El fin del estado de alarma aviva el choque pol¨ªtico por el marco legal

No hay tregua. El estado de alarma fue motivo de bronca pol¨ªtica desde el inicio de la pandemia, pero ahora, una vez concluido, vuelve otra vez el choque por el marco legal para afrontar el virus. El PP hizo el lunes un llamamiento ¡°a la desesperada¡± al Gobierno, en palabras de Pablo Casado, para que reforme la ley y permita restricciones a la movilidad. El l¨ªder del PP responsabiliza a Pedro S¨¢nchez de las aglomeraciones en las calles y le acusa incluso de permitir muertes. El presidente defiende en cambio que las comunidades aut¨®nomas cuentan con ¡°instrumentos jur¨ªdicos suficientes¡± contra la enfermedad.

Las aglomeraciones en las calles de varias ciudades espa?olas este fin de semana tras el fin del estado de alarma han revivido la bronca pol¨ªtica por el marco jur¨ªdico para afrontar la pandemia, que 14 meses despu¨¦s de la llegada del virus a Espa?a sigue siendo objeto de batalla. El PP, que se opuso a la extensi¨®n del estado de alarma desde el mes de mayo del a?o pasado, exige al Gobierno que apruebe una reforma legislativa para dar cobertura a las restricciones que est¨¢n decretando ahora las comunidades aut¨®nomas y que varios tribunales superiores de justicia han echado atr¨¢s (mientras otros las han avalado). El Ejecutivo apuesta, en cambio, por esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre las restricciones de las comunidades y sostiene que las autonom¨ªas tienen ya instrumentos de sobra.

El Presidente del Gobierno mantiene que las CCAA tienen instrumentos jur¨ªdicos para hacer frente a la pandemia

El estado de alarma decay¨® en la noche del s¨¢bado al domingo y desde entonces los jueces han resuelto ya, con criterios contradictorios, cuatro peticiones de gobiernos auton¨®micos para implantar medidas restrictivas de derechos fundamentales ¡ªcomo el toque de queda, el cierre perimetral de la comunidad o la limitaci¨®n de las reuniones sociales¡ª para combatir el virus. Los tribunales superiores de la Comunidad Valenciana y Baleares han avalado esas restricciones, mientras que los del Pa¨ªs Vasco y Canarias las han rechazado. Galicia y Navarra han solicitado medidas similares y est¨¢n a la espera de la decisi¨®n de sus tribunales superiores. La decisi¨®n final la tomar¨¢ el Tribunal Supremo la semana que viene, despu¨¦s de que el Gobierno habilitara un mecanismo para que el alto tribunal decidiera r¨¢pido en caso de dudas de las comunidades.

Mientras esa decisi¨®n llega, la tensi¨®n pol¨ªtica se ha disparado. El Ejecutivo lleva meses defendiendo que no es necesaria ninguna reforma legal una vez finalizado el estado de alarma porque la ley ya permite restricciones, que en esta nueva fase deber¨ªan ser m¨¢s laxas, teniendo en cuenta que a finales de mayo est¨¢ previsto que est¨¦ vacunada la poblaci¨®n de mayor riesgo: los mayores de 60 a?os, que concentran el 95% de la mortalidad est¨¦ vacunada. Sin embargo, las im¨¢genes de este fin de semana de j¨®venes bebiendo en las calles de Madrid han activado las alarmas, porque a¨²n faltan semanas para alcanzar ese objetivo de vacunaci¨®n y, adem¨¢s, el criterio de los tribunales est¨¢ siendo contradictorio.

Ministro de Justicia

En ese contexto, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defendi¨® el lunes en una tribuna publicada en EL PA?S que, aunque entiende que los gobiernos aut¨®nomos tienen suficientes instrumentos, el Ejecutivo reformar¨¢ la ley si el Tribunal Supremo veta los decretos de algunas autonom¨ªas. Tras el revuelo ¡ªel portavoz del PNV, Aitor Esteban, reconoci¨® haberse ¡°quedado de piedra¡±¡ª, Campo matiz¨® esas palabras en La Sexta. El ministro dijo que no tiene ¡°ning¨²n problema¡± en ¡°revisar todo¡±, pero recalc¨®: ¡°Ahora mismo no hay necesidad de hacerlo y, por tanto, el Gobierno no se plantea un cambio normativo ahora¡±. El presidente, Pedro S¨¢nchez, insisti¨® en el mismo mensaje desde Atenas. Es decir, el Ejecutivo descarta de momento una reforma de la ley.

Pero el PP, crecido adem¨¢s desde la victoria en las elecciones en Madrid, no ha dejado escapar la oportunidad de culpar al Gobierno por el caos jur¨ªdico a consecuencia de las decisiones de las comunidades. Casado acus¨® a S¨¢nchez incluso de provocar contagios y muertes. ¡°El ¨²nico responsable es Pedro S¨¢nchez, porque no ha querido aprobar una ley de pandemias como le llevamos pidiendo durante un a?o¡±, subray¨® en un acto del PP europeo en Madrid. ¡°La absoluta irresponsabilidad del Gobierno de Espa?a cuesta vidas¡±, apostill¨®. ¡°Si hay m¨¢s contagios y hay una cuarta o quinta oleada¡±, insisti¨® Casado, ¡°S¨¢nchez es responsable, porque yo le he ofrecido los esca?os para modificar la ley¡±. Los populares defienden que en 15 d¨ªas ser¨ªa posible aprobar la reforma legislativa que registraron en el Congreso que permitir¨ªa adoptar restricciones sin el aval judicial, con la excepci¨®n del toque de queda, que no contemplan.

El Tribunal Supremo est¨¢ a la espera de recibir el recurso del Gobierno de Canarias contra el veto del Tribunal Superior de Justicia al mantenimiento del toque de queda que plante¨® la comunidad. El Ejecutivo de ?ngel V¨ªctor Torres ha anunciado que impugnar¨¢ la decisi¨®n, por lo que este caso ser¨¢ previsiblemente el primero que analice el alto tribunal tras la entrada en vigor del real decreto-ley del Gobierno, que da al Supremo la ¨²ltima palabra sobre las restricciones de derechos fundamentales que pueden adoptar las comunidades sin estado de alarma.

La decisi¨®n que tome el Supremo marcar¨¢ el camino para las medidas que puedan tomar las comunidades, de que lo que se estudiar¨¢ es el caso concreto de esa comunidad, teniendo en cuenta no solo la restricci¨®n que se plantea, sino la motivaci¨®n que alega el Ejecutivo regional, por lo que habr¨¢ que estudiar qu¨¦ decisiones son extrapolable al resto de comunidades y cu¨¢les no. La Fiscal¨ªa est¨¢ tambi¨¦n estudiando la norma estatal para fijar pautas de actuaci¨®n. La fiscal general, Dolores Delgado, se reuni¨® el lunes con los fiscales especialistas del Tribunal Supremo en contencioso-administrativo y en constitucional para analizar la situaci¨®n tras el fin del estado de alarma. Las fuentes consultadas se?alan que se trata de un asunto ¡°complejo¡±, tanto desde el punto de vista procesal como de fondo, y lo que se busca es coordinar la actuaci¨®n del ministerio p¨²blico. Del encuentro, seg¨²n las fuentes consultadas, qued¨® claro que la Fiscal¨ªa no rechaza de entrada que con las leyes ordinarias se puedan restringir derechos fundamentales, sino que el criterio es estudiar cada caso. Ese es tambi¨¦n el mensaje que Delgado prev¨¦ transmitir este martes a los fiscales superiores, a los que ha convocado a una reuni¨®n para analizar la situaci¨®n. De ese encuentro no saldr¨¢ un criterio ¨²nico de actuaci¨®n para los fiscales auton¨®micos.