Financiaci¨®n sostenible para la planificaci¨®n familiar
La responsabilidad ¨²ltima de mantener los derechos de la salud sexual y reproductiva recae en las autoridades nacionales, quienes deben desarrollar estrategias de largo plazo para asegurar los recursos
La entidad Planned Parenthood, fuente vital de servicios de salud sexual y reproductiva en Estados Unidos, se acaba de ver obligada a retirarse del programa de planificaci¨®n familiar Title X, que apoya a mujeres de bajos ingresos. La decisi¨®n, que responde a una nueva norma de la administraci¨®n del presidente estadounidense Donald Trump, proh¨ªbe a las cl¨ªnicas Title X referir pacientes para que se les realicen abortos. Esto costar¨¢ a Planned Parenthood cerca de 54 millones de euros al a?o.
Esa p¨¦rdida se vuelve peque?a si se compara con los costes humanos que suponen limitar los derechos de la salud sexual y reproductiva (DSSR) al impedir que los pacientes manejen informaci¨®n m¨¦dica crucial. Con todo, perder la financiaci¨®n de Title X ¡ªque se habr¨ªa usado para adquirir anticonceptivos, ex¨¢menes para detectar c¨¢ncer cervical y de mama, infecciones de transmisi¨®n sexual (ITS) y otros servicios de salud esenciales¡ª es un duro golpe. Sin embargo, Planned Parenthood no est¨¢ sola: en todo el mundo las organizaciones que protegen los DSSR enfrentan limitaciones financieras similares o peores.
La comunidad internacional sabe que los DSSR tienen grandes implicaciones para la salud y el desarrollo humano, incluidas la educaci¨®n, la reducci¨®n de la pobreza y la igualdad de g¨¦nero. As¨ª se refleja en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, adoptados por los l¨ªderes mundiales en 2015, que incluyen la meta de asegurar acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva para 2030.
Sin embargo, sin financiaci¨®n suficiente, este objetivo no se podr¨¢ alcanzar. La prestaci¨®n de servicios de salud generales en los pa¨ªses de ingresos bajos y medios se financia principalmente por donantes y, como se?al¨® Pauline Irungu, representante de promoci¨®n y pol¨ªticas de Kenia en la organizaci¨®n PATH, durante la conferencia Women Deliver de este a?o, existe una gran carencia de fondos para planificaci¨®n familiar. Se estima que la brecha de financiaci¨®n solo para eliminar muertes prevenibles de madres, ni?os y adolescentes llega a los 30.000 millones de euros.
Incluso los fondos actuales no est¨¢n garantizados debido a factores que van desde la fluctuaci¨®n de los tipos de cambio a las movidas agendas pol¨ªticas. La Administraci¨®n Trump acaba de dar una chocante muestra de lo vulnerables que esto deja a los pa¨ªses.
No sorprende que la ley mordaza global est¨¦ asociada al aumento de los ¨ªndices de ITS,? los abortos no seguros y las muertes prevenibles
Casi inmediatamente despu¨¦s de asumir el cargo, Trump restableci¨® la llamada "ley mordaza global" ¡ªoficialmente nombrada la Pol¨ªtica de Ciudad de M¨¦xico¡ª, que bloquea los fondos federales estadounidenses para cualquier ONG que ofrezca consejer¨ªas sobre aborto, haga derivaciones o promueva derechos de aborto dom¨¦stico. Al castigar cualquier organizaci¨®n que respete el derecho de los pacientes a informaci¨®n m¨¦dica relevante ¡ªy que potencialmente podr¨ªa salvar sus vidas¡ª la administraci¨®n Trump apart¨® a millones de personas no solo de la posibilidad de recibir servicios de salud sexual y reproductiva, sino tambi¨¦n otros no relacionados. Estos podr¨ªan ser el VIH / SIDA, la malaria y la tuberculosis. No sorprende que la ley mordaza global est¨¦ asociada al aumento de los ¨ªndices de ITS, incluidos el VIH, los abortos no seguros y las muertes prevenibles.
Estados Unidos tambi¨¦n ha bloqueado la financiaci¨®n al Fondo de Poblaci¨®n de la ONU (Unfpa), uno de los principales prestadores mundiales de servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente en ¨¢reas de conflicto. La administraci¨®n Trump aduce, sin base alguna, que en su trabajo en China la Unfpa viol¨® la Enmienda Kemp-Kasten promulgada en 1985, que bloquea la ayuda a cualquier organizaci¨®n que EE. UU. considere que participe en pr¨¢cticas coercitivas, tales como las esterilizaciones forzosas.
Y hay m¨¢s todav¨ªa: la Administraci¨®n Trump presion¨® para que se eliminara la frase ¡°salud sexual y reproductiva¡± de acuerdos multilaterales anuales, como el de la Comisi¨®n sobre el Estado de la Mujer de la ONU, aduciendo que ese lenguaje condona el aborto. De manera similar, en abril presion¨® a Alemania para que suavizara una resoluci¨®n de la ONU que apuntaba a prevenir las violaciones en situaciones de conflicto al eliminar las frases que reconocieran el derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva. Para socavar a¨²n m¨¢s las responsabilidades civiles, tambi¨¦n ha eliminado los derechos reproductivos de los informes anuales de Derechos Humanos del Departamento de Estado y abandon¨® el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Por otra parte, no hay duda de que otros pa¨ªses donantes est¨¢n poni¨¦ndose a la altura del reto de proteger los DSSR. Citando las ¡°devastadoras consecuencias¡± de la politizaci¨®n de los derechos de las mujeres, el primer ministro canadiense Justin Trudeau prometi¨® recientemente aumentar el gasto de su pa¨ªs destinado a mujeres y ni?as en el ¨¢mbito global desde 761 millones de euros a 910 millones para el a?o 2023.
Pero no basta con eso. Es urgente que los Gobiernos de los pa¨ªses en desarrollo reduzcan su dependencia de las donaciones externas. Y, sin embargo, hasta ahora han demostrado bastante lentitud.
Por ejemplo, en 2001 los Gobiernos de la Uni¨®n Africana (UA) se comprometieron en la Declaraci¨®n de Abuya a destinar un 15% de sus presupuestos anuales a mejorar el sector de la salud. Una d¨¦cada m¨¢s tarde, solo un pa¨ªs hab¨ªa cumplido ese objetivo. Y mientras 26 hab¨ªan aumentado la proporci¨®n de fondos para este sector, 11 los hab¨ªan reducido.
Es urgente que los Gobiernos de los pa¨ªses en desarrollo reduzcan su dependencia de las donaciones externas
En Ghana, mi pa¨ªs, el Gobierno destina hoy cerca de un 8% de su presupuesto a la salud. La mayor parte de esos fondos son para pagar las remuneraciones de los empleados, dejando pocos recursos disponibles para mejorar la atenci¨®n. No se conoce con exactitud cu¨¢nto va a servicios de salud sexual y reproductiva.
Sin embargo, hay razones para el optimismo. La segunda Cumbre Nacional por la Salud Reproductiva Adolescente, celebrada el a?o pasado y organizada por el Consejo Nacional de Poblaci¨®n, con apoyo de Marie Stopes International, el Gobierno de Ghana y socios de la comunidad civil, se centr¨® en "la financiaci¨®n m¨¢s all¨¢ de la ayuda", como rezaba su eslogan. El evento, que resalta el v¨ªnculo entre los DSSR y el manejo demogr¨¢fico y promueve las ideas y la innovaci¨®n de los j¨®venes, produjo un compromiso del Gobierno a aumentar los fondos para salud, si bien de manera gradual.
Los j¨®venes del mundo en desarrollo han estado luchando por los DSSR. Por ejemplo, en el Consejo Asesor de la Juventud de la UA participa Shakira Choonara, nombrada Mujer del A?o en el ¨¢mbito de la Salud en Sud¨¢frica en 2017, y Natasha Wang Mwansa, que recibi¨® una ovaci¨®n de pie de los l¨ªderes mundiales en la Conferencia Women Deliver de 2019. En el ¨¢mbito comunitario, Shomy Chowdhury impulsa una campa?a de higienizaci¨®n y potabilizaci¨®n del agua (WASH) en Banglad¨¦s, y Maureen Muketha trabaja para mejorar la nutrici¨®n infantil en Kenia rural.
Pero la responsabilidad ¨²ltima de mantener los DSSR recae en las autoridades nacionales, quienes deben desarrollar estrategias de largo plazo para asegurar una financiaci¨®n sostenible de programas de salud sexual y reproductiva, incluida la planificaci¨®n familiar. El desarrollo de sus pa¨ªses depende de ello.
Esenam Amuzu es miembro de la clase de 2018 de Women Deliver Young Leader y Asesora de la Juventud de la Alianza de DSSR para los J¨®venes de Ghana, activista por los DSSR y fundadora del proyecto My Teen Life.
Traducido del ingl¨¦s por David Mel¨¦ndez Tormen. Copyright: Project Syndicate, 2019
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