¡°Espa?a tiene que asegurarse de que su ayuda no se utilice contra los defensores de derechos humanos¡±
La activista Lala Aicha Ouedraogo alerta de un incremento de la represi¨®n de los activistas que luchan en contra de la esclavitud y la discriminaci¨®n racial en Mauritania
Casarse, divorciarse o quedar soltero, estudiar o no... son decisiones que no todos pueden permitirse tomar libremente en Mauritania. En este pa¨ªs africano a¨²n hay alrededor de 43.000 esclavos (aproximadamente el 1% de la poblaci¨®n), seg¨²n estimaciones de organizaciones como Amnist¨ªa Internacional, pese a que esta pr¨¢ctica est¨¢ formalmente prohibida por ley desde hace casi 40 a?os. No obstante, el Gobierno niega su existencia y activistas como Lala Aicha Ouedraogo alertan de un incremento de la represi¨®n para los defensores de los derechos humanos que luchan por la abolici¨®n.
"En este siglo, no podemos estar a¨²n hablando de esclavitud", lamenta Ouedraogo (1956), de paso por Madrid a principio de este mes para reunirse con autoridades espa?olas. "En Mauritania puedes heredar la condici¨®n de esclavo de tus padres. Es decir, que naces para trabajar para tu patr¨®n desde que eres peque?o. Sin derechos, sin descanso, sin sueldo m¨ªnimo". Tambi¨¦n se da el caso de mujeres que, pese a nacer libres, se convierten en esclavas en Arabia Saud¨ª y en los pa¨ªses del Golfo, donde supuestamente son contratadas para trabajar como empleadas del hogar.
"Hemos registrado 250 casos de mujeres de edad comprendida entre los 18 y los 40 a?os que firman contratos para ocuparse de la cocina, del hogar y del cuidado de los ni?os sin saber lo que les espera en realidad. Son personas sin recursos en un pa¨ªs que est¨¢ a la cola en la estad¨ªstica mundial de desarrollo humano. Ante la falta de trabajo y los sueldos ¨ªnfimos que encuentran aqu¨ª, aceptan irse al extranjero por la promesa de unas ganancias tres veces mayores y la tentadora posibilidad de realizar la peregrinaci¨®n a La Meca. La mayor¨ªa de las veces, en cambio, acaban siendo tambi¨¦n v¨ªctimas de explotaci¨®n sexual. El Gobierno mauritano no hace nada por ellas y nos acusa de exagerar con estas denuncias".
En Alemania, todos conocen la historia del nazismo. En Sud¨¢frica, todos saben lo que ha pasado con el 'apartheid'. Los mauritanos tambi¨¦n tienen derecho a saber
Ouedraogo supo que no pod¨ªa callar antes las injusticias desde muy joven. Primero fue delegada de los estudiantes y luego sindicalista para defender los intereses de los trabajadores. Fue arrestada en varias ocasiones, pero ni esto la detuvo. "Mi pasi¨®n siempre ha sido luchar por las personas cuyos derechos son violados", explica. "Recibo amenazas constantemente, pero no tengo miedo. M¨¢s bien, estoy preocupada por la evoluci¨®n de los derechos humanos en mi pa¨ªs y quiero aportar mi granito de arena a la construcci¨®n de un entorno m¨¢s libre".
En la actualidad, es secretaria ejecutiva del Foro de las Organizaciones Nacionales de Derechos Humanos y presidenta del Comit¨¦ para la Solidaridad con las V¨ªctimas, una organizaci¨®n creada en 1991 despu¨¦s de las graves violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en Mauritania entre 1989 y 1990. "No nos dimos cuenta de lo que hab¨ªa ocurrido hasta un a?o m¨¢s tarde porque muchas v¨ªctimas ten¨ªan miedo a hablar o se hab¨ªan refugiado en el extranjero, mientras que las autoridades intentaban tapar la verdad". Ouedraogo se refiere a los supervivientes de los campos de exterminio en los que se encerraba a los soldados mauritanos de piel negra.
"Las mujeres, madres y esposas nos unimos en un movimiento espont¨¢neo. Hemos contabilizado a 685 militares desaparecidos o muertos, adem¨¢s de 250 civiles, pero el listado no es exhaustivo. El Gobierno les acus¨® de tramar un golpe de Estado y de haber envenenado las fuentes de agua de la capital para justificar un exterminio fomentado por el racismo, planeado por alguien que cree que Mauritania es un pa¨ªs estrictamente ¨¢rabe y que todas las poblaciones negras han llegado desde otros lugares". La asociaci¨®n de Ouedraogo ha pedido en varias ocasiones que se realice un censo de poblaci¨®n, sin obtener respuesta. "Las autoridades no quieren ni hablar del tema, al contrario, insisten en reforzar la idea de que hay una etnia que predomina sobre las dem¨¢s y los responsables de los abusos siguen campando a sus anchas. Algunos de ellos incluso han obtenido promociones. En Alemania, todos conocen la historia del nazismo. En Sud¨¢frica, todos saben lo que ha pasado con el apartheid. Los mauritanos tambi¨¦n tienen derecho a saber". El Estado, por su parte, cerr¨® el cap¨ªtulo de la historia en 1993, cuando se aprob¨® una ley de amnist¨ªa para los mandos del Ej¨¦rcito implicados y se otorg¨® una peque?a compensaci¨®n econ¨®mica a los familiares de las v¨ªctimas.
"Hoy en d¨ªa a¨²n existen muchas pr¨¢cticas discriminatorias hacia los negros y no podemos aceptarlo, pero el problema es que todos los defensores de los derechos humanos que se ocupan de esclavitud y racismo son v¨ªctimas de intimidaciones que a veces llegan hasta la tortura o la violaci¨®n", a?ade. "Espa?a tiene que asegurarse de que su ayuda a Mauritania no se utilice contra los defensores de derechos humanos y las minor¨ªas".
El Ministerio del Interior espa?ol ha gastado hasta el momento 135 millones de euros para evitar la llegada de inmigrantes desde las costas de Mauritania y Senegal. El viaje de Ouedraogo a Madrid tiene como objetivo pedir a las autoridades extremar los controles para cerciorarse de no estar contribuyendo a abusos. "No vemos inconvenientes en que Espa?a contribuya a la lucha contra el terrorismo y la migraci¨®n clandestina con fondos p¨²blicos, pero hay que hacer menci¨®n de los derechos humanos en todos los programas de cooperaci¨®n. No se puede estar en contra de la pena de muerte y financiar a un r¨¦gimen como el de Mauritania, que ha aprobado un proyecto de ley que castiga con la ejecuci¨®n a la apostas¨ªa".
As¨ª se silencia a los activistas
En su ¨²ltimo informe sobre Mauritania, Amnist¨ªa Internacional denuncia un incremento de la represi¨®n de los activistas que se ocupan de discriminaci¨®n racial y esclavitud. "Los que defienden estas causas se enfrentan a detenciones arbitrarias, campa?as de desprestigio, tortura, reclusi¨®n en prisiones remotas y la prohibici¨®n sistem¨¢tica de sus reuniones", alerta Fran?ois Patuel, investigador de la organizaci¨®n experto en el pa¨ªs africano.
"Las autoridades no aceptan que se hable de estas cuestiones y silencia a las organizaciones denegando la autorizaci¨®n para trabajar. La libertad de asociaci¨®n en Mauritania ya no es un derecho, sino un privilegio", se?ala. El Gobierno se escuda tras el paragua de la lucha al terrorismo y la necesidad de preservar la unidad de la naci¨®n. "Cuando una organizaci¨®n solicita reconocimiento y obtiene silencio como respuesta, se convierte en ilegal. Esto significa que sus miembros pueden ser detenidos y que es mucho m¨¢s dif¨ªcil obtener financiaci¨®n". Incluso cuando las asociaciones est¨¢n reconocidas, su espacio de acci¨®n est¨¢ limitado: desde noviembre de 2016 tambi¨¦n hay que pedir autorizaci¨®n para organizar actividades p¨²blicas. "Es un trabajo administrativo sin fin, completamente liberticida, hecho adrede para entorpecer la actividad de las organizaciones".
En 2016, los tribunales contra la esclavitud del pa¨ªs solo condenaron a dos personas, a pesar de haber recibido 47 casos para investigar en los que estaban implicadas 53 personas sospechosas.
"Con unas importantes elecciones a punto de celebrarse, existe un elevado riesgo de disturbios sociales si no se respetan todas las voces, incluidas las cr¨ªticas", alerta Patuel.
Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aqu¨ª a nuestra newsletter.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Sobre la firma
