El gran problema de las escuelas fumigadas

Durante el festejo de fin de a?o del jard¨ªn de infantes, los padres y docentes ya lo advirtieron: en los campos cercanos estaban fumigando. Esta escuela rural, que tambi¨¦n tiene primaria y secundaria, se encuentra en el Paraje Ca?ada de Arias, a unos 70 kil¨®metros de la Ciudad de Buenos Aires. Fatima Sosa, mam¨¢ de Juana, una alumna de cinco a?os, estaba en el acto junto a su hija. Al terminar la fiesta, que fue dentro de un sal¨®n, se fueron r¨¢pido a su casa para que los agroqu¨ªmicos no las afectaran. Hoy, para Sosa es una preocupaci¨®n dejar a su hija en la escuela y que fumiguen tan cerca.

¡°Yo vivo en la zona hace 24 a?os. Incluso fui a la misma escuela que mi hija y antes no se ve¨ªa tanta agricultura alrededor. Muchas familias vendieron sus campos, dedicados a la ganader¨ªa y se fueron. Cada vez avanza m¨¢s la siembra y hay menos gente¡±, comenta Sosa.

Este caso no es aislado. En Argentina hay unas 15.000 escuelas rurales, que conviven con la producci¨®n agraria. Argentina es el tercer productor de soja del mundo. En 2017, cultiv¨® 47 millones de toneladas.

Esto hace que gran parte de los alumnos hayan estado alguna vez cerca de alg¨²n agroqu¨ªmico, ya sea a trav¨¦s de bidones, mochilas o un mosquito fumigador. En noviembre de 2018, en el primer Encuentro Regional de Pueblos y Ciudades Fumigadas, se calcul¨® que unos 700.000 ni?os y adolescentes est¨¢n en riesgo por las fumigaciones que se llevan a cabo sin control en los campos cercanos. Buenos Aires, C¨®rdoba, Santa Fe y Entre R¨ªos son las provincias m¨¢s afectadas.

Los docentes rurales buscan crear redes para que se tome conciencia de la problem¨¢tica. Ana Zabaloy fue un ejemplo. En octubre de 2015, su escuela fue fumigada en horario escolar, incumpliendo las normas establecidas por la normativa vigente en la zona. El 9 de junio de 2019, muri¨® de c¨¢ncer. En un chequeo al que se someti¨® Zabaloy en 2016, se corrobora que la maestra ten¨ªa una cantidad 14 veces superior a la que es considerada ¡°normal¡± de glifosato en sangre. Aunque como el c¨¢ncer es una enfermedad multicausal, los m¨¦dicos no establecieron la relaci¨®n directa.

En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigaci¨®n sobre el C¨¢ncer (IARC es su sigla en ingl¨¦s) evalu¨® la carcinogenicidad de los insecticidas organofosforados diazin¨®n, malati¨®n y glifosato y los reclasific¨®, tal como se puede leer en la p¨¢gina de la OMS, como "probablemente cancer¨ªgenos para los seres humanos".

Zabaloy fue una de las fundadoras de la Red Federal de Docentes por la Vida. Esta organizaci¨®n tiene como objetivo la defensa de los derechos vulnerados de las comunidades educativas rurales. Propone que las escuelas accionen como motores de cambio, difundiendo la problem¨¢tica que afecta a la salud y el ambiente.

Moreno se acerc¨® a la persona que estaba aplicando el producto y le pidi¨® que detuviera la pulverizaci¨®n. Como el viento soplaba en direcci¨®n hacia la escuela, algunos hab¨ªan sentido molestias en las v¨ªas respiratorias y en los ojos

¡°Desde la red, hablamos sobre c¨®mo es posible producir de otra manera. De hecho, la Red Nacional de Municipios de Agroecolog¨ªa ya asesor¨® a productores y alcanz¨® las 100.000 hect¨¢reas en el pa¨ªs. Su filosof¨ªa tiene que ver con un modelo m¨¢s integral, que no desplace a la gente de sus tierras, que no provoque desmonte y genere valor agregado¡±, opina Daniela Dubois, referente de la Red Federal de Docentes por la Vida.

Dubois explica que la provincia de Buenos Aires tiene una legislaci¨®n que indica que no se puede aplicar agroqu¨ªmicos de forma a¨¦rea a menos de dos kil¨®metros de distancia de los centros urbanos. A su vez, los equipos de aplicaci¨®n terrestre no pueden circular por centros poblados salvo en casos de extrema necesidad.

¡°Son pocos los municipios que generan herramientas para que las ordenanzas se respeten, como poner un cartel en la escuela, generar una cortina forestal o capacitar a las instituciones. Recurrentemente se ven incumplimientos, pero gracias a las denuncias, se empiezan a ver tambi¨¦n cambios y ya hay personas juzgadas en proceso penal por poner en riesgo la salud de la comunidad¡±, advierte Dubois.

Leonardo Moreno es docente rural y participa de la organizaci¨®n Multisectorial contra el agronegocio La 41. Por la falta de informaci¨®n p¨²blica, la organizaci¨®n est¨¢ empezando a realizar un mapeo sobre las escuelas afectadas. La primera vez que Moreno se vio afectado fue en diciembre de 2011 mientras tomaba examen a sus alumnos. ?l vio por la ventana como en el campo lindante, a menos de 50 metros realizaban fumigaciones. En marzo del 2012, se repiti¨® el episodio. Moreno se acerc¨® a la persona que estaba aplicando el producto y le pidi¨® que detuviera la pulverizaci¨®n ya que estaba afectando a los estudiantes y docentes. Como el viento soplaba en direcci¨®n hacia la escuela, algunos hab¨ªan sentido molestias en las v¨ªas respiratorias y en los ojos.

¡°Los docentes tenemos una responsabilidad ante esta problem¨¢tica porque tenemos a cargo a los estudiantes y tenemos que protegerlos. Les ense?amos que no hay que contaminar y a ellos los est¨¢n contaminando ah¨ª mismo, en su lugar. Es muy incoherente¡±, opina Moreno

Mariana Pieroni, tambi¨¦n es docente rural y hace 19 a?os trabaja en una escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires. Ella forma parte de la agrupaci¨®n ConCiencia Agroecol¨®gica. ¡°Desde mi experiencia, he visto c¨®mo en estos ¨²ltimos 15 a?os mucha gente, especialmente los propietarios de chacras, se fueron del campo, y muchas explotaciones cambiaron de sistemas mixtos a netamente agr¨ªcolas. Los sistemas mixtos combinan la ganader¨ªa con la agricultura, y es lo que mantiene a la gente en el campo ya que el ganado necesita ser vigilado y cuidado diariamente¡±, comenta Pieroni.

Mientras Pieroni daba clases, el 19 de junio de 2018, cuando sinti¨® un olor que hizo imposible que continuara con su explicaci¨®n. ¡°Salimos y vimos que estaban fumigando. Llamamos a la Patrulla Rural, polic¨ªa que act¨²a en el campo, y detuvieron la pulverizaci¨®n. Pero el da?o ya estaba hecho. Tuvimos que retener a los alumnos en el comedor de la escuela durante una hora, hasta que se disip¨® el olor. Afortunadamente, salvo alguna irritaci¨®n de ojos, garganta y dolor de cabeza, no sufrieron consecuencias que motivara alguna consulta m¨¦dica¡±, relata.

En 2019, en 9 de Julio, se modific¨® la ordenanza que regula la aplicaci¨®n de agroqu¨ªmicos. Actualmente rige una prohibici¨®n de aplicar agroqu¨ªmicos con equipos terrestres hasta los 200 metros desde las escuelas y 2.000 metros para las aplicaciones a¨¦reas.

Johana Kunin, doctora en Antropolog¨ªa Social e investigadora Postdoctoral del CONICET realiz¨® un estudio sobre la exposici¨®n a pesticidas en el distrito en el que ense?a Pieroni y observ¨® que mucha gente teme hablar de lo que pasa porque su fuente de trabajo o la de su hermano, primo o vecino est¨¢ relacionada con el campo hegem¨®nico que fumiga. ¡°No creo que sea un tema del que no se tenga conciencia de los riesgos, sino de que se elige el mal menor: prefieren no perder sus puestos de trabajos (en un marco ya con mucho desempleo y trabajo informal y precario) que pensar en las eventuales consecuencias sanitarias de los pesticidas. Ellos saben que tosen y tienen erupciones en la piel cada vez que pasa el avi¨®n. Pero son comunidades chicas donde la gente tiene la sensaci¨®n de conocerse con todo el mundo e implicarse en acciones de militancia puede tener como consecuencia castigos sociales muy fuertes¡±, analiza.

Cercan¨ªa con el campo

Los alumnos son en su mayor¨ªa hijos de trabajadores rurales y como tales viven en cercan¨ªas a lotes fumigados. ¡°Sus padres o ellos mismos, no suelen poder elegir qu¨¦ tipo de tecnolog¨ªa o de pesticidas utilizar ni tienen mucho margen para negarse a utilizarlos en caso de no desearlo. Esto contrasta, por ejemplo, con los hijos de los due?os de los campos que en su gran mayor¨ªa viven en ciudades lejos de los campos¡±, agrega Guillermo Hough, referente de la organizaci¨®n ConCiencia Agroecol¨®gica.

Seg¨²n Hough, muchas veces denunciar es dif¨ªcil porque la mayor¨ªa de las escuelas est¨¢n vinculadas a las explotaciones agropecuarias que las rodean, de las cuales reciben presiones encubiertas para no cuestionar el modelo. Por ejemplo, reciben ayuda para el mantenimiento del edificio, o donaciones para la fiesta anual de la escuela.

Pablo Lapegna, soci¨®logo y autor del libro La Argentina transg¨¦nica, considera que la producci¨®n agraria juega un rol tan importante a nivel econ¨®mico en el pa¨ªs, que es dif¨ªcil generar regulaciones a nivel nacional que permitan proteger a los chicos que est¨¢n en las escuelas expuestas a los qu¨ªmicos. ¡°Es muy importante seguir empoderando a las comunidades. Los docentes que suelen difundir esta problem¨¢tica, suelen ser ninguneados, ridiculizados e incluso se los ataca. Argentina tiene pocas pol¨ªticas de Estado, pero la producci¨®n de soja transg¨¦nica se extendi¨® en la d¨¦cada del noventa y se mantiene hasta la actualidad. Por eso es tan dif¨ªcil ir contra este modelo, por m¨¢s que pueda estar afectando a la salud¡±, reflexiona.

Cuando Mariela Leiva siente el olor de los plaguicidas, la boca se le llena de llagas, le pica la piel o los ojos empiezan a llorarle. Ella tiene 48 a?os, es hija de productores rurales tradicionales, directora de una escuela entre la provincia de Entre R¨ªos y es referente de la organizaci¨®n Paren de Fumigar las Escuelas. En 2014, mientras pulverizaban cerca del colegio, ella llam¨® a la polic¨ªa. El oficial que se meti¨® en el campo para detener la aplicaci¨®n, termin¨® hospitalizado. ¡°Ah¨ª me empez¨® a llamar la atenci¨®n¡±, comenta Leiva. El 4 de diciembre de ese mismo a?o, escuch¨® el ruido de una avioneta mientras daba clase. Sali¨® y la vio a pocos metros de la escuela, fumigando con agroqu¨ªmicos.

¡°Ver a los chicos descompuestos, arriba de los bancos, fue realmente muy impactante para m¨ª. Desde entonces, no dej¨¦ de luchar para que el modelo deje de envenenarnos. Hicimos la denuncia y ese juicio sent¨® un precedente a nivel provincial. En 2017 sali¨® la sentencia y el productor, el presidente de la empresa de aviaci¨®n y el piloto fueron condenados a un a?o y seis meses de prisi¨®n por da?o ambiental y lesiones culposas leves¡±, cuenta Leiva. Los tres condenados, sin embargo, no cumplieron la pena por ser inferior a tres a?os y la primera de este tipo que recib¨ªan los acusados. ¡°De todas formas, con este fallo hemos probado que las escuelas rurales est¨¢n en lugares donde la salud de los ni?os y los docentes se encuentra vulnerada¡±, enfatiza Leiva.

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