Reproducci¨®n asistida p¨²blica en Espa?a: ?tarde, mal o nunca?

Quien hoy en d¨ªa desee acceder a la reproducci¨®n asistida en la sanidad p¨²blica puede hacerlo. Al menos, en teor¨ªa: solo se necesita pedir cita en atenci¨®n primaria, solicitar la derivaci¨®n a una unidad especializada y, con suerte, esperar un tiempo. En la pr¨¢ctica, no resulta tan sencillo por culpa de las largas listas de espera o los m¨²ltiples obst¨¢culos que las comunidades aut¨®nomas introducen, incumpliendo los requisitos m¨ªnimos a nivel estatal. Adem¨¢s, durante una d¨¦cada, tampoco ha sido posible acceder a la reproducci¨®n asistida p¨²blica en igualdad de condiciones.

En 2014, las mujeres solteras y lesbianas fueron excluidas de la sanidad p¨²blica. Aun as¨ª, muchas autonom¨ªas decidieron financiar por su cuenta estos servicios, aunque no todas lo hicieron. La Comunidad Foral de Navarra, por ejemplo, no permit¨ªa a las mujeres sin pareja acceder a la fecundaci¨®n in vitro en el sistema p¨²blico. Ese fue el caso de Izaskun, una activista que denuncia la discriminaci¨®n vivida. Por el camino, se ha dejado un gran coste personal y otro econ¨®mico, de aproximadamente 20.000 euros. Todo para pagar por lo privado lo que no pod¨ªa utilizar en la sanidad p¨²blica. Y todo por culpa de un peque?o gran detalle: su estado civil.

Desde noviembre de 2021, las mujeres solteras, las mujeres lesbianas ¡ªy, por vez primera, tambi¨¦n las personas trans¡ª pueden utilizar las t¨¦cnicas de reproducci¨®n asistida que ofrece el sistema p¨²blico, como la inseminaci¨®n artificial y la fecundaci¨®n in vitro. Pero la recuperaci¨®n de este derecho se produce con mucho retraso. Aunque la medida fue anunciada en 2018, su entrada en vigor ¡ªes decir, su publicaci¨®n en el BOE¡ª ha tenido que esperar tres largos a?os.

Para Izaskun, esta decisi¨®n llega muy tarde, aunque aplaude que otras personas en su misma situaci¨®n puedan por fin acceder sin ser discriminadas por su orientaci¨®n sexual o por su estado civil. Sin embargo, que las cosas hayan mejorado no significa que estemos en una situaci¨®n ¨®ptima ni deseable. A las que nunca pudieron acceder, como Izaskun, se suman quienes no entran por lo p¨²blico o acceden mucho m¨¢s tarde de lo previsto por culpa de las listas de espera.

En 2019, seg¨²n public¨® EL PA?S, los seis hospitales p¨²blicos madrile?os que realizaban estas t¨¦cnicas ten¨ªan listas de espera que oscilaban entre los dos y los cuatro a?os. Es un tiempo nada desde?able porque se juntan dos cuestiones muy importantes. Por un lado, el retraso en la edad de maternidad (en Espa?a, las mujeres tienen el primer hijo con 32 a?os de media). Y, por otro lado, el l¨ªmite legal para acceder en lo p¨²blico, que se sit¨²a, en el caso de las mujeres, en 40 a?os.

?Qu¨¦ problemas tiene la reproducci¨®n asistida en la sanidad p¨²blica? Uno, la falta de recursos para atender la demanda, seg¨²n denuncian los especialistas consultados por Civio. Y ello pese a que Espa?a, junto a Grecia, sea el pa¨ªs en el que m¨¢s beb¨¦s nacen gracias a los procedimientos de reproducci¨®n asistida. En 2019, seg¨²n datos de la Sociedad Espa?ola de Fertilidad, el 9,5% de los nacidos lo hicieron gracias a estas t¨¦cnicas. Muchos, por cierto, fruto de la sanidad privada, donde Espa?a es l¨ªder europeo y un popular destino del llamado turismo reproductivo.

El guirigay auton¨®mico: las barreras seg¨²n el territorio

Otro problema de la reproducci¨®n asistida en lo p¨²blico es el guirigay auton¨®mico. Muchas comunidades incumplen los requisitos m¨ªnimos que establece la cartera b¨¢sica del sistema nacional de salud. Por ejemplo, la regla general dice que las mujeres no pueden acceder si ya han cumplido 40 a?os en el momento del comienzo del estudio (38 en el caso de inseminaci¨®n con semen de la propia pareja). A priori, la norma es clara o, al menos, lo parece. Pues bien: en Madrid y Pa¨ªs Vasco se interrumpe el tratamiento entre ciclo y ciclo si la paciente cumple 40, algo que tambi¨¦n ha ocurrido en Galicia, seg¨²n el Defensor del Pueblo auton¨®mico.

No es la ¨²nica interpretaci¨®n que var¨ªa entre comunidades. La regla general se?ala que se deben ofrecer tres intentos de fecundaci¨®n in vitro, seis si hablamos de inseminaci¨®n artificial con semen de donante y cuatro, en el caso de que el esperma proceda de la pareja. De nuevo, la norma parece clara. Pues tampoco: varias regiones racanean con la cifra.

Catalu?a solo permite dos intentos de fecundaci¨®n in vitro si el esperma es donado, seg¨²n su protocolo auton¨®mico, aunque deber¨ªan ser tres. Baleares ¨²nicamente ofrece cuatro en inseminaci¨®n artificial con semen de donante, a pesar de que tendr¨ªan que ser seis. Pa¨ªs Vasco se lleva la palma: cuenta el n¨²mero de ciclos a los que se haya sometido la paciente¡­ Aunque se lo haya costeado de su bolsillo pag¨¢ndolo por lo privado.

Estos son solo algunos ejemplos, pero no los ¨²nicos, que demuestran la disparidad auton¨®mica. En la pr¨¢ctica, esta diversidad a la hora de interpretar la regla general hace que muchas mujeres se vean expulsadas de lo p¨²blico. Y, quienes s¨ª consiguen hacerlo, tambi¨¦n se ven abocadas a utilizar estas t¨¦cnicas en malas condiciones. Algunas, por tener que esperar demasiado tiempo; otras, por estar obligadas a recorrer cientos de kil¨®metros para utilizar los servicios p¨²blicos.

Y es que, por ejemplo, en 15 provincias de toda Espa?a no existen centros de titularidad p¨²blica que oferten la fecundaci¨®n in vitro: ese es el caso de todas las provincias de Castilla y Le¨®n, salvo Valladolid, y de C¨¢ceres, Cuenca o Tarragona. En definitiva, aunque estemos mucho mejor que otros pa¨ªses europeos, el acceso p¨²blico a la reproducci¨®n asistida en Espa?a se resume en pocas palabras: tarde, mal o nunca.