El Constitucional debate anular la sentencia del cerco al Parlament

El Tribunal Constitucional estudiar¨¢ en el pleno que comienza este martes un proyecto de sentencia que concede el amparo solicitado por los condenados por el cerco del Parlament hace casi diez a?os, el 15 de junio de 2011. Ese d¨ªa iban a discutirse unos presupuestos con importantes recortes y el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, tuvo que emplear un helic¨®ptero para acceder al edificio. El fallo ¡ªcuyo ponente es el magistrado C¨¢ndido Conde-Pumpido¡ª propone anular la sentencia del Supremo que impuso tres a?os de prisi¨®n a ocho de los participantes en los hechos, considerados como constitutivos de un delito contra las instituciones del Estado.

El motivo de la anulaci¨®n ser¨ªa que la Sala de lo Penal del Supremo cambi¨® la absoluci¨®n inicial dictada por la Audiencia Nacional por una condena, sin haber o¨ªdo a los procesados, pese a que lo exige la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fuentes del Constitucional estiman que habr¨¢ un importante debate sobre el caso. La concesi¨®n del amparo podr¨ªa implicar una absoluci¨®n definitiva ¡ªen l¨ªnea con la primera sentencia de la Audiencia Nacional, de la que fue ponente el magistrado Ram¨®n S¨¢ez¡ª, o que el procedimiento se devuelva al momento en que el Supremo acord¨® su fallo, para que se replantee el que dict¨®. Si la ponencia de Conde-Pumpido fuera derrotada, el asunto deber¨ªa tratarse en un siguiente pleno, con una nueva propuesta de sentencia, cuya redacci¨®n quedar¨ªa en manos de otro magistrado, posiblemente de la mayor¨ªa conservadora, reticente en principio a que el cerco a una sede parlamentaria termine sin sanci¨®n penal.

La absoluci¨®n decidida por la Audiencia Nacional se bas¨® en que la conducta de los manifestantes persegu¨ªa ¡°reivindicar los derechos sociales y los servicios p¨²blicos frente a los recortes presupuestarios y a expresar el divorcio entre representantes y representados¡±. El fallo del Supremo ¡ªdel que fue ponente el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena¡ª estim¨® en cambio que ¡°paralizar el trabajo ordinario del ¨®rgano legislativo supone afectar, no ya el derecho fundamental de participaci¨®n pol¨ªtica de los representantes pol¨ªticos y, en general, de los ciudadanos catalanes, sino atacar los valores superiores del orden democr¨¢tico¡±.