La renovaci¨®n del Constitucional, primer paso hacia una mayor¨ªa progresista en el tribunal

El Constitucional ha dado con el reciente pacto entre el Gobierno y el PP el primer paso para un cambio de mayor¨ªas en el tribunal, en favor del sector progresista, hasta ahora minoritario. El acuerdo para desbloquear la renovaci¨®n pendiente desde hace un a?o y medio ya va a suponer un cierto reequilibrio, pero el giro para cambiar la actual mayor¨ªa conservadora, y con ello la din¨¢mica de la instituci¨®n, llegar¨¢ en junio del a?o pr¨®ximo, si en esa ocasi¨®n los relevos pueden llevarse a cabo sin impedimentos en los plazos previstos por la Constituci¨®n.

En esta ¨²ltima fase, el Constitucional ha funcionado claramente escorado a la derecha. Lo reflejan los resultados m¨¢s habituales de las votaciones, con predominio del sector conservador por siete votos frente a tres de la minor¨ªa progresista, aunque es verdad que con oscilaciones seg¨²n la naturaleza de los recursos. El presidente saliente, Juan Jos¨¦ Gonz¨¢lez Rivas, por ejemplo, ha apoyado al bloque progresista en su negativa a anular los decretos del estado de alarma, declarados finalmente inconstitucionales por seis votos a cinco en el primer caso y por seis a cuatro en el segundo, ocasi¨®n en que el bloque conservador recuper¨® el apoyo del magistrado Andr¨¦s Ollero.

Esta diferencia de resultados refleja en paralelo la ausencia de un voto, porque en el primer caso los registrados eran once, y en el segundo diez. Ello se debe a que en los plenos celebrados tras el verano, el tribunal no ha estado al completo de sus doce miembros naturales. La causa ha sido la baja del magistrado del sector conservador Alfredo Montoya, que se recupera de un ictus sufrido en agosto pasado. La baja de Montoya se ha sumado a la renuncia en octubre de 2020 del magistrado Fernando Vald¨¦s, cuya ausencia debilit¨® muy sensiblemente a la minor¨ªa progresista.

05:05

El tenso encuentro entre Od¨®n Elorza y Enrique Arnaldo

Hay muchas cuestiones, adem¨¢s de las relativas a las medidas tomadas frente a la pandemia, que el tribunal habr¨ªa resuelto de forma distinta a como lo ha hecho de haber prosperado las tesis del sector progresista, sobre todo en materia de derechos y libertades. Las alternativas a la ley de Seguridad Ciudadana o a la prisi¨®n permanente revisable ¡ªque en su d¨ªa estaban en manos de Vald¨¦s¡ª se encuentran en una ya larga lista de votos particulares del sector actualmente minoritario.

Con la renovaci¨®n ahora pactada, el Constitucional contar¨¢ transitoriamente con once magistrados, a la espera de la reincorporaci¨®n de Montoya. Cuando el tribunal vuelva a estar al completo, con sus doce componentes, el sector conservador seguir¨¢ teniendo mayor¨ªa, pero esta vez por siete a cinco. Puede parecer una diferencia escasa, pero no lo es. La raz¨®n estriba en que si en alguna ocasi¨®n se produjera un empate a seis en la votaci¨®n de una resoluci¨®n, el voto de calidad, que decanta el resultado, corresponde al presidente. Y hasta su pr¨®xima renovaci¨®n, el tribunal contar¨¢ con un presidente del sector conservador.

Si se puede afirmar con rotundidad que este bloque mantendr¨¢ la presidencia es porque quienes deciden sobre a qui¨¦n se encarga esta responsabilidad son los propios magistrados, en su primera reuni¨®n tras la renovaci¨®n. En ese pleno, el bloque conservador seguir¨¢ teniendo el control de la situaci¨®n si permanece unido, y su prop¨®sito es concentrar sus votos en un solo candidato. De hecho, si el PP ha accedido al pacto para renovar el Constitucional ha sido para recuperar la cohesi¨®n del bloque conservador, agrietado en alunas votaciones. En aras de ese objetivo de cerrar filas han sido propuestos candidatos como Enrique Arnaldo, muy pr¨®ximo al actual presidente popular, Pablo Casado, y a la vez de ideolog¨ªa netamente conservadora, como Concepci¨®n Espejel.

La renovaci¨®n va a suponer con toda probabilidad la llegada a la presidencia del magistrado Pedro Gonz¨¢lez Trevijano, perteneciente al sector conservador y ponente de la sentencia que anul¨® el confinamiento del primer decreto del estado de alarma por haberse aprobado bajo el paraguas legal del estado de alarma, y no el del estado excepci¨®n. Trevijano formar¨¢ de hecho un t¨¢ndem con Arnaldo, con quien le une una estrecha amistad. Pero a la vicepresidencia del Constitucional acceder¨ªa el magistrado progresista Juan Antonio Xiol. Un cambio relevante, porque el vicepresidente preside una de las dos Salas que componen el tribunal.

En el pasado, Trevijano y Xiol colaboraron en la b¨²squeda de posiciones compartidas en el Constitucional. Por ejemplo, en resoluciones en las que al comienzo del proc¨¦s el tribunal abogaba por salidas dialogadas para la crisis. M¨¢s tarde, cuando ya se vio inevitable el choque de trenes, cada uno se aline¨® en funci¨®n de sus afinidades. De hecho, Xiol ha encabezado todos los votos particulares que los condenados por el proceso independentista est¨¢n utilizando ahora ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para sostener la tesis de que las penas que se impusieron a los l¨ªderes secesionistas fueron desproporcionadas.

Con la incorporaci¨®n de los magistrados Juan Ram¨®n S¨¢ez e Inmaculada Montalb¨¢n, el sector progresista contar¨¢ con cinco miembros, al sumarse a Mar¨ªa Luisa Balaguer ¡ªque ha apoyado los votos en contra de las sentencias sobre el proc¨¦s¡ª, C¨¢ndido Conde-Pumpido, y Xiol, ya citado. Pero este grupo seguir¨¢ en minor¨ªa hasta que en junio pr¨®ximo puedan producirse otros cuatro relevos, de los que dos corresponden al Gobierno y otros dos al Consejo General del Poder Judicial.

El Ejecutivo tiene intenci¨®n de llevar a cabo en plazo los dos nombramientos que le corresponden. Pero no existen garant¨ªas de que llegara a efectuarlos sin dificultades, porque puede encontrarse con intentos de imped¨ªrselo si para entonces no se ha desbloqueado el Consejo General del Poder Judicial. El motivo reside en que la Constituci¨®n prev¨¦ que las renovaciones del Constitucional se har¨¢n por tercios cada tres a?os, es decir, con el relevo en cada caso de cuatro de los doce magistrados que componen el pleno. Si el Poder Judicial no ha recuperado para entonces su capacidad de realizar nombramientos, podr¨ªa pretenderse que no se ha cumplido el mandato constitucional de la renovaci¨®n por tercios, y tratar de cerrar el paso a las designaciones que corresponden al Gobierno.

En la comunidad jur¨ªdica se cree que el reciente pacto entre el Gobierno y el PP para renovar varias instituciones dar¨¢ paso a otro que desatasque tambi¨¦n el Consejo del Poder Judicial. Pero si no se alcanza este segundo acuerdo, es curiosamente el propio Constitucional el que tiene en sus manos el bot¨®n nuclear para hacer saltar todos lo diques por los aires. Ello se debe a que el tribunal de garant¨ªas tiene pendientes los recursos presentados por el PP y Vox contra la ley que impuls¨® el Gobierno para que el ¨®rgano de gobierno de los jueces no pueda proveer plazas vacantes mientras est¨¦ en funciones, como sucede ahora, en que lo est¨¢ desde hace casi tres a?os. Los ponentes de estas resoluciones son los magistrados Xiol y Balaguer, nombrados a propuesta del PSOE.

Si el tribunal de garant¨ªas dicta sentencia tumbando la prohibici¨®n de los nombramientos, nada podr¨¢ oponerse a que en junio pr¨®ximo se renueven otros cuatro magistrados del Constitucional, de modo que la instituci¨®n inaugure una nueva etapa, no solo con una mayor¨ªa progresista, sino con un presidente del mismo sector. Los magistrados del bloque conservador Pedro Gonz¨¢lez Trevijano y Antonio Narv¨¢ez ¡ªnombrados por el Gobierno del PP¡ª ser¨ªan sustituidos por el Ejecutivo actual, mientras el Consejo del Poder Judicial propondr¨ªa a un conservador y un progresista para las dos plazas que le corresponde proveer. El resultado, el mencionado siete a cinco a favor de los progresistas, que abrir¨ªa una nueva etapa, muy distinta a la actual, en el Constitucional.