Procesadas 11 personas por el expediente que inici¨® la macrocausa de los ERE

El juez del caso ERE, Jos¨¦ Ignacio Vilaplana, ha procesado a 11 personas tras finalizar la investigaci¨®n del expediente del que hace una d¨¦cada surgi¨® la macrocausa: el ERE de Mercasevilla que motiv¨® las sospechas de la polic¨ªa al tener, entre sus trabajadores prejubilados, personas ajenas a la lonja sevillana que nunca la hab¨ªan pisado. Los agentes tiraron del hilo hasta deshilvanar una tupida trama de corrupci¨®n que devino en una macrocausa que hoy tiene 132 piezas separadas.

Entre los procesados, el magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero seis de Sevilla incluye a los exdirectivos de la empresa p¨²blica municipal Fernando Mellet y Daniel Ponce, as¨ª como al conseguidor Juan Lanzas, varios responsables de la consultora Vitalia, las firmas Hermes Consulting y Maginae Solutions por ¡°facturas ficticias¡± y el primer intruso ¡ªbeneficiado ajeno a las empresas¡ª detectado en la macrocausa: el exresponsable de pol¨ªtica local del PSOE en Baeza (Ja¨¦n), Antonio Garrido Santoyo, que percibi¨® 78.908 euros pese a no haber trabajado en la empresa. Todos est¨¢n acusados de malversaci¨®n, falsedad documental, prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias por los ERE de 2003 y 2007 subvencionados por la Junta andaluza.

Vilaplana ha exculpado a 12 personas de los 23 investigados inicialmente, entre los que destacan los miembros del comit¨¦ de empresa que negociaron el ERE y el exdelegado de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, que tambi¨¦n result¨® eximido de la primera condena del caso Mercasevilla por la pieza de las escuchas ilegales. Adem¨¢s, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero ¡ªfallecido hace seis meses¡ª y el exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez quedaron excluidos de la investigaci¨®n tras su condena en la pieza pol¨ªtica de los ERE.

La Junta subvencion¨® el ERE de 2003 con 5,6 millones para las prejubilaciones de sus trabajadores y con 6,9 millones el expediente de 2007: ¡°Unas ayudas otorgadas extramuros de cualquier legalidad¡±, censura el magistrado en su auto notificado este mi¨¦rcoles. ¡°Las ayudas carecer¨ªan de objeto definido y concreto, se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad¡±, a?ade el juez.

Para el magistrado, el dinero aportado por la Junta ¡°constituye una verdadera subvenci¨®n a la empresa en cuanto el destino de la misma era financiar el coste de las relaciones laborales¡± y las consiguientes obligaciones que de las mismas se derivaban para la empresa¡±. Las ayudas carecieron de control administrativo o fiscalizaci¨®n por parte del gabinete jur¨ªdico de la Junta o la Intervenci¨®n delegada de la Consejer¨ªa de Empleo. Con el cierre de la instrucci¨®n, el juez da traslado a la Fiscal¨ªa y al PP como acusaci¨®n popular para que formulen sus escritos con la petici¨®n de penas para los 11 procesados.

Sobre el exdelegado de la Junta Antonio Rivas, el juez argumenta para exculparle que de su intervenci¨®n en la tramitaci¨®n de los ERE ¡°no existen indicios s¨®lidos de que haya tenido una intervenci¨®n con suficiente relevancia causal en la decisi¨®n administrativa de otorgarse las ayudas y en la correlativa salida de dinero del erario p¨²blico en forma tan irregular¡±, seg¨²n el auto.