El PP rechaza negociar y aboca a un bloqueo al Poder Judicial

El PP ha rechazado tras las elecciones madrile?as volver a sentarse para negociar con La Moncloa la renovaci¨®n pendiente del ¨®rgano de gobierno de los jueces y ese bloqueo aboca a la Justicia a un atasco sin precedentes. Ese rechazo ha sido ¡°deliberado¡± y ¡°premeditado¡±, seg¨²n fuentes directas de la negociaci¨®n. El interlocutor del Gobierno, el secretario general de Presidencia, F¨¦lix Bola?os, ha contactado varias veces tras el 4-M con el secretario general del PP, Teodoro Garc¨ªa Egea, sin ¨¦xito. El PP exige ahora unas condiciones que el Ejecutivo asegura que no puede cumplir e incluso que no son legales.

La ¨²ltima vez que Bo?alos y Garc¨ªa Egea se sentaron para intentar desatascar la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, fuera de mandato desde hace dos a?os y medio, fue el jueves 25 de febrero hasta casi medianoche, unas semanas despu¨¦s de las ¨²ltimas elecciones catalanas del 14-F. Desde entonces se han mandado m¨¢s mensajes a trav¨¦s de la prensa y de sus m¨®viles que en conversaciones directas, la mayor¨ªa de las veces protocolarias. El intento fracasado de moci¨®n de censura del PSOE en el basti¨®n popular de Murcia, y las consecuencias que concaten¨® en otras zonas del pa¨ªs, a nivel nacional y, sobre todo, en Madrid, paralizaron esos contactos.

Los negociadores se hab¨ªan puesto el reto de retomar las conversaciones tras los comicios del 4-M, y as¨ª lo hab¨ªan trasladado en p¨²blico, pero ahora el panorama ha cambiado de nuevo. El secretario general de Presidencia del Gobierno ha enviado varios mensajes al secretario general del PP en los ¨²ltimos d¨ªas para reunirse con urgencia y no ha obtenido respuesta. Y ese silencio no es casual. ¡°No est¨¢ habiendo ning¨²n tipo de contacto y es algo deliberado y premeditado¡±, ratifican desde la c¨²pula del PP. ¡°Un nuevo contacto solo tendr¨ªa sentido si es para aceptar y hablar sobre el marco que hemos fijado en nuestras condiciones, tenemos claro lo que queremos y, si no se respetan nuestros principios, no tenemos ning¨²n problema en levantarnos¡±, remarcan en el PP.

Los populares insisten en que sus condiciones para retomar la negociaci¨®n ¡°est¨¢n claras¡±, aseguran que el Gobierno las conoce sobradamente y avanzan, adem¨¢s, que ahora querr¨ªan que algunos de los compromisos que exigen para reforzar la independencia del Poder Judicial ¡°se apreciaran ya en este proceso te¨®ricamente en marcha, al margen de las reformas legales que haya que acometer en el futuro para pr¨®ximas negociaciones¡±, seg¨²n fuentes de la direcci¨®n del PP.

Los planteamientos del PP, repetidos por el propio l¨ªder, Pablo Casado, se ce?¨ªan sobre todo a que Unidas Podemos no pod¨ªa participar en esta transacci¨®n que consideran bilateral del PSOE con el principal partido de la oposici¨®n; que entre los vocales denominados juristas para ser seleccionados para el Consejo General del Poder Judicial no figuraran pol¨ªticos de ning¨²n partido y fomentar medidas que mejoraran la independencia de ese ¨®rgano de gobierno de los jueces, en l¨ªnea con lo que demandan las instituciones europeas.

El PP, hasta ahora, aceptaba que para renovar a los 20 vocales del actual Consejo hab¨ªa ya un proceso en marcha con el sistema de elecci¨®n vigente y que no era posible cambiarlo sobre la marcha. El equipo de Casado querr¨ªa, para reactivar las conversaciones paralizadas, que se incorporaran ya algunos de esos requerimientos, especialmente el de que no haya ning¨²n vocal de procedencia pol¨ªtica.

Actualmente los jueces, a trav¨¦s de sus asociaciones representativas o con un m¨ªnimo de avales, se pueden presentar como candidatos y luego los partidos eligen de entre los 51 con m¨¢s respaldo a 12, seis por cada C¨¢mara (Congreso y Senado). En los ocho puestos reservados para juristas de reconocido prestigio ha sido donde tradicionalmente los partidos han colado a vocales pr¨®ximos a sus intereses o directamente de sus propias formaciones.

Los jueces cumplieron su parte del trato y seleccionaron a sus candidatos. Los pol¨ªticos a¨²n no y el Consejo lleva con los mismos vocales desde 2013, en teor¨ªa para un mandato de cinco a?os.

Ante el bloqueo en esos organismos constitucionales, el Gobierno intent¨® en oto?o precipitar una reforma legal para cambiar el m¨¦todo de elecci¨®n del Consejo (ahora de tres quintos y, seg¨²n aquella reforma, solo por mayor¨ªa) pero la oposici¨®n y las asociaciones judiciales se sublevaron y el Ejecutivo recibi¨® reconvenciones de la Comisi¨®n Europea. Lo que s¨ª logr¨® el Gobierno en marzo fue aprobar una proposici¨®n de ley en el Congreso para limitar las competencias de un Consejo General del Poder Judicial en funciones, sobre todo a la hora de ejecutar nuevos nombramientos. Esta limitaci¨®n ha provocado que haya 46 cargos judiciales que no han podido ser renovados en 2021.

El PP apenas se ha movido en sus reclamaciones, al menos en p¨²blico, pese a que desde el Gobierno los interlocutores, tanto de La Moncloa como el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, han concluido de sus contactos bilaterales que el grueso de la negociaci¨®n de estos ¨®rganos constitucionales ha estado varias veces a punto de cerrarse. Y ah¨ª incluyen el cambio en el Defensor del Pueblo y varias vacantes en el Tribunal Constitucional, que ni PP ni PSOE quieren desligar de sus pactos para el Poder Judicial. Desde los dos bandos se ha aceptado incluso que el ¡°perfil¡± de 18 de los 20 vocales del Consejo se hab¨ªa pactado en verano pasado y hasta en el encuentro frustrado del 25 de febrero.

El problema De Prada

El problema se suscit¨®, particularmente, con la propuesta como vocal del magistrado Jos¨¦ Ricardo de Prada, al que los populares consideran pr¨®ximo a Podemos y que redact¨® las frases m¨¢s duras contra el PP y Mariano Rajoy en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso G¨¹rtel. El PP argumenta su rechazo en que De Prada ¡°no ha sido validado ni avalado por sus compa?eros, y por tanto, no vale¡±. Podemos ha defendido su largo curr¨ªculo y su independencia profesional. En el Gobierno y el PSOE le han revalidado hasta ahora, pero tampoco ver¨ªan mal que el propio De Prada plantease su retirada, para eliminar ese escollo y facilitar el consenso. No se lo han solicitado.

Desde el Gobierno se razona que ¡°la pelota de esta negociaci¨®n est¨¢ en manos del PP¡± y remachan que no se puede perpetuar un Poder Judicial en estas condiciones que no se corresponden con lo que han decidido los espa?oles con su voto en las urnas recientemente. Las fuentes gubernamentales socialistas apuntan que les gustar¨ªa conocer de primera mano las nuevas condiciones del PP, pero avanzan que lo que no puede discutirse es la legalidad del proceso ya vigente: ¡°Hay un mecanismo en marcha con el que el listado de los jueces candidatos ya ha obtenido sus avales y, si ahora el PP cuestiona esa legalidad, los propios jueces lo podr¨ªan impugnar¡±. En el Ejecutivo se muestran m¨¢s abiertos a debatir sobre mejoras en la elecci¨®n de los jueces para el Consejo, pero no aceptan que los 20 vocales tengan que proceder directamente de las asociaciones profesionales, porque defienden que la participaci¨®n de las Cortes mejora la representatividad puramente gremial.

46 vacantes por cubrir en 2021

El ¨®rgano de gobierno de los jueces cerrar¨¢ este a?o con al menos 46 vacantes por cubrir, entre ellas nueve plazas de magistrado en el Tribunal Supremo (por jubilaci¨®n o fallecimiento) y seis presidencias de tribunales superiores de justicia. En la aludida lista de los 46 cargos pendientes de provisi¨®n figuran nueve plazas en el Supremo, de las cuales cinco corresponden a lo contencioso, dos a lo social, una a lo civil y otra a la Sala de lo Militar. En los tribunales superiores territoriales no podr¨¢ designarse a los presidentes de Andaluc¨ªa, Catalu?a, Castilla y Le¨®n, Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia. En todos los casos, el nombramiento ¡ªimplique reelecci¨®n o sea nuevo¡ª no puede hacerse con el Consejo en funciones y solo quedar¨¢ desbloqueado cuando se renueve el ¨®rgano de gobierno de los jueces. La misma situaci¨®n afectar¨¢ a la presidencia de las audiencias provinciales de Huesca, ?lava, ?vila, Barcelona, Gipuzkoa, Murcia, Logro?o, Teruel, C¨¢diz, Sevilla, Girona, Burgos y Lugo. El resto son 18 plazas en los tribunales auton¨®micos.