El Supremo corrige a la Audiencia Nacional: la transparencia no se limita a la informaci¨®n posterior a 2014

El Tribunal Supremo ha zanjado la cuesti¨®n sobre si la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, en diciembre de 2014, se?ala tambi¨¦n el marco temporal sobre el que los ciudadanos pueden pedir informaci¨®n a la Administraci¨®n. Su conclusi¨®n es clara: los poderes p¨²blicos est¨¢n obligados a entregar la informaci¨®n que obre en su poder y que fue creada antes de esa fecha. Es decir, no hay l¨ªmite temporal a la hora de exigir rendici¨®n de cuentas a las administraciones. Con el fallo, dado a conocer este martes por la organizaci¨®n Civio, el Supremo corrige a la Audiencia Nacional, que en 2017 hab¨ªa determinado lo contrario.

Civio pidi¨® en 2015 conocer el listado de pasajeros que acompa?an a los altos cargos en aviones oficiales y poder responder a preguntas como si les acompa?an empresarios, y qui¨¦nes son, o si llevan con ellos a sus familiares. Desde 1976 o el primer a?o con datos disponibles. El Ej¨¦rcito del Aire se neg¨® a facilitar la informaci¨®n ampar¨¢ndose en la Ley de Secretos Oficiales y la protecci¨®n de datos personales, pero el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) dio la raz¨®n a esta organizaci¨®n en 2016. Determin¨® que el transporte de autoridades ¡°se realiza con cargo a fondos p¨²blicos y haciendo uso de material p¨²blico¡± y que por lo tanto la ciudadan¨ªa ten¨ªa derecho a conocer los nombres.

El Ministerio de Defensa recurri¨® en primera instancia, perdi¨®, y posteriormente volvi¨® a recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Fue este tribunal el que oblig¨® en 2017 a hacer p¨²blicos los nombres, pero con una excepci¨®n: solo los de los vuelos posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. Tras este fallo EL PA?S solicit¨® la misma informaci¨®n que hab¨ªa pedido Civio dos a?os antes y obtuvo un listado incompleto y con datos ¨²nicamente a partir de diciembre de 2014. Los viajes del presidente Mariano Rajoy, por ejemplo, no se facilitaron. En otros casos este diario comprob¨® que hab¨ªan viajado personas que no aparecen en el listado.

Segunda sentencia contra la Administraci¨®n

Es la segunda vez que el Tribunal Supremo da la raz¨®n a una resoluci¨®n del CTBG. La primera fue con los gastos de Eurovisi¨®n. Esperanza Zambrano, subdirectora de Reclamaciones de este organismo p¨²blico que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, asegura que han recibido el fallo con ¡°extraordinaria satisfacci¨®n¡±. A?ade que muestra ¡°la importancia que tiene el derecho de acceso a la informaci¨®n p¨²blica como control de la actuaci¨®n de las administraciones¡±.

¡°Esta sentencia es una victoria para la transparencia en Espa?a¡±, asegura Miguel ?ngel Gavilanes, experto en derecho de acceso de Civio, que califica de ¡°anomal¨ªa¡± la situaci¨®n generada por la sentencia de 2017. ¡°Tras a?os de lucha, el Tribunal Supremo ha dejado claro que todos tenemos derecho a acceder a informaci¨®n p¨²blica, sea cual sea su fecha de creaci¨®n. La interpretaci¨®n contraria, la que defend¨ªa la Audiencia Nacional, supon¨ªa opacar d¨¦cadas de informaci¨®n en democracia, lo que era una barbaridad¡±, a?ade. ¡°Esta victoria nos beneficia a todos¡±, asegura Gavilanes, que menciona tanto a los periodistas como a la sociedad civil como beneficiarios de la rendici¨®n de cuentas y la vigilancia de los poderes p¨²blicos. Y recuerda: ¡°Algunos cambios solo se consiguen en los tribunales¡±.

Litigiosidad de la transparencia

Pese a que el Consejo es el organismo p¨²blico especializado en transparencia, ministerios y organismos oficiales litigan habitualmente en los tribunales contra las resoluciones en las que les obliga a dar informaci¨®n. La mitad de las resoluciones no se cumplen, seg¨²n calcul¨® este diario en noviembre pasado, bien porque los organismos de la Administraci¨®n las recurren, como ha ocurrido con el listado de las inmatriculaciones de la Iglesia, bien porque simplemente las ignoran. El Consejo no tiene poder sancionador, pero dedica recursos y presupuesto a defender sus argumentos ante la justicia. Los ministerios y las empresas p¨²blicas han recurrido en los tribunales m¨¢s de 120 resoluciones en cinco a?os.

La sentencia del Supremo, asegura Zambrano, es importante tambi¨¦n porque las administraciones empezaban a utilizar el fallo de la Audiencia como fundamento para denegar datos. Y recuerda que el objetivo de la transparencia es controlar a los poderes p¨²blicos, tambi¨¦n con car¨¢cter retroactivo. Un ejemplo de ello se produjo el mes pasado, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a desestim¨® el recurso presentado por un grupo de afectados contra la resoluci¨®n del ¨®rgano de transparencia catal¨¢n, la GAIP. Este daba la raz¨®n a un periodista que pidi¨® conocer la identidad y retribuciones de los trabajadores fuera de convenio de las empresas p¨²blicas de transporte desde 2007. Los afectados alegaban, entre otras cosas, que la informaci¨®n solicitada era anterior a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia.

El Consejo ha venido defendiendo que si solo se puede pedir informaci¨®n generada o creada a partir de 2014 se estar¨ªa imponiendo un l¨ªmite adicional al derecho de acceso. ¡°No es posible poner m¨¢s l¨ªmites que los establecidos en la ley, que adem¨¢s deben interpretarse de manera restrictiva¡±, dice Zambrano. ¡°Esperemos que esta sentencia marque un punto de inflexi¨®n en cuanto al cumplimiento de las resoluciones del Consejo. No nos oponemos a que nuestras resoluciones sean objeto de recurso, por supuesto todo puede ser discutible, pero entendemos que la discusi¨®n debe centrarse en aspectos clave de la ley pero no en aquellos que ya deber¨ªan estar superados¡±, a?ade.