Los ¡°altos secretos¡± de Estado estar¨¢n bajo llave al menos 50 a?os

Historiadores, investigadores y p¨²blico deber¨¢n esperar al menos 50 a?os para conocer los secretos m¨¢s sensibles del Estado, aquellos que pueden causar un da?o excepcionalmente grave a los intereses esenciales de Espa?a, como su defensa y seguridad. Ese el plazo que fija el borrador del proyecto de ley en el que trabaja el Gobierno para sustituir a la Ley de Secretos Oficiales de 1968, que no fijaba ning¨²n plazo y convert¨ªa los secretos en eternos. Esa ley fue aprobada en pleno franquismo y est¨¢ a¨²n vigente, con los retoques que se introdujeron en octubre de 1978 en v¨ªsperas de aprobarse la Constituci¨®n. Pero el nuevo plazo de medio siglo no ser¨¢ cerrado, pues el borrador, seg¨²n fuentes gubernamentales, permite prorrogar la clasificaci¨®n de las informaciones m¨¢s protegidas e impedir el acceso p¨²blico a las mismas durante una d¨¦cada m¨¢s si as¨ª se decide.

El Gobierno del PP, y luego el del PSOE, llevan paralizando desde noviembre de 2016 una proposici¨®n de ley que el PNV ha presentado una y otra vez en el Congreso para derogar la ley franquista de secretos oficiales y sustituirla por una legislaci¨®n homologable a la de las democracias m¨¢s avanzadas. Su principal objetivo es cambiar un sistema que permite mantener oculta la informaci¨®n de manera indefinida por otro de desclasificaci¨®n autom¨¢tica una vez cumplidos determinados plazos, que la propuesta del PNV fija entre 10 y 25 a?os.

Como alternativa, el Gobierno empez¨® a elaborar la pasada primavera su propio proyecto. Primero fue el Ministerio de Defensa el que pilot¨® la iniciativa pero, al haber varios ministerios implicados, asumi¨® la direcci¨®n la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Tras la remodelaci¨®n del Gobierno, en julio pasado, el Ministerio de la Presidencia, con F¨¦lix Bola?os al frente, tom¨® el relevo y ha convocado ya varias reuniones con representantes de los departamentos directamente afectados: Defensa, Interior y Exteriores. Aunque quedan todav¨ªa asuntos por cerrar ¡ªincluidos algunos de los m¨¢s espinosos¡ª, estos son los ejes del borrador.

Cuatro niveles de protecci¨®n. Frente a las dos categor¨ªas previstas en la ley vigente (secreto y reservado), el borrador distingue cuatro (alto secreto, secreto, confidencial y restringido), en funci¨®n de en qu¨¦ grado afectar¨ªa a los intereses de Espa?a su difusi¨®n no autorizada: el primero se refiere a aquella informaci¨®n que causar¨ªa un da?o extraordinariamente grave; el segundo, grave; el tercero los perjudicar¨ªa; y el ¨²ltimo les ser¨ªa desfavorable. Tanto la OTAN como la UE y la mayor¨ªa de los socios y aliados de Espa?a disponen de estas mismas cuatro categor¨ªas, lo que facilitar¨¢ el intercambio de informaci¨®n, seg¨²n estas fuentes. En Espa?a se han utilizado en los ¨²ltimos a?os las calificaciones de ¡°confidencial¡± o ¡°difusi¨®n limitada¡± pero sin el respaldo de ley alguna.

?Qui¨¦n clasifica? La legislaci¨®n vigente limita al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor (Jujem) la competencia para clasificar un asunto, acto, documento, informaci¨®n, dato u objeto; es decir, una materia susceptible de ser conocida, cualquiera que sea el soporte que la contenga y el medio a trav¨¦s del cual se transmita. Como la Jujem ya no existe como tal, el Gobierno es el ¨²nico que puede hacerlo. El proyecto sustituye ahora este ¨®rgano colegiado por una amplia lista de titulares de instituciones del Estado, siempre de forma individual: el presidente del Gobierno, determinados ministros (Defensa, Interior, Exteriores y, probablemente, Econom¨ªa), el jefe del Estado Mayor de la Defensa, los jefes de los tres ej¨¦rcitos, el secretario de Estado de Seguridad, los responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil o los embajadores al frente de una misi¨®n diplom¨¢tica. No est¨¢ claro que todos puedan clasificar con todos los grados de secreto.

Plazos de desclasificaci¨®n. Los plazos de desclasificaci¨®n depender¨¢n del nivel de protecci¨®n de los asuntos. Los m¨¢s sensibles (¡°alto secreto¡±) quedar¨¢n vedados al acceso p¨²blico durante un periodo de 50 a?os, y los de menor implicaci¨®n (¡°restringido¡±) saldr¨¢n a la luz en menos de un lustro. El blindaje de los temas calificados de ¡°alto secreto¡± y ¡°secreto¡± podr¨¢ prorrogarse, una vez agotado el periodo inicial, por un plazo suplementario fijado en principio en 10 a?os, lo que no pasar¨¢ con los ¡°confidenciales¡± y ¡°restringidos¡±, cuyo tiempo de clasificaci¨®n ser¨¢ improrrogable.

Los plazos del borrador son mucho m¨¢s largos que los que propuso el PSOE cuando, a¨²n en la oposici¨®n, enmend¨® la proposici¨®n del PNV. Entonces, los socialistas planteaban que la documentaci¨®n secreta se clasificara por un periodo de 25 a?os, prorrogables por 10, mientras que el PP quer¨ªa blindarlos por 25 a?os con posibilidad de llegar a 50.

Espa?a es uno de los pocos pa¨ªses donde la clasificaci¨®n de secreto tiene car¨¢cter indefinido. En Estados Unidos el plazo est¨¢ en 25 a?os, aunque puede prolongarse, pero tambi¨¦n acortarse, ya que existen procedimientos de revisi¨®n. En Alemania, el tiempo de protecci¨®n var¨ªa de 30 a 60 a?os, seg¨²n la sensibilidad de la informaci¨®n.

?Qui¨¦n desclasifica? El procedimiento de desclasificaci¨®n es uno de los asuntos t¨¦cnicamente m¨¢s complejos. La ley vigente deja la desclasificaci¨®n en manos del ¨®rgano que clasifica, el Gobierno, pero el borrador de la nueva ley no cierra la puerta a que haya un ¨®rgano espec¨ªfico encargado de revisar la informaci¨®n secreta y proponer su desclasificaci¨®n total o parcial, ya que un mismo documento puede contener p¨¢rrafos con distinto grado de clasificaci¨®n (de ah¨ª los tachones que suelen aparecer). La desclasificaci¨®n debe ser cuidadosa para no revelar fuentes o procedimientos de los servicios de inteligencia y no vulnerar la protecci¨®n de datos personales, que legalmente se extiende hasta 25 a?os despu¨¦s del fallecimiento del afectado o 50 desde la finalizaci¨®n del expediente, seg¨²n la Ley del Patrimonio Hist¨®rico Espa?ol.

Autoridad Nacional de Seguridad (ANS). La autoridad responsable de la protecci¨®n de la informaci¨®n clasificada que Espa?a recibe de las organizaciones internacionales de las que forma parte (OTAN y UE, entre otras) corresponde actualmente a los ministros de Defensa y Exteriores, quienes la tienen delegada en la directora general del CNI. El servicio secreto tambi¨¦n es el competente para conceder al personal de los distintos ministerios, tras investigar a los solicitantes, la denominada Habilitaci¨®n Personal de Seguridad (HPS), que les permite acceder a informaci¨®n clasificada. El funcionamiento de esta autoridad es uno de los puntos que ha sido objeto de debate en el nuevo borrador, debido a los recelos de Interior. El texto se basa en la ¡°necesidad de conocer¡±; es decir, cada uno solo tendr¨¢ acceso a la informaci¨®n que precise para cumplir con su cometido.

Relaci¨®n con la justicia. Es uno de los puntos m¨¢s delicados. Los jueces que quieren acceder a un informe secreto deben pedir su desclasificaci¨®n al Consejo de Ministros mediante una exposici¨®n razonada. Si este se niega a entregarlo, solo les queda acudir a la Sala de Conflictos de Jurisdicci¨®n que, en el caso de los papeles del exesp¨ªa Juan Alberto Perote, oblig¨® al Gobierno a entregar la informaci¨®n reclamada. El problema se plantea con las informaciones que Espa?a recibe de sus socios o de organizaciones internacionales y que no puede desclasificar sin su autorizaci¨®n, salvo que se exponga a vulnerar acuerdos internacionales de protecci¨®n de la informaci¨®n clasificada. El ¨²nico juez que puede acceder ahora a informaci¨®n secreta es el magistrado del Supremo que controla las actividades del CNI.

Secretos y Parlamento. No menos controvertido es el acceso del poder legislativo a los secretos de Estado. Actualmente es la Comisi¨®n de Fondos Reservados del Congreso la que, a puerta cerrada, recibe informaci¨®n clasificada. En estas reuniones, los diputados no manejan informes secretos, sino que reciben informaci¨®n verbal que les facilitan los ministros de Exteriores, Interior y Defensa. En alguna ocasi¨®n, estos parlamentarios, y otros que no pertenecen a dicha comisi¨®n, han podido consultar, en La Moncloa o en otras dependencias oficiales, informaci¨®n clasificada, sin poder sacar copia ni tomar nota de la misma. Se trata de un procedimiento informal, que carece de regulaci¨®n legal. Dado lo delicado del asunto, es probable que el proyecto renuncie finalmente a abordarlo y se remita a los reglamentos de las c¨¢maras para regular el acceso de los parlamentarios a los secretos de Estado.

Per¨ªodo transitorio. Una disposici¨®n transitoria dispondr¨¢ qu¨¦ hacer con la ingente informaci¨®n secreta acumulada hasta ahora. La propuesta del PSOE en 2018, cuando enmend¨® al PNV, era sacar a la luz todos los documentos clasificados hace m¨¢s de 35 a?os; es decir, todos los anteriores a 1986, tomando como referencia la fecha actual. El PP optaba en cambio por una desclasificaci¨®n escalonada. Lo que previsiblemente no se demore ya es la exposici¨®n p¨²blica de todos los informes anteriores a 1968, cuando entr¨® en vigor la ley franquista, algo que Defensa ya ha hecho sin que la hayan seguido otros ministerios.

?Para cu¨¢ndo la ley? La ley de secretos se cay¨® del plan normativo del Gobierno para 2021 y se espera que est¨¦ incluida en el de 2022. Para sacarla adelante, el PSOE no solo deber¨¢ lograr un acuerdo con su socio de coalici¨®n (Unidas Podemos), sino tambi¨¦n con el PNV, como aliado preferente e impulsor de la iniciativa, y con el PP, al tratarse de una pol¨ªtica de Estado.