Primeras condenas por saltarse el confinamiento del estado de alarma

Las sanciones impuestas a ciudadanos por incumplir el confinamiento ya empiezan a derivar en condenas judiciales. El Juzgado de Instrucci¨®n 2 de Santa Cruz de Tenerife vio este mi¨¦rcoles en juicios r¨¢pidos dos de los primeros casos, el de dos personas que se saltaron la cuarentena sin poder alegar una de las excepciones que recoge el decreto de alarma para permitir la circulaci¨®n por la v¨ªa p¨²blica. Los dos acusados admitieron los hechos y el juez de guardia les impuso a cada uno una pena de multa, que se sumar¨¢ a la sanci¨®n derivada del expediente administrativo abierto por la Polic¨ªa Nacional en aplicaci¨®n de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza. Este mi¨¦rcoles, Polic¨ªa Nacional y Guardia Civil detuvieron a 60 personas por hechos relacionados con infracciones a los preceptos del estado de alarma.

El primer condenado, seg¨²n ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, es una persona detenida el martes por la polic¨ªa cuando deambulaba ¡°sin rumbo aparente¡± y no dio explicaciones sobre si se saltaba el confinamiento para cumplir con algunos de los supuestos previstos legalmente. Adem¨¢s de no explicar por qu¨¦ estaba en la calle, se neg¨® a identificarse y se enzarz¨® en una discusi¨®n con los agentes, a los que acab¨® agrediendo.

El detenido admiti¨® los hechos ante el juez y acept¨® una condena a cuatro meses de multa con una cuota de tres euros d¨ªa como autor de un delito de desobediencia y resistencia a la autoridad ¡ªun total de 360 euros¡ª, y a 20 d¨ªas de multa con una cuota diaria de 3 euros (un total de 120 euros) por cada uno de los dos delitos de lesiones leves consumados al agredir a los agentes. En total, 480 euros. Adem¨¢s, deber¨¢ indemnizar a los dos polic¨ªas por un importe total que establecer¨¢ el juez en el tr¨¢mite de ejecuci¨®n de sentencia. Estas condenas son independientes de la sanci¨®n administrativa que se le impondr¨¢ cuando se tramite la denuncia expedida por la polic¨ªa.

La segunda condena la impuso este mi¨¦rcoles el juez canario por un caso que se produjo ese mismo d¨ªa, cuando una persona se neg¨® a identificarse y se resisti¨® ante los agentes, aunque no lleg¨® a agredirles. Fue puesto sobre la marcha a disposici¨®n judicial y admiti¨® los hechos y la condena, atenuada ante su conformidad: cuatro meses de multa con una cuota de tres euros d¨ªa como autor de un delito de desobediencia y resistencia a la autoridad ¨Cun total de 360 euros-. Al igual que en el otro caso, esta condena es independiente de la sanci¨®n en el procedimiento administrativo.

La orden dictada por el Ministerio del Interior el pasado domingo para fijar los criterios de actuaci¨®n de las fuerzas de s eguridad del Estado ante posibles infracciones ya cita expresamente la ley mordaza y el C¨®digo Penal como base del r¨¦gimen sancionador, aunque recalca que los agentes aplicar¨¢n las normas con ¡°proporcionalidad¡±. La ley mordaza sanciona con multas de 100 a 600 euros las infracciones de car¨¢cter leve, como son la retirada de ¡°vallas, encintados u otros elementos fijos o m¨®viles colocados por las fuerzas y cuerpos de seguridad para delimitar per¨ªmetros de seguridad¡±. No obstante, las multas pueden ascender hasta los 30.000 euros si hubiera desobediencia o resistencia a los agentes, ¡°as¨ª como la negativa a identificarse a requerimiento¡± de estos o se facilitaran ¡°datos falsos o inexactos¡±.

Las sanciones m¨¢s graves vendr¨ªan, sin embargo, del C¨®digo Penal y, en concreto, de los art¨ªculos que van del 550 al 556, citados expresamente por Interior en su orden de actuaci¨®n. Estos son los que se han aplicado en el caso de los condenados por el juzgado canario. El art¨ªculo 556 recoge incluso penas de c¨¢rcel, de entre tres meses y un a?o, a aquellos que se resistieran o desobedecieran ¡°gravemente¡± a los agentes de la autoridad. Desde su entrada en vigor, Polic¨ªa Nacional y Guardia Civil han detenido a 157 personas por hechos relacionados con infracciones a los preceptos del estado de alarma. De ellos, 60 lo fueron el pasado mi¨¦rcoles, seg¨²n datos del Ministerio del Interior.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suspendido mientras dure el estado de alarma toda la actividad judicial no urgente, pero los servicios de guardia siguen funcionando y son estos los que est¨¢n asumiendo las denuncias a ciudadanos que se saltan el confinamiento o alguna de las medidas establecidas por el Gobierno. El plan del Consejo contempla tambi¨¦n reforzar si es necesario juzgados para agilizar las autorizaciones que demanden las autoridades. El refuerzo, seg¨²n explic¨® en su d¨ªa el ¨®rgano de gobierno de los jueces, busca ¡°una respuesta ¨¢gil y eficaz¡± para autorizar o ratificar las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes e impliquen privaci¨®n o restricci¨®n de la libertad de movimientos o de alg¨²n otro derecho fundamental, as¨ª ¡°como a las solicitudes de entrada en domicilios u otros lugares que requieran autorizaci¨®n judicial¡±.

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