para la poblaci¨®n afectada, pero adem¨¢s en 2011 aprob¨® la ley de consulta previa a pueblos ind¨ªgenas, basada en el Convenio 169 de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo. Este indica que toda decisi¨®n que afecte a los pueblos ind¨ªgenas debe ser consultada previamente para que den su consentimiento. En 2015, la ministra de Energ¨ªa y Minas, Rosa Mar¨ªa Ortiz, reconoci¨® que varios megaproyectos mineros iniciaron en Per¨² en la ¨²ltima d¨¦cada sin consulta previa, y plante¨® una ¡°consulta posterior¡± que no se concret¨®.

Dushnisky explic¨® que en su empresa identifican c¨ªrculos conc¨¦ntricos de interlocutores: ¡°Este abordaje local nos ayuda a superar diferencias: hay mucho trabajo por hacer. Uno puede manejar la mejor mina del mundo, pero si tiene bloqueos de carretera constantes, no funciona¡±.

Richard Adkerson, presidente de Freeport McMoran, plante¨® que la miner¨ªa tiene ¡°una herencia terrible¡± porque cuando una empresa llega, ¡°invierte en recursos, da trabajo a algunas personas, y cuando se va, la situaci¨®n es peor a antes de su llegada. Con eso tenemos que vivir¡±. El ejecutivo de la compa?¨ªa que opera la mina Cerro Verde en Per¨² resumi¨® las dificultades de haber trabajado con culturas y religiones diversas en Papua-Nueva Guinea, Congo, Chile, y la zona de nativos de EE UU. ¡°Mucha gente pone su enfoque en sacar el mineral del suelo y el resto no le parece necesario, lo ve como una complicaci¨®n¡±, advirti¨®.

En Per¨², entre 2009 y 2015, en dos de cada tres conflictos sociales el di¨¢logo empez¨® despu¨¦s de un hecho de violencia

Seg¨²n Adkerson, las empresas deben asegurarse de que ¡°las personas de la localidad reciban beneficios en trabajo, educaci¨®n, salud y oportunidades empresariales¡±, pero a veces el inter¨¦s del Gobierno central no es el mismo que el de las comunidades locales. ¡°Esa no puede ser excusa para no brindar atenci¨®n a la comunidad¡±, plante¨®.

A ra¨ªz del poco cumplimiento de los compromisos que firman algunas empresas con comunidades y los continuos conflictos, en enero de 2017, Per¨² aprob¨® una ley que crea un fondo de adelanto social para programas que reduzcan las brechas en zonas donde se desarrollar¨¢n actividades econ¨®micas como ¡°proyectos mineros en fase de exploraci¨®n avanzada o donde haya decisiones de inversi¨®n ya tomadas¡±, precis¨® el a?o pasado la exministra de Energ¨ªa y Minas, Cayetana Aljov¨ªn. Este a?o el pa¨ªs destinar¨¢ 15 millones de d¨®lares a ese fondo.

¡°Tuvimos un debate recientemente en una mina complicada, ?Es m¨¢s dif¨ªcil la parte t¨¦cnica? Lidiar con los problemas comunitarios es m¨¢s complicado: si no lo hacemos bien, perdemos nuestra licencia para operar¡±, describi¨® Adkerson. ¡°En los a?os noventa, una operaci¨®n de extracci¨®n de oro creci¨® y necesit¨¢bamos retirar a parte de la poblaci¨®n. Tuvimos que establecer una organizaci¨®n de pobladores con autoridad para tratar estos problemas con ingenieros de minas, pero nunca se resuelve. Uno hace cierto progreso, empodera a la gente y quieren m¨¢s. Uno los educa mejor y quieren m¨¢s. Quiz¨¢ es el ciclo del mundo. Hay que trabajar con esto sin sentir que es un gran problema¡±, recomend¨®.

Alex Dimitrieff, presidente de Crecimiento Global en General Electric (EE UU), esboz¨® ideas similares: ¡°Parte de la regla es invertir en las comunidades, hacer inversiones adelantadas con el gobierno, involucrar a los funcionarios p¨²blicos para que vean las contribuciones de nuestra compa?¨ªa a la comunidad. No hay una receta, hay muchas culturas¡±.

Demandas de pueblos ind¨ªgenas

En la audiencia p¨²blica El impacto de la corrupci¨®n en los derechos de los pueblos ind¨ªgenas unos 100 l¨ªderes de comunidades y organizaciones de pueblos originarios elaboraron recomendaciones que entregaron a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Cumbre de las Am¨¦ricas.

Una docena de l¨ªderes sintetizaron los problemas que afrontan por proyectos mineros o de infraestructura no consultados previamente por las empresas a las comunidades, o que se realizan infringiendo sus normas, o recortando su territorio.

Herm¨®genes Tantarico, presidente comunal de San Juan de Ka?aris, al norte de Per¨², expuso una de las situaciones m¨¢s graves para las comunidades ind¨ªgenas. La poblaci¨®n habla una variante del quechua llamada Inkawasi-Ka?aris y, como comunidad ind¨ªgena, ten¨ªa derecho a que un proyecto minero y otro de instalaci¨®n de Internet les fueran consultados, pero no hubo consulta previa. ¡°Hablamos nuestra lengua desde ni?os y sentimos el atropello de estas empresas en nuestro territorio. En el primer caso tenemos problemas por un proyecto de inversi¨®n en telecomunicaciones: nos exigen vender parcelas de nuestro territorio y modificar el estatuto interno de la comunidad. Necesitamos desarrollo, pero respetando nuestras leyes¡±, afirm¨® Tantarico.

¡°El otro problema es el megaproyecto minero Ca?ariaco Copper, que tiene la concesi¨®n del 96% de nuestro territorio de la comunidad. Este proyecto fue presentado en nuestra asamblea y no lo aceptamos. Comunicamos al Estado nuestra decisi¨®n y no nos hizo caso. En 2013 tuvimos un conflicto con heridos y denunciados por terrorismo. El Estado no nos respet¨®. Hoy demandamos la anulaci¨®n del megaproyecto que la poblaci¨®n tajantemente ha rechazado, porque la comunidad tiene sus propios recursos en fauna, bosques, neblinas, agricultura y r¨ªos¡±, agreg¨® la autoridad comunal.

En contraste, la empresa canadiense a cargo del proyecto ve un clima optimista para su inversi¨®n, despu¨¦s de que el Gobierno anunciara 15 millones de d¨®lares para obras de irrigaci¨®n y caminos, y nuevas normas que le facilitar¨¢n los permisos de exploraci¨®n.

Otros casos de vulneraci¨®n de comunidades, expuestos en la audiencia, fueron la afectaci¨®n de fuentes de agua en la regi¨®n Moquegua, los monocultivos de palma aceitera en la comunidad de Santa Clara de Uchunya (en la Amazon¨ªa norte), y la miner¨ªa en la comunidad amaz¨®nica Tres Islas (en la selva sur-oriental). El Estado ha otorgado concesiones mineras, sin consulta, en el 60% del territorio de Tres Islas, y los beneficiarios delegan la explotaci¨®n a mineros ilegales que han causado problemas de contaminaci¨®n por mercurio, redes de prostituci¨®n y tala ilegal.

Tres Islas, al igual que Ka?aris, y cientos de comunidades ind¨ªgenas de Per¨² esperan que el Estado inscriba en los registros p¨²blicos su territorio colectivo. Desde 2009, las autoridades de organizaciones amaz¨®nicas y andinas denuncian que pese a cumplir con los requisitos, no obtienen su t¨ªtulo y ello los deja en situaci¨®n de vulnerabilidad frente a las empresas privadas y, tambi¨¦n, frente a mineros y taladores ilegales.

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