El Supremo debate la idoneidad de Dolores Delgado para ser fiscal general

Casi dos a?os despu¨¦s de que Dolores Delgado dejara de ser ministra de Justicia para convertirse, unos d¨ªas m¨¢s tarde, en fiscal general del Estado, el Tribunal Supremo debate este martes la legalidad de ese nombramiento. La Sala Tercera (de lo Contencioso-administrativo) tiene que deliberar sobre los recursos planteados por PP y Vox, que cuestionan la idoneidad de Delgado para ejercer el cargo, para el que fue nombrada por el Gobierno de coalici¨®n de PSOE y Unidas Podemos en enero de 2020. La decisi¨®n est¨¢ en manos de los seis magistrados de la secci¨®n cuarta de lo Contencioso y del presidente de la sala, C¨¦sar Tolosa, que ha rechazado la petici¨®n formulada por un grupo de magistrados para que el asunto se debatiera en el pleno, del que forman parte los 27 magistrados de la sala.

La deliberaci¨®n sobre el nombramiento de Delgado empezar¨¢ este martes resolviendo si el PP y Vox est¨¢n legitimados para recurrir una decisi¨®n del Gobierno. La Abogac¨ªa del estado considera que no, pero los dos partidos sostienen que lo que haga la jefa del Ministerio P¨²blico les puede afectar de forma directa, por lo que se consideran con derecho a impugnar la elecci¨®n. ¡°La designaci¨®n incorrecta del fiscal general del Estado es susceptible de afectar a sus funciones respecto a los diferentes procedimientos judiciales en curso en los que el PP o sus miembros son parte¡±, alega el partido de Pablo Casado, que califica de ¡°fraude constitucional¡± el nombramiento de Delgado. En parecidos t¨¦rminos se expresa Vox en su recurso, en el que considera ¡°improcedente y contraria a derecho¡± la designaci¨®n de la fiscal general tras abandonar la cartera de Justicia.

Una vez resueltas las dudas sobre la legitimidad de los dos partidos para impugnar el nombramiento, los magistrados deben decidir si este fue legal. Las fuentes del tribunal consultadas se?alan que no hay dudas sobre el hecho de que Delgado cumpl¨ªa los requisitos formales para acceder al puesto (ser un jurista espa?ol de reconocido prestigio con m¨¢s de 15 a?os de ejercicio efectivo de su profesi¨®n), aunque Vox en su demanda sostiene que la exministra ¡°ni por su curr¨ªculum ni por su profesionalidad y experiencia entrar¨ªa en la categor¨ªa de jurista de reconocido prestigio¡±. Pero entre los magistrados hay m¨¢s debate sobre si la actual jefa de la Fiscal¨ªa incumple el requisito de ¡°imparcialidad¡±, un principio que, seg¨²n la Constituci¨®n, debe regir la actuaci¨®n del Ministerio P¨²blico. Este ser¨¢ uno de los puntos centrales de la deliberaci¨®n en el Supremo, que partir¨¢ de la ponencia elaborada por la magistrada Pilar Teso.

La idoneidad de Delgado para ocupar el cargo ya dividi¨® en dos el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando tuvo que elaborar su informe preceptivo previo a la designaci¨®n oficial de la fiscal. El ¨®rgano aval¨® la propuesta del Gobierno de Pedro S¨¢nchez con 12 votos a favor y 7 en contra, una divisi¨®n que no se daba desde la elecci¨®n de otro exministro, Javier Moscoso, en 1986 (trece votos a favor, seis en contra y uno en blanco). Los siete votos contra Delgado correspondieron a vocales propuestos por el PP (Jos¨¦ Antonio Ballestero, Juan Mart¨ªnez Moya, Gerardo Mart¨ªnez Trist¨¢n, Nuria D¨ªaz, Jos¨¦ Mar¨ªa Mac¨ªas, Carmen Llombart y Juan Manuel Fern¨¢ndez), que emitieron un voto particular en el que cuestionaban la idoneidad de la exministra para dirigir la Fiscal¨ªa General. ¡°La asunci¨®n de la responsabilidad de Fiscal General del Estado sin soluci¨®n de continuidad, inmediatamente despu¨¦s de haber cesado en su cargo de ministra de Justicia y de diputada del partido pol¨ªtico que sustenta al Gobierno proponente, supone un serio impedimento para garantizar a la ciudadan¨ªa la imagen de autonom¨ªa e imparcialidad que ha de exigirse al Fiscal General del Estado¡±, recog¨ªa el texto.

En el Supremo el recurso sobre Delgado ha elevado tambi¨¦n la tensi¨®n en la Sala de lo Contencioso antes de que el asunto llegue a deliberarse. Un grupo de nueve magistrados solicitaron al presidente de la Sala de lo Contencioso que la decisi¨®n sobre la legalidad del nombramiento no recayera solo en los magistrados de la secci¨®n cuarta (la competente para resolver cuestiones que afecten al ministerio fiscal), sino que se elevara al pleno, lo que habr¨ªa abierto el debate a los 27 magistrados de la sala, con una amplia mayor¨ªa conservadora. Estos magistrados se amparaban en el precedente del recurso contra el nombramiento en 1992 de Eligio Hern¨¢ndez como fiscal general, que, fue deliberado en junio de 1994 por el pleno de la sala y acab¨® siendo anulado al concluir el Supremo que el tiempo que desempe?¨® cargos dependientes del Gobierno no deb¨ªan computarse entre los 15 como jurista requeridos para dirigir el ministerio p¨²blico.

Tolosa ha rechazado la petici¨®n y la decisi¨®n sobre Delgado la tomar¨¢ la secci¨®n cuarta, integrada por los magistrados Pablo Lucas, Celsa Pico, Pilar Teso, Luis D¨ªez Picazo, Antonio Fonseca-Herrero y Jos¨¦ Luis Requero. Los tres primeros son considerados de perfil progresista y los tres ¨²ltimos, conservadores. El presidente de la Sala s¨ª ejercer¨¢ su derecho a presidir la deliberaci¨®n, por lo que esta queda en manos de siete magistrados.