La cara tr¨¢gica del desarrollo

Tanto en mi experiencia en barrios marginales de grandes ciudades colombianas como en las ¨¢reas rurales violentadas por grandes proyectos extractivos, he visto la relaci¨®n entre cambio clim¨¢tico, migraciones, desplazamiento forzado, empobrecimiento, hambre y muerte. Una relaci¨®n que frecuentemente pasa desapercibida o es ocultada de forma interesada por los medios de comunicaci¨®n.

Del cambio clim¨¢tico y del "sufrimiento indecible" que se avecina ¡ªcomo advirtieron en su carta 11.000 cient¨ªficos con ocasi¨®n de la COP25 en Madrid¡ª, cada vez sabemos m¨¢s y no caben dudas de que es consecuencia de la acci¨®n humana. La causa de fondo de esta realidad es una concepci¨®n de progreso y desarrollo centrada en el consumo y la acumulaci¨®n desaforada de ganancias. Para alcanzar estas metas sacrifican selvas y r¨ªos, envenenan el aire y el agua, acaban con los medios de subsistencia de millones de personas, desplazan a peque?os productores agr¨ªcolas (que son quienes producen la mayor parte de los alimentos con el menor uso de agroqu¨ªmicos y agrot¨®xicos), aumentan el desempleo y empujan a millones de personas a emigrar y engrosar los cinturones de miseria de las ciudades. Esta es la l¨®gica que genera el calentamiento global, acrecienta las zonas des¨¦rticas y extiende y agudiza el hambre y la muerte por causas evitables.

Al mismo tiempo, los medios de informaci¨®n y las redes sociales se?alan el norte como el mundo civilizado en el que hay que estar para ser alguien y consumir a los niveles que exige una buena calidad de vida. Ir al norte es convertido en la raz¨®n de vida y en el horizonte que lleva a millones de personas a iniciar dolorosos e inciertos viajes a pie, en autobuses, en pateras y en aviones en busca del cielo prometido del progreso.

La operaci¨®n septiembre negro y el agrocombustible de palma

Al finalizar el pasado milenio, la Uni¨®n Europea asumi¨® la pol¨ªtica de reducci¨®n de la contaminaci¨®n y las emisiones de CO2. Esto hizo de la producci¨®n de agrocombustible con aceite de palma un gran negocio en pa¨ªses como Colombia, Malasia, Indonesia y Honduras, entre otros, con elevados costos ambientales y sociales.

Nuestro trabajo de acompa?amiento a las comunidades nos llev¨® al Choc¨® bioestrat¨¦gico, una de las zonas m¨¢s afectadas en Colombia y una de las regiones con mayor pluviosidad y biodiversidad del mundo. All¨ª se proyect¨® la siembra de m¨¢s 50.000 hect¨¢reas de palma aceitera para la producci¨®n de agrocombustible, mediante la alianza de empresarios, paramilitares, militares y funcionarios del estado. Unos aportaron dinero p¨²blico, otros el apoyo pol¨ªtico y legal, otros judicializaron o deslegitimaron a los l¨ªderes de las comunidades y sus acompa?antes y, mientras, otros amenazaron y asesinaron. Todo muy bien sincronizado.

Para despojar del territorio a sus leg¨ªtimos due?os y con el pretexto de perseguir a la guerrilla, se realiz¨® la operaci¨®n militar Septiembre negro por parte de la brigada XVII del ej¨¦rcito colombiano y con el apoyo de grupos paramilitares. Bombardeos, confinamientos, amenazas, asesinatos y desapariciones generaron, en 1997, el desplazamiento forzoso de m¨¢s de 2.500 afrocolombianos de las cuencas de los r¨ªos Curvarado y Jiguamiand¨®, que se sumaron a otros 1.500 de cuencas vecinas en un improvisado campamento para refugiados en Pavarand¨®.

A finales de 1998, agobiados por el hacinamiento, las enfermedades, la mala alimentaci¨®n y el desespero, negociaron con el gobierno de Colombia el retorno a sus comunidades en p¨¦simas condiciones humanas y de protecci¨®n. Dos a?os despu¨¦s empez¨® una nueva operaci¨®n y, con los mismos m¨¦todos, desplazaron a las comunidades y arrasaron sus cultivos, casas, escuelas y casetas comunales. Destruyeron la biodiversidad del lugar ¡ªel 93% seg¨²n la Corte Constitucional de Colombia¡ª, su historia y su memoria, modificaron r¨ªos, secaron lagunas y extendieron el monocultivo de la palma de aceite. La gente huy¨® a pueblos, ciudades y comunidades vecinas donde sufri¨® hambre, humillaciones, marginaci¨®n, miedo, tristeza, rabia, desarraigo y dolor¡­ Para este proyecto palmero asesinaron y desaparecieron a m¨¢s de 150 personas y desplazaron las comunidades en m¨¢s de una decena de ocasiones.

La resistencia y las alternativas?

En 2003, para defender sus derechos a la vida y al territorio, las comunidades constituyeron las conocidas como zonas humanitarias: espacios exclusivos para la poblaci¨®n civil en la que estaban prohibidos los actores armados. Fueron creadas en la comunidad cercana del r¨ªo Cacarica y, con el apoyo de la Comisi¨®n de Justicia y Paz y de otras organizaciones nacionales e internacionales como Manos Unidas, empezaron un proceso organizativo, de resistencia y de denuncia con el que frenaron la expansi¨®n del cultivo de palma. A partir de 2006 empezaron a retornar al territorio, tumbaron la palma, sembraron productos agr¨ªcolas para el consumo de las comunidades y, aunque siguen sin cumplirse plenamente, obtuvieron fallos favorables en la m¨¢s alta corte del pa¨ªs. Todo esto sin el uso de la violencia.

Ir al norte es convertido en la raz¨®n de vida y en el horizonte que lleva a millones de personas a iniciar dolorosos e inciertos viajes en busca del cielo prometido del progreso

Hoy, en 2020, hay m¨¢s de 15 comunidades con sus escuelas y colegios donde antes solo hab¨ªa palma aceitera y ganader¨ªa extensiva. En ocho zonas y m¨¢s de 50 ¨¢reas de biodiversidad (fincas para la protecci¨®n o recuperaci¨®n de la biodiversidad y de las aguas), cientos de familias contin¨²an resistiendo y necesitan apoyo para hacer cumplir las sentencias a su favor y hacer frente al control armado de aquellos viejos actores con caras nuevas y la misma complicidad oficial.

La violencia, el despojo de tierras, los da?os ambientales, los cinturones de miseria en las grandes ciudades, el empobrecimiento de millones de personas, el hambre que se extiende y el calentamiento global son consecuencias de una concepci¨®n de progreso y desarrollo que dirige el mundo tumbando bosques, con al ganader¨ªa extensiva o extractivismo minero y usando los medios de informaci¨®n para desviar la mirada y deslegitimar las luchas en defensa del territorio.

Hay un diagnostico suficiente del problema y de las soluciones. Unas dependen de ti y de m¨ª y podemos hacer algo ya ¡ªen nuestra forma de consumir, vestir, pensar y actuar, de recrearnos y alimentarnos¡ª, otras son de car¨¢cter pol¨ªtico y econ¨®mico y dependen de los gobiernos y la comunidad internacional y debemos aumentar nuestra exigencia para que act¨²en responsablemente de acuerdo a la magnitud del problema que se avecina.

Alberto Franco. Comisi¨®n de Justicia y Paz, socio local de Manos Unidas en Colombia.

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