En el pa¨ªs donde no se investiga

Bajo cualquier tipo de medici¨®n, las tasas de impunidad en M¨¦xico son escandalosas. Dejando de lado m¨¢rgenes o ajustes, est¨¢n alrededor del 95%. Quien comete un delito, tiene pocas probabilidades de ser detenido, menos de ser procesado y, a¨²n menos, de ir a prisi¨®n. Frente a tan extraordinario hecho, existen varias narrativas en competencia. Unas, propias de las m¨¢s altas jerarqu¨ªas gubernamentales, apuntan al pasado como causa generadora de todos los males presentes, desde luego los de seguridad. Otras, m¨¢s acotadas, asignan esos males a la reforma penal del 2008, a su car¨¢cter acusatorio y a la centralidad de los derechos humanos. Una m¨¢s, estima que lo determinante son las incapacidades operativas de polic¨ªas y ministerios p¨²blicos. Sin dejar de reconocer que en todo lo anterior hay puntos de verdad, me parece que hay un aspecto adicional, ciertamente evidente, pero no visualizado y menos enfrentado.

La Constituci¨®n mexicana dispone, en su art¨ªculo 21, que la investigaci¨®n de los delitos corresponde a los agentes del Ministerio P¨²blico y a las polic¨ªas. Durante muchos a?os, estas ¨²ltimas tuvieron una configuraci¨®n espec¨ªfica en los cuerpos equivocadamente llamados judiciales. Ante la noticia de un delito, los ministerios p¨²blicos (federal o locales) ordenaban a los polic¨ªas la pr¨¢ctica de las actuaciones necesarias para integrar las averiguaciones previas que, en su caso, habr¨ªan de consignarse al juez penal competente. Los abusos de ese cuerpo polic¨ªaco llevaron a buscar soluciones diversas, pero en mucho y m¨¢s all¨¢ de denominaciones, configuradas bajo el mismo molde. En la actualidad, el Ministerio P¨²blico sigue dirigiendo las investigaciones de los polic¨ªas adscritos, con la diferencia de que una parte de los actuares de unos y otros tienen que estar autorizados por un juez de control. El dise?o acabado de describir tiene mucho que ver con los niveles de impunidad alcanzados.

M¨¢s informaci¨®n

M¨¢s del autor

Los derechos humanos vistos desde fuera

Envenenando el pozo

Litigios, ?para qu¨¦?

La diferenciaci¨®n entre polic¨ªas de investigaci¨®n y ordinarios hace que solo los primeros se aboquen a la identificaci¨®n y colaboraci¨®n en los procedimientos penales. Actualmente, por ejemplo, los miembros de la Guardia Nacional act¨²an como fuerza de choque, en mucho contra migrantes, sin tener funciones ni corresponsabilidades en la investigaci¨®n criminal. Ello provoca que solo los agentes adscritos a las fiscal¨ªas, m¨¢s all¨¢ de su n¨²mero y sus capacidades, se encuentren en posibilidad de coadyuvar con el ministerio p¨²blico en sus tareas. Esta relaci¨®n excluyente provoca, adicionalmente, que los polic¨ªas efect¨²en sus investigaciones solo a partir de lo que el agente ministerial disponga conforme a los aconteceres de la carpeta de investigaci¨®n. Finalmente, queda la duda acerca de qui¨¦n investiga ah¨ª en donde no se haya presentado una denuncia o querella, ello en el marco de la enorme cifra negra del delito, igualmente prevaleciente.

La situaci¨®n se?alada conduce a plantear una pregunta radical: ?qui¨¦n investiga los delitos en M¨¦xico y bajo qu¨¦ m¨¦todos? La respuesta es que lo hacen unos pocos elementos adscritos a los agentes del Ministerio P¨²blico, siempre conforme a las directrices que estos les vayan dando. Esta soluci¨®n hace necesario, a su vez, preguntarse por su eficacia y, como antes plante¨¦, a su relaci¨®n con la desbocada impunidad. Con independencia de la posibilidad de asignar mayor presupuesto, personal y capacitaci¨®n a las polic¨ªas de investigaci¨®n, debemos cuestionar el modelo mismo. ?Es adecuado que la investigaci¨®n delictiva dependa de los fiscales, o debiera realizarse por un cuerpo aut¨®nomo que les proporcione informaci¨®n y los elementos para construir sus carpetas de investigaci¨®n y sus teor¨ªas del caso?

Las ¨²ltimas decisiones ejecutivas y legislativas han acrecentado el modelo actual. Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional empujan a la contenci¨®n armada y al control territorial. Las polic¨ªas ministeriales est¨¢n acotadas funcionalmente por lo que les manda el Ministerio P¨²blico y les imponen las carpetas de investigaci¨®n. Ante este panorama de restricciones, sigue en el aire la pregunta inicial: ?qui¨¦n investiga los delitos en M¨¦xico?