IU vuelve a pedir al juez del ¡®caso P¨²nica¡¯ que impute al PP por la caja b del partido en Madrid
Dos acusaciones solicitan prolongar seis meses m¨¢s la causa sobre la supuesta financiaci¨®n irregular en la era de Aguirre, que concluye este viernes
Izquierda Unida (IU) ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa Castell¨®n, instructor del caso P¨²nica, un escrito en el que pide que se impute al PP como persona jur¨ªdica en la pieza de este macrosumario de corrupci¨®n en el que se investiga la supuesta financiaci¨®n irregular del partido en Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre, seg¨²n el documento al que ha tenido acceso EL PA?S. No es la primera vez que IU, que ejerce una de las acusaciones populares junto a varias organizaciones ecologistas y la Federaci¨®n Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), solicita que el PP adquiera la condici¨®n de investigado y, por tanto, que un representante legal o administrador del mismo sea interrogado. En anteriores ocasiones, la iniciativa ha sido rechazada por el magistrado, con el respaldo de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, al considerar que en aquel momento ¡°la investigaci¨®n a¨²n se estaba desarrollando y era prematuro¡±.
En esta ocasi¨®n el escrito se presenta cuando solo quedan unos d¨ªas para que, el pr¨®ximo viernes, 29 de octubre, concluya la pr¨®rroga de tres meses que Garc¨ªa-Castell¨®n acord¨® a finales de julio para dar por finalizada la investigaci¨®n de esta pieza. Por ello, esta acusaci¨®n pide tambi¨¦n que la instrucci¨®n de la causa se alargue otros seis meses. Otra de las acusaciones populares, en este caso la que ejerce el PSOE personado a trav¨¦s de la Asociaci¨®n de Abogados Dem¨®cratas por Europa (Adade), tambi¨¦n ha presentado un escrito con este ¨²ltimo fin. En esta pieza del macrosumario llegaron a estar imputados tres de los expresidentes auton¨®micos: Esperanza Aguirre, Ignacio Gonz¨¢lez y Cristina Cifuentes, si bien la causa contra esta ¨²ltima se archiv¨® el pasado abril.
En su escrito, IU recalca que de la investigaci¨®n ¡°se desprende de forma indubitada que en el trasfondo de las actividades criminales que se investigan en esta instrucci¨®n [en la que se han agrupado las investigaciones sobre la caja b recabadas tanto en el caso P¨²nica como en otra operaci¨®n anticorrupci¨®n que salpica al PP madrile?o, el caso Lezo] se halla el propio Partido Popular, quien aparece [como] beneficiario directo de las actividades de la trama¡±. En concreto, en el supuesto desv¨ªo de fondos p¨²blicos entre 2012 y 2015 de la agencia inform¨¢tica de la Comunidad de Madrid, ICM, para el pago de gastos de campa?a, en lo que el escrito tilda de ¡°una aut¨¦ntica depredaci¨®n de dinero p¨²blico en beneficio exclusivo¡± de la formaci¨®n pol¨ªtica.
La acusaci¨®n recalca que el PP, ¡°como persona jur¨ªdica, no solo no tom¨® ninguna medida para prevenir o erradicar en su seno este tipo de pr¨¢cticas irregulares y delictivas, sino que desde el seno de la propia direcci¨®n del PP en Madrid se impuls¨® la adopci¨®n de estrategias y mecanismos de elusi¨®n del control p¨²blico y que derivaban en la comisi¨®n de una multiplicidad de hechos delictivos por una pluralidad de personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas¡±. Por todo ello, IU considera que el PP puede ser responsable penal en los delitos de cohecho, estafa, tr¨¢fico de influencias, blanqueo de capitales, contra la Hacienda P¨²blica, as¨ª como de varios delitos electorales.
¡°A la par, este modo de actuar por parte del PP de Madrid debe ser puesto en conexi¨®n con los delitos de organizaci¨®n criminal, de la que el partido se hab¨ªa beneficiado, y del delito de encubrimiento, obstruyendo sus principales dirigentes la acci¨®n de la justicia por acci¨®n u omisi¨®n¡±, a?ade la acusaci¨®n. El escrito recuerda que los hechos que se investigan se produjeron cuando ¡°ya hab¨ªa entrado en vigor la reforma del C¨®digo Penal [de 2013] que permite la imputaci¨®n de los partidos pol¨ªticos como personas jur¨ªdicas¡±.
Prorrogar la instrucci¨®n
El PSOE tampoco tira la toalla. El partido ha solicitado tambi¨¦n al juez que ampl¨ªe otros seis meses la investigaci¨®n sobre la supuesta caja b del PP de Madrid. A trav¨¦s de un escrito fechado el 24 de octubre, la formaci¨®n subraya que siguen vigentes los mismos motivos que esgrimi¨® Garc¨ªa-Castell¨®n el pasado julio para prorrogar la instrucci¨®n hasta este octubre y, por tanto, finiquitarla ahora supondr¨ªa ¡°ir contra sus propios actos¡±.
Seg¨²n resalta Adade en su escrito, el magistrado ¡°admit¨ªa¡± en su auto de julio que a¨²n quedan por recopilar pruebas que podr¨ªan derivar en nuevas iniciativas de investigaci¨®n. Entre otros puntos, Garc¨ªa-Castell¨®n detall¨® entonces que la Sala de lo Penal a¨²n no ha decidido si revoca su decisi¨®n de desgajar de estas pesquisas sobre una parte centrada en la bater¨ªa de facturas que Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda y en prisi¨®n para cumplir una condena de m¨¢s de 40 a?os por el caso G¨¹rtel, present¨® en la Audiencia Nacional. Estos documentos, seg¨²n la versi¨®n del antiguo primer edil, sirvieron para ¡°sobrefacturar¡± m¨¢s de un mill¨®n de euros a trav¨¦s de la empresa p¨²blica Mercado Puerta de Toledo y desviar el dinero a la contabilidad paralela de la formaci¨®n conservadora.
Pero los magistrados de la Sala de lo Penal todav¨ªa no han resuelto ese asunto relacionado con Ortega. ¡°La situaci¨®n de incertidumbre procesal sobre esta pieza se mantiene¡±, ahonda la acusaci¨®n popular, que incide en que tambi¨¦n queda pendiente unir documentaci¨®n procedente de la Operaci¨®n Lezo, una macrotrama de corrupci¨®n que tiene como epicentro al expresidente madrile?o Ignacio Gonz¨¢lez, y dar acceso a las partes personadas.
El juez Garc¨ªa-Castell¨®n hace tiempo que da por ¡°agotada¡± la investigaci¨®n sobre la presunta contabilidad paralela del PP de Madrid y mantiene que debe cerrarse para acordar si se env¨ªa a juicio a los implicados o si, por el contrario, se da carpetazo a las acusaciones. En esta l¨ªnea, la propia Sala de lo Penal le inst¨® el pasado febrero a ¡°no demorar por m¨¢s tiempo la conclusi¨®n¡± de esta ¡°largu¨ªsima instrucci¨®n¡±. La investigaci¨®n judicial del caso P¨²nica se inici¨® en junio de 2015 y las primeras detenciones, entre ellas la del principal implicado, el exconsejero madrile?o del PP Francisco Granados, se produjeron en octubre de ese mismo a?o, hace ya seis a?os.
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