El juicio por el ama?o del PGOU de Alicante, pendiente de la validez de las escuchas

Las acusaciones del juicio que se sigue contra dos exalcaldes del PP de Alicante, Luis D¨ªaz Alperi y Sonia Castedo, por el presunto ama?o del plan general de ordenaci¨®n urban¨ªstica (PGOU) de la ciudad a favor de un empresario, Enrique Ortiz, han tratado de levantar hoy una fortaleza para salvaguardar las escuchas telef¨®nicas que se realizaron durante la instrucci¨®n y que ya han sido anuladas en la causa matriz de este caso. Los pinchazos son la principal prueba para demostrar que Ortiz pag¨® con dinero en met¨¢lico viajes gratis y regalos para beneficiarse de la reordenaci¨®n del plano de Alicante, pero las defensas han vuelto a pedir su anulaci¨®n. Tanto la Fiscal¨ªa como las acusaciones particulares saben que, sin las escuchas realizadas por la polic¨ªa, el caso se debilita considerablemente.

La Fiscal¨ªa y las dos acusaciones particulares, que representan al Ayuntamiento de Alicante y a Izquierda Unida (IU), han lanzado todo un arsenal de argumentos jur¨ªdicos para que las intervenciones telef¨®nicas, y con ellas, el juicio en s¨ª mismo, sigan adelante. Sostienen que son leg¨ªtimas y que no est¨¢n manipuladas, sino simplemente editadas para volcarlas en un soporte f¨¢cil de manejar. Y que giran en torno a un mismo acusado, Ortiz, lo que justifica que todos los juzgados que han intervenido en el proceso, entre Orihuela, Elche, Valencia (a trav¨¦s del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana) y, ahora, Alicante, estuvieran validados para ir traslad¨¢ndose las competencias entre unos y otros, un ir y venir que las defensas han puesto en entredicho.

Los dos fiscales que han intervenido en la tercera y ¨²ltima sesi¨®n de cuestiones previas, Pablo Romero y el titular de Anticorrupci¨®n, Felipe Briones, han incidido en la presencia del constructor alicantino, principal propietario de suelo de la ciudad, en pr¨¢cticamente todas las piezas desgajadas de la trama madre, el caso Brugal. Todo empez¨® en Orihuela, con la presunta adjudicaci¨®n irregular de la contrata de basuras que ya ha sido juzgada y en la que los 34 implicados han sido, precisamente, absueltos por la anulaci¨®n de las escuchas telef¨®nicas. Despu¨¦s se pas¨® a la tramitaci¨®n de un plan zonal de residuos para la comarca de la Vega Baja, al sur de Alicante, en la que ya aparec¨ªa Ortiz, seg¨²n ha recordado Briones. De ah¨ª, al plan parcial de Rabasa, ya en Alicante, cuya causa fue desestimada. Y finalmente, al PGOU de la capital provincial, donde el promotor es protagonista indiscutible. En los rollos de todas las causas aparece el n¨²mero de m¨®vil del magnate por alg¨²n lado.

Centrar el foco sobre Ortiz era fundamental para las acusaciones. Primero, para desligar este caso del de las basuras de Orihuela. La sombra de la absoluci¨®n dictada por la Audiencia Provincial en este asunto, que ya ha sido recurrida por Briones, oscurece el futuro de esta causa para los fiscales y mantiene frescos los argumentos de las defensas. Las acusaciones quieren que el tribunal entienda que, aunque todas los pinchazos nacen de los ya anulados, este proceso es independiente y se refiere a otros hechos, a los que Briones ha definido como ¡°el manejo torticero¡± del plan urban¨ªstico de Alicante. Y el representante del Ayuntamiento, Jos¨¦ Mar¨ªa L¨®pez Coig, como ¡°un esc¨¢ndalo¡±.

Pero tambi¨¦n, porque Ortiz lleg¨® a firmar un acuerdo con Anticorrupci¨®n en el que reconoc¨ªa todos los hechos que se le imputan, del que se desdijo tras la sentencia del juicio de las basuras de Orihuela. Subliminalmente, sin citar este pacto, las acusaciones han enumerado las irregularidades supuestamente cometidas por Ortiz y que certific¨® en sede judicial. La ¡°fren¨¦tica actividad de Ortiz en la consecuci¨®n de sus intereses¡±, en palabras de Jos¨¦ Luis Romero, abogado de IU, es el nexo de todo. El origen de todo. Y lleg¨® a admitirlo.

Durante las dos primeras sesiones, las defensas arremetieron contra la intervenci¨®n policial, la instrucci¨®n judicial, las decisiones de la Fiscal¨ªa y todas las resoluciones que han sentado en el banquillo a Alperi, Castedo y Ortiz, que se enfrentan a penas de entre ocho y diez a?os por los presuntos delitos de revelaci¨®n de informaci¨®n privilegiada, cohecho y tr¨¢fico de influencias. Junto a ellos, Santiago Bern¨¢ldez y Virgilio Ortiz, empleados del promotor, los abogados Javier Guti¨¦rrez y Jos¨¦ Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa, y los empresarios Ram¨®n Salvador y Pablo Rico.

En la vista de hoy, las acusaciones se han desquitado. Han intentado debilitar todas las estrategias defensivas. Han llegado a acusar al abogado inicial de Castedo de cometer ¡°negligencia¡±. Y han tildado de ¡°bulo o mito¡± la falta de firma electr¨®nica de los soportes en los que est¨¢n grabadas las conversaciones, otra de las causas por las que los letrados piden su anulaci¨®n.

El caso PGOU no volver¨¢ a la Audiencia de Alicante hasta septiembre. Las tres magistradas del tribunal tienen lo que queda de verano para resolver si los pinchazos son v¨¢lidos o no y si, por tanto, procede continuar con las declaraciones y testificales, bien con un auto previo o bien ya en formato de sentencia.