Innovaci¨®n, pa¨ªses pobres y covid-19: m¨¢s all¨¢ de las patentes

Veinte a?os despu¨¦s de que pa¨ªses ricos y pobres batallasen en la Organizaci¨®n Mundial del Comercio (Doha, 2001) a cuenta de las patentes de antirretrovirales contra el VIH-Sida, a veces da la sensaci¨®n de que nos hemos detenido en el tiempo. En plena pandemia, mientras el coronavirus arrasa la salud y las haciendas del planeta entero, la opacidad de los contratos de aprovisionamiento y los obst¨¢culos legales para luchar contra la covid-19 han vuelto a poner en el disparadero un modelo de I+D+i biom¨¦dico defectuosamente sujeto al inter¨¦s p¨²blico.

Lamentablemente, la propuesta de congelar las patentes de productos contra la covid-19 no ser¨¢ suficiente para sacarnos del agujero. Necesitamos alternativas y la reforma del sistema de compras p¨²blicas puede ser una de las m¨¢s eficaces.

Les resumo el problema. De acuerdo con los datos m¨¢s fiables ¨Cque ya tienen unos meses y se quedan, sin duda, cortos¨C, los Estados del planeta se han gastado a lo largo de esta crisis la friolera de 9.180 millones de d¨®lares (m¨¢s de 7.600 millones de euros) en partidas relacionadas con la investigaci¨®n b¨¢sica y el desarrollo de diagn¨®sticos, terapias y vacunas contra el SARS-Cov2. Esto sin contar los fondos p¨²blicos invertidos en d¨¦cadas de investigaci¨®n b¨¢sica sobre la biolog¨ªa del mRNA y su posible aplicaci¨®n en inmunolog¨ªa, o los miles de millones gastados en compras adelantadas de vacunas o en la expansi¨®n de la producci¨®n industrial.

Dicho de otro modo, las consecuciones hist¨®ricas del sector privado en esta crisis, que nadie pone en duda, han sido posibles gracias a las inversiones realizadas por contribuyentes como usted y yo. Y la cuesti¨®n es si podemos exigir a cambio algo m¨¢s que un buen producto.

Si le preguntan a las compa?¨ªas, la respuesta es evasiva. A pesar de las circunstancias excepcionales, la mayor¨ªa de ellas se ha comportado en esta crisis como lo ha hecho siempre: haciendo caja e imponiendo a los contratos internacionales una opacidad norcoreana. Y lo han hecho gracias a un poder de negociaci¨®n concedido por los mismos gobiernos que luego han tenido que padecerlo. Como han demostrado los rifirrafes entre la Comisi¨®n Europea y la empresa Astra-Zeneca, ni siquiera la todopoderosa UE ha podido imponer sus condiciones o ha accedido a mostrar todos los detalles de los contratos firmados bajo cl¨¢usulas de confidencialidad.

Por supuesto, la cesi¨®n de derechos de propiedad intelectual que permitir¨ªa a otros tratar de incrementar la oferta de productos b¨¢sicos est¨¢ fuera de cuesti¨®n: ni ellas los van a ceder, ni los pa¨ªses ricos se lo van a reclamar.

Y aqu¨ª se ha centrado buena parte de la pol¨¦mica. La primera pregunta clave es si los derechos de propiedad intelectual suponen un obst¨¢culo tan importante en el caso de covid-19. Al fin y al cabo, el cuello de botella en la producci¨®n deriva de la escasez de tecnolog¨ªas e insumos, que no desaparecer¨ªa con las patentes. Por otro lado, los propios acuerdos de la OMC incorporan v¨ªas de escape como las licencias obligatorias, que permiten a un Estado congelar la exclusividad de los derechos de producci¨®n por razones de inter¨¦s p¨²blico. Y eso si cualquier tipo de flexibilidad en el acuerdo general no est¨¢ anulada por un acuerdo bilateral de comercio que imponga condiciones m¨¢s estrictas. Ser¨ªa m¨¢s seguro ¨Cargumentan los defensores del statu quo¨C garantizar el ¨¦xito de Covax y expandir acuerdos voluntarios entre los propios fabricantes, como el que se ha producido entre la anglo-sueca Astra-Zeneca y la india Serum Institute.

Frente a estas razones, un buen n¨²mero de expertos, activistas y pol¨ªticos ?¨Cagrupados alrededor de campa?as como La vacuna del pueblo (People¡¯s vaccine)¨C consideran que las normas de la OMC siguen siendo parte importante del problema. En octubre del pasado a?o, los gobiernos de India y Sud¨¢frica hicieron una petici¨®n formal ante la OMC para que se congelen, de manera temporal, las patentes, los secretos comerciales y otras formas de propiedad intelectual que afectan a los tratamientos, vacunas y tecnolog¨ªas contra la covid-19. El prop¨®sito es facilitar en la medida de lo posible el inter¨¦s p¨²blico y la producci¨®n masiva a trav¨¦s de la participaci¨®n de empresas de gen¨¦ricos. Como ocurri¨® hace dos d¨¦cadas, esta propuesta ha sido mayoritariamente apoyada por los pa¨ªses africanos, del sur de Asia, Caribe y las islas del Pac¨ªfico, con algunos gobiernos sudamericanos destacados como Bolivia, Venezuela y Argentina. Enfrente tienen al bloque de los pa¨ªses m¨¢s ricos, con algunos aliados del mundo en desarrollo como Brasil y Ecuador.

Ojal¨¢ me equivoque, pero creo que esta v¨ªa tiene un recorrido corto, que ya hemos transitado. A pesar de su reciente experiencia ¨Cy del apoyo de un grupo minoritario de europarlamentarios¨C la UE y otros pa¨ªses ricos seguir¨¢n bloqueando en la OMC cualquier propuesta que debilite el modelo establecido de propiedad industrial. Hay mucho en juego m¨¢s all¨¢ del coronavirus y este asunto abrir¨ªa para el sector farmac¨¦utico un peligroso precedente.

Es mucho m¨¢s probable que se siga la v¨ªa intermedia propuesta por la nueva directora general de la OMC, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, dirigida a replicar el modelo de Serum con otros fabricantes y vacunas. Un ejemplo es el inminente acuerdo para expandir a trav¨¦s de India la producci¨®n de las vacunas de Novavax y Johnson & Johnson, desarrolladas en los Estados Unidos.

Enti¨¦ndanme bien: el sistema de patentes de la OMC debe ser reformado para equilibrar de manera m¨¢s justa y eficiente los derechos e intereses de inversores, inventores y pacientes. Pero, mientras eso llega, conviene seguir explorando otras soluciones que complementen y aceleren la reforma de los acuerdos de propiedad intelectual.

Piensen, por ejemplo, en el potencial del sistema de compras p¨²blicas. Las inversiones y los mecanismos de aprovisionamiento p¨²blico son utilizados por el Estado en diferentes sectores de la econom¨ªa para establecer unas determinadas garant¨ªas para el inter¨¦s general. Estas tienen que ver siempre con el precio y la calidad de los productos y servicios, pero a menudo van m¨¢s all¨¢ para incorporar condiciones medioambientales, laborales, sobre derechos humanos o de otro tipo.

Parece por tanto razonable que esta misma l¨®gica se extienda a un sector tan sensible para el inter¨¦s p¨²blico como el biom¨¦dico. Como ha demostrado esta crisis, el ascendiente del Estado puede ser considerable:

• Las compa?¨ªas reciben cantidades multimillonarias de los fondos p¨²blicos para la investigaci¨®n y desarrollo de sus productos.
• Los ensayos cl¨ªnicos de las farmac¨¦uticas hacen uso muy a menudo de las infraestructuras y recursos de todos.
• Las agencias reguladoras eval¨²an y aprueban la seguridad y eficacia de los productos farmac¨¦uticos antes de que estos entren en los mercados nacionales.
• Los representantes de las compa?¨ªas privadas interact¨²an con los profesionales de salud y de la gesti¨®n sanitaria para proporcionar informaci¨®n y promover comercialmente sus productos.
• Las compa?¨ªas farmac¨¦uticas participan en concursos p¨²blicos y en otros mecanismos de aprovisionamiento de los sistemas de salud.

Estas v¨ªas conforman una relaci¨®n de inter¨¦s mutuo que el Estado podr¨ªa aprovechar en su beneficio. Si un sistema de proveedor preferente como el que hemos propuesto desde el Instituto de Salud Global de Barcelona fuese aplicado en el sector biom¨¦dico, y en el ¨¢mbito de la UE, las compa?¨ªas que quisiesen realizar negocios con el sector p¨²blico tendr¨ªan que competir sobre la base de unos criterios evaluables basados en el inter¨¦s general: precios asequibles, una cartera de investigaciones que vaya m¨¢s all¨¢ de las que dan dinero o facilidades para el acceso de los pa¨ªses pobres a los tratamientos, por mencionar solo algunos. Las pr¨¢cticas de aprovisionamiento responsable ya est¨¢n presentes en muchos sistemas p¨²blicos, contamos con recomendaciones espec¨ªficas en el marco de la Agenda 2030 y el Global Compact, y existen mecanismos de certificaci¨®n como las evaluaciones de B Corps. M¨¢s a¨²n, esta v¨ªa no exigir¨ªa sistemas muy complicados de gobernanza o abrir el debate espinoso de las reformas legislativas.

Palo y zanahoria. Inteligencia colectiva y oportunismo t¨¢ctico en tiempo de coronavirus. Innovaci¨®n de pol¨ªticas, transparencia y criterios estrictos de inter¨¦s p¨²blico. Todos estos factores van a desempe?ar un papel en la reforma de un modelo de I+D+i biom¨¦dico que ha vuelto a mostrar sus costuras.