El Constitucional da por hecho que seguir¨¢ interino un largo plazo

Los recursos de los condenados por el proc¨¦s y el presentado contra el decreto del estado de alarma van a retrasar la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional. Los magistrados que componen el tribunal est¨¢n convencidos de ello y los partidos que podr¨ªan pactar los relevos pendientes no creen que se den las condiciones para negociar. En ning¨²n momento lo han hecho y no piensan intentarlo ahora, cuando van a iniciarse las deliberaciones de esos dos asuntos.

El criterio dominante en el Constitucional (cuyo mandato termin¨® en noviembre pasado) es que hay que hacerse a la idea de que no habr¨¢ renovaci¨®n alguna hasta que se haya dictado sentencia sobre ambas cuestiones. Se trata de recursos muy distintos, pero que tienen un denominador com¨²n, el de afectar al ejercicio de derechos fundamentales. En un caso, el de los recursos de amparo de los presos del proc¨¦s, se cuestiona la labor del Supremo, que les juzg¨® por rebeli¨®n y les conden¨® por sedici¨®n. En el otro, lo que impugna Vox es la limitaci¨®n de derechos que ha implicado el estado de alarma. Desde perspectivas muy distintas, ambas impugnaciones cuestionan el comportamiento democr¨¢tico de los poderes ejecutivo y judicial.

El PP no quiere negociar un cambio de mayor¨ªas en el Constitucional. El equilibrio actual, aunque siempre puede haber oscilaciones en funci¨®n del asunto que se trate, es de siete votos a cinco, a favor del sector conservador. Cualquier negociaci¨®n conducir¨ªa a que el bloque dominante se debilitara, porque el PSOE reclamar¨ªa un reequilibrio a favor del sector progresista, dada su mayor fuerza parlamentaria.

El Constitucional tiene que renovar a cuatro magistrados y el nombramiento de sus sustitutos corresponde esta vez al Congreso. La mayor¨ªa requerida es de tres quintos, es decir, 210 diputados. Entre el PSOE, que cuenta con 120 esca?os, y el PP, que suma 88, pr¨¢cticamente los alcanzan. En la negociaci¨®n puede influir otro factor, el de la posible combinaci¨®n de ese acuerdo con el que se precisar¨ªa para renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato concluy¨® en diciembre de 2018.

La renovaci¨®n del Constitucional implica esta vez cuatro relevos, entre ellos el del presidente, Juan Jos¨¦ Gonz¨¢lez Rivas, y el de la vicepresidenta, Encarna Roca. Junto a ellos abandonar¨ªan el tribunal los magistrados Fernando Vald¨¦s Dal-Re y Andr¨¦s Ollero, al primero de los cuales, del sector progresista, le ha correspondido redactar la sentencia del decreto de alarma.

Con la renovaci¨®n, por tanto, saldr¨ªan dos magistrados conservadores ¡ªGonz¨¢lez Rivas y Ollero¡ª, uno progresista ¡ªVald¨¦s¡ª y otra ¡ªEncarna Roca¡ª que las m¨¢s de las veces ha apoyado al primero de estos sectores. En definitiva, un equilibrio de tres a uno, que el PSOE querr¨ªa cambiar ahora a su favor, a lo que el PP no est¨¢ dispuesto.

En cuanto a los recursos del proc¨¦s, caben pocas dudas de que se rechazar¨¢n las principales impugnaciones, si no todas. Hay un bloque de tres magistrados progresistas (Vald¨¦s Dal-R¨¦, Juan Antonio Xiol y Mar¨ªa Luisa Balaguer) que han apoyado a los l¨ªderes independentistas que denunciaron la vulneraci¨®n de sus derechos de participaci¨®n pol¨ªtica porque no les dejaron ejercer los cargos para los que fueron elegidos en el Parlament, las Cortes y el Parlamento Europeo. Pero hay otro bloque muy consolidado de nueve magistrados que han rechazado todas las peticiones de amparo, incluida esta.

Al Gobierno le viene bien poder justificar ante sus socios de investidura que no puede forzar un cambio de postura del Constitucional en estos recursos, por su actual composici¨®n y porque el tribunal ya ha rechazado todos los motivos de amparo presentados por los presos del proc¨¦s. Y al PP tambi¨¦n le conviene no facilitar una renovaci¨®n del tribunal que pudiera alterar este estado de cosas, al menos mientras el independentismo siga reivindicando como prioridad el derecho a la autodeterminaci¨®n.