Siete a?os de b¨²squeda de apoyos internacionales para el ¡®proc¨¦s¡¯

Durante siete a?os, entre 2011 y 2017, la Generalitat desarroll¨® una incesante e il¨ªcita labor de promoci¨®n internacional del proc¨¦s, lo que incluy¨® desde contactos de alto nivel de sus principales dirigentes con mandatarios y diplom¨¢ticos de pa¨ªses extranjeros hasta la organizaci¨®n de actividades en todo tipo de foros, con objeto de recabar apoyos y reconocimiento para la idea de una cercana independencia de Catalu?a. En diversas ocasiones, estas actividades se financiaron con contratos irregulares.

As¨ª se expone en el informe de fiscalizaci¨®n instruido por el Tribunal de Cuentas contra los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, as¨ª como contra el vicepresidente Oriol Junqueras, seis exconsejeros y 31 altos cargos y funcionarios de la administraci¨®n catalana por presunta responsabilidad contable por la desviaci¨®n de los fondos p¨²blicos empleados en buscar respaldo internacional para el proc¨¦s.

El informe del Tribunal de Cuentas se expone que esta labor de promoci¨®n tuvo para las arcas p¨²blicas un coste elevado, pero dif¨ªcil de calcular, porque no hubo un correcto control presupuestario de los gastos realizados ni existe documentaci¨®n suficiente que permita acreditar las cantidades presuntamente desviadas para estos fines ilegales. La cifra avanzada por fuentes de la investigaci¨®n, que sit¨²a dicha responsabilidad contable en 4,8 millones de euros, es solo una primera aproximaci¨®n a lo que pueda establecerse por sentencia al final del procedimiento.

A t¨ªtulo de ejemplo, cuando el informe se refiere a los gastos realizados por las delegaciones de la Generalitat en el exterior, se subraya que ¡°la documentaci¨®n justificativa¡± puesta a disposici¨®n del Tribunal de Cuentas ¡°se encontraba desordenada e incompleta, incumpli¨¦ndose las normas de custodia y formaci¨®n de los expedientes¡±. Se a?ade que el sistema de archivo y conservaci¨®n de los documentos ¡°era irregular e incumpl¨ªa las normas m¨ªnimas que permiten un control eficiente y racional¡±. Todo ello ¡°ha dificultado notablemente y en ocasiones limitado el alcance de la fiscalizaci¨®n por parte del Tribunal de Cuentas¡±.

Entre 2011 y 2012, por ejemplo, dichas delegaciones gastaron un total de 1.049.261,63 euros, sin que la investigaci¨®n realizada haya permitido desvelar en qu¨¦ se emple¨® dicha cantidad. El tribunal trat¨® de establecer un c¨¢lculo de costes a partir de la labor efectuada. A este respecto, el dictamen explica que la Generalitat remiti¨® 2.795 documentos tras ser requerida para aportar datos sobre los informes que realizaban tales delegaciones. Pero el propio Tribunal de Cuentas estima que se elaboraron m¨¢s de 10.000, teniendo en cuenta ¡°la mayor¨ªa de notas que deb¨ªan realizarse de oficio¡±. En todo caso, ¡°no se remitieron la mayor¨ªa¡± de estas notas, ni ¡°los dosieres de los numerosos viajes ¡ªfueron 45, seg¨²n el propio informe¡ª de los miembros de Gobierno¡± al extranjero para promover el proc¨¦s.

Sobre la importancia de estas delegaciones, el informe se refiere a la temprana existencia de planes estrat¨¦gicos de acci¨®n exterior, elaborados con supuesto apoyo de distintos departamentos de la Generalitat, pero no existen o no se han aportado actas de las reuniones que se realizaran con ese motivo. Ahora bien, s¨ª se podido disponer del plan previsto para los a?os 2015 a 2018, correspondiente a la Secretar¨ªa de Acci¨®n Exterior y para la Uni¨®n Europea, en el que se expone: ¡°el Gobierno est¨¢ trabajando en el momento de la redacci¨®n de este Plan en las estructuras de Estado, tambi¨¦n en aquellas que hacen referencia al ¨¢mbito exterior¡±. Y entre los objetivos marcados para este proyecto se subraya el de ¡°exportar y legitimar a nivel internacional y de la Uni¨®n Europea el proceso democr¨¢tico iniciado en Catalu?a y basado en el derecho a decidir¡±.

En cuanto a los procedimientos seguidos para lograr estos prop¨®sitos, el informe relata diversos episodios relativos a iniciativas sin cobertura legal, como la firma de contratos con un fin ¡°difuso¡±. Se pone como ejemplo la contrataci¨®n entre julio y agosto de 2017 de una firma holandesa, por parte de las delegaciones de Ginebra y Bruselas. El expediente hace constar que ¡°los informes que acompa?an a la documentaci¨®n remitida no podr¨ªan justificar la actividad desarrollada¡±, si bien existe constancia de que entre septiembre y octubre del mismo a?o se efectu¨® un pago de 243.200 euros a la empresa contratada por ambas delegaciones.

Contratos para eludir los procedimientos

¡°La tramitaci¨®n llevada a cabo ¡ªexplica el informe de fiscalidad¡ª evidencia un fraccionamiento del contrato a fin de eludir los requisitos y exigencias del procedimiento de contrataci¨®n aplicable¡±. Y se a?ade que por esta v¨ªa ¡°se pretendi¨®, y se consigui¨®, eludir los sistemas de control administrativo de legalidad y oportunidad y aun los parlamentarios¡±.

La conclusi¨®n a que llegan los instructores del informe ¡°la causa y el objeto verdadero de la contrataci¨®n fue financiar el desarrollo de un acto ilegal cual fue la consulta ilegal promovida por el gobierno de la Generalitat catalana, y, en concreto, hacer frente a los gastos y honorarios percibidos por el denominado grupo de observadores electorales¡± contratados en relaci¨®n con el refer¨¦ndum prohibido por el Constitucional, y cuya celebraci¨®n el 1 de octubre de 2017 dio lugar a la suspensi¨®n de la autonom¨ªa de Catalu?a por aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Carta Magna.

Para dar una idea de la relevancia de la labor de las delegaciones, el informe recoge que el n¨²mero total de actividades de que desarrollaron de los a?os 2013 a febrero de 2016 y que ¡°contienen referencias expresas a su relaci¨®n con el proceso de autodeterminaci¨®n o soberanista asciende al menos a 456¡±. No obstante, el Tribunal de Cuentas considera ¡°el n¨²mero real de actividades de las delegaciones relacionadas con dicho proceso es muy superior¡±, pues muchas iniciativas de las que se ha tenido constancia ¡°por otra documentaci¨®n disponible¡± y que estuvieron ¡°vinculadas al proceso secesionista¡± no se mencionan en los informes oficiales.