La Fiscal¨ªa pide reabrir la causa por la muerte en el centro de menores de Almer¨ªa

La Fiscal¨ªa de Almer¨ªa se suma al recurso de apelaci¨®n de la familia del joven Iliass Tahiri, fallecido en el centro de menores infractores de Tierras de Oria (Almer¨ªa) el pasado 1 de julio, cuando seis vigilantes lo inmovilizaban boca abajo en una cama. El Fiscal cuestiona el protocolo de contenci¨®n y su aplicaci¨®n, en contra de la juez, que archiv¨® el caso en enero como ¡°muerte violenta accidental¡±. Y abre la puerta a que se contemple, al menos, un delito de ¡°homicidio imprudente¡±.

Iliass Tahiri ¡ªde 18 a?os, 94 kilos de peso y 1,78 cm de estatura¡ª muri¨® aprisionado por seis vigilantes de seguridad del centro de Oria, que administra desde 2015 la Asociaci¨®n para la Gesti¨®n y la Integraci¨®n Social (Ginso). La entidad acarrea incidentes, denuncias y otros dos casos de muertes ¡ªarchivadas por los jueces¡ª tras la aplicaci¨®n de medidas de contenci¨®n. El v¨ªdeo de 13 minutos que registr¨® la actuaci¨®n de los vigilantes fue publicado por EL PA?S, y en contra de lo declarado por los investigados en la causa, no muestra que el joven opusiera resistencia alguna para ser atado.

Tras hacerse p¨²blico el contenido de esas grabaciones de las c¨¢maras de seguridad y despu¨¦s de que el Defensor del Pueblo solicitara el pasado martes la abolici¨®n de las medidas de contenci¨®n mec¨¢nica en esos centros de menores, el fiscal Carlos Castresana Fern¨¢ndez se desmarca de la decisi¨®n de la juez. Y se adhiere al recurso contra el archivo que present¨® la madre del fallecido, que entend¨ªa que pod¨ªa existir un delito de ¡°homicidio imprudente¡±.

El ministerio p¨²blico cuestiona abiertamente el protocolo aplicado por la entidad Ginso, contrario a todas las recomendaciones sanitarias y regimentales nacionales e internacionales por contemplar la opci¨®n de colocar (discrecionalmente) boca abajo a las personas inmovilizadas. Y responsabiliza a los gestores y a la direcci¨®n del centro por haberlo practicado y mantenido, ¡°a sabiendas¡± y en contra de las advertencias previas del Defensor del Pueblo y del Consejo de Europa.

Tras un an¨¢lisis de casi 20 folios, concluye el fiscal: ¡°Entendemos que concurren todas las condiciones exigidas por nuestro C¨®digo Penal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo para imputar el resultado de la muerte de Iliass Tahiri a las personas que a sabiendas de los riesgos inherentes a su decisi¨®n, y pese a haber sido advertidos expresamente, aprobaron y dispusieron la aplicaci¨®n del Protocolo de contenci¨®n mec¨¢nica del centro de Oria¡±.

No obstante, el fiscal advierte de que ¡°mantiene la posici¨®n procesal sostenida hasta ahora, en el sentido de considerar que de la informaci¨®n disponible en la causa no se desprende en este momento la existencia de delito imputable a las personas que figuran como investigadas, empleados de Ginso, que administra por concesi¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa el centro en Oria¡±.

El director del centro en cuesti¨®n, Manuel Madrid Saavedra, present¨® su dimisi¨®n en una escueta carta el pasado 5 de junio por ¡°motivos personales y agotamiento f¨ªsico y psicol¨®gico, y para salvaguardar la buena imagen¡± del centro, de los trabajadores y la asociaci¨®n. Madrid Seaavedra no consta entre los investigados por la Guardia Civil, aunque autoriz¨® (¡°por tel¨¦fono¡±, seg¨²n los implicados) la medida de contenci¨®n aplicada a Iliass Tahiri.

El escrito de la Fiscal¨ªa entra de lleno en el protocolo y su aplicaci¨®n. Y lo hace en contra del criterio de la juez Teresa In¨¦s S¨¢nchez Gisbert, que en su auto de archivo sostuvo: ¡°Sin perjuicio de que es contrario a las recomendaciones, no es menos cierto que dicho protocolo estaba vigente en el momento de los hechos y que su contenido no ha sido objeto de an¨¢lisis en la presente instrucci¨®n, limitada a verificar su correcta aplicaci¨®n por parte de los investigados¡±.

Ahora el ministerio p¨²blico pide la reapertura del caso, una ampliaci¨®n de la investigaci¨®n y la depuraci¨®n de responsabilidades de quienes elaboraron, impusieron y aplicaron el protocolo de Ginso, que gestiona otros centros en Madrid y Almer¨ªa. Y reclama que, mientras y ¡°con vigencia inmediata¡±, el juzgado ordene al centro la suspensi¨®n de la aplicaci¨®n de esa medida de contenci¨®n f¨ªsica del menor interno.

En su informe del pasado mi¨¦rcoles, el Defensor del Pueblo ya exig¨ªa a la Junta de Andaluc¨ªa que cautelarmente suspendiera la aplicaci¨®n de esas medidas en todos los centros de menores. Los responsables pol¨ªticos de la Junta han optado en todo momento por ¡°mantenerse al margen¡±, por ¡°respeto¡± al procedimiento judicial.