Que dimitan todos

El Consejo General del Poder Judicial sigue en funciones tras el esperp¨¦ntico fracaso de la renovaci¨®n pactada por el PP y el PSOE. La operaci¨®n se frustr¨® despu¨¦s de que se hiciese p¨²blico un mensaje en el que el popular Ignacio Cosid¨® se jactaba de que su formaci¨®n controlaba al elegido como futuro presidente, Manuel Marchena. Aunque la elecci¨®n del magistrado del Tribunal Supremo hubiese permitido renovar el Consejo, se trataba de una soluci¨®n viciada de inicio, pues mostraba que la designaci¨®n depend¨ªa m¨¢s de las lealtades pol¨ªtico-corporativas de los candidatos que del servicio a la instituci¨®n a la que iban a pertenecer. La l¨®gica endog¨¢mica del sistema y la complicidad de los dos principales partidos quedaban explicitadas al pactar con anterioridad el nombre del futuro presidente, una potestad que la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial reserva en exclusiva a los propios miembros del CGPJ.

Estamos, parece, en un callej¨®n sin salida. Despu¨¦s del sainete protagonizado por el inefable Cosid¨®, PP y Ciudadanos proponen ahora cambiar la forma de designaci¨®n de los miembros del Consejo. Desde 1985, son las dos c¨¢maras, a partes iguales, las que eligen a los 20 integrantes del Poder Judicial entre magistrados, jueces y juristas de reconocido prestigio mediante una mayor¨ªa cualificada de tres quintos. Se trata de un mecanismo adecuado destinado a que este ¨®rgano refleje la diversidad y la pluralidad pol¨ªtica. El esp¨ªritu de la ley insta a los partidos a pactar los miembros del Consejo, no a repart¨ªrselos siguiendo consignas sectarias, y mucho menos a condenar al bloqueo en caso de que no se salgan con la suya.

A nadie deber¨ªa escapar que un CGPJ en funciones representa un problema institucional grave. Y, sin embargo, no es la primera vez que un bloqueo de este tipo da?a a una instituci¨®n democr¨¢tica: el propio CGPJ estuvo paralizado en el pasado, al igual que el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional o el Consejo de Radiotelevisi¨®n Espa?ola. Dado que se trata de ¨®rganos que deben su lealtad al Estado y no a una determinada fuerza pol¨ªtica, nuestro marco constitucional prev¨¦ que los partidos con representaci¨®n parlamentaria alcancen consensos para su renovaci¨®n. Pero si este di¨¢logo es imposible, lo es tambi¨¦n el normal funcionamiento de las instituciones que vertebran el Estado, que en ning¨²n caso deben reducirse a ser un simple espejo de las mayor¨ªas y minor¨ªas partidistas de las C¨¢maras.

Los partidos tienen una vergonzante responsabilidad en este bloqueo que tanto da?a a las instituciones, pero tambi¨¦n los miembros del Consejo, quienes podr¨ªan evitar la actual situaci¨®n de grave desprestigio y descr¨¦dito de una instituci¨®n que deber¨ªa preservarse de manipulaciones sectarias. Ante la actual situaci¨®n de par¨¢lisis, existe una forma eficaz para desbloquear la renovaci¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces: que todos y cada uno de sus miembros y suplentes presenten su dimisi¨®n, trasladando as¨ª la responsabilidad a quien le corresponde. De esta forma, si el Ejecutivo y la oposici¨®n quieren garantizar el normal funcionamiento de uno de los pilares institucionales del Estado de derecho, no tendr¨¢n m¨¢s remedio que ponerse de acuerdo para renovar las 20 vacantes que quedar¨ªan libres. Por su parte, los vocales salientes demostrar¨ªan con su gesto el respeto por la instituci¨®n que encarnan.