La propuesta de Casado a S¨¢nchez para renovar el Constitucional permite al sector conservador mantener la presidencia

La renovaci¨®n del Tribunal Constitucional, propuesta este mi¨¦rcoles por el l¨ªder del PP, Pablo Casado, es una operaci¨®n mucho m¨¢s compleja que el mero cambio de los cuatro magistrados que llevan un a?o y medio con el mandato prorrogado por la falta de acuerdo para sustituirles. Entre los afectados por el relevo est¨¢n los actuales presidente y vicepresidenta del tribunal de garant¨ªas. Y el dato es importante no solo por la especial relevancia de la presidencia, sino tambi¨¦n porque la duraci¨®n del mandato puede depender de qui¨¦n resulte elegido para desempe?arla.

Los 12 magistrados del Constitucional son elegidos por tercios cada tres a?os, para permanecer en el tribunal un total de nueve. El pacto no escrito es que en cada renovaci¨®n el designado para la presidencia sea uno de los cuatro magistrados que inician los ¨²ltimos tres a?os de su mandato. Dada la mayor¨ªa conservadora actual, lo previsible es que si hay renovaci¨®n ahora fuera designado como presidente el catedr¨¢tico de derecho constitucional Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano, propuesto en su d¨ªa por el PP, y que tendr¨ªa en principio un mandato corto, hasta mediados del pr¨®ximo junio. En esa fecha toca otra renovaci¨®n del Constitucional, y est¨¢ en discusi¨®n si entonces el pleno del tribunal tendr¨ªa que reunirse o no para volver a elegir a un presidente.

Si en esta ocasi¨®n se rompiera la tradici¨®n, y se entendieran las normas internas en el sentido de que no es preciso votar otra vez sobre la presidencia, el designado ahora podr¨ªa ser el magistrado Ricardo Enr¨ªquez, tambi¨¦n elegido a propuesta del PP, y cuya permanencia al frente del Constitucional podr¨ªa prolongarse hasta 2026. Para el sector conservador del tribunal, ese ser¨ªa el dilema: elegir a Trevijano para un mandato corto, o a Enr¨ªquez, para asegurarse la presidencia por m¨¢s tiempo.

Controlar la agenda

Con Enr¨ªquez, la actual mayor¨ªa conservadora intentar¨ªa garantizarse al menos tres a?os el ejercicio de las funciones m¨¢s relevantes en la gesti¨®n de la instituci¨®n, entre otras la elaboraci¨®n del orden del d¨ªa de los plenos. Esta competencia equivale a que el presidente controla la agenda de decisiones del Constitucional, y puede impulsar o no la toma de decisiones, bas¨¢ndose en criterios que no tiene que justificar ante nadie. No existe el control parlamentario del Constitucional, y la Fiscal¨ªa acaba de informar al Supremo sobre las eventuales consecuencias del retraso en la deliberaci¨®n de los recursos contra la ley del aborto, subrayando que el ordenamiento jur¨ªdico prev¨¦ que ¡°las resoluciones del Tribunal Constitucional no podr¨¢n ser enjuiciadas por ning¨²n ¨®rgano jurisdiccional del Estado¡±. Con ello, los fiscales subrayan que si dicho tribunal ha resuelto postergar la deliberaci¨®n del mencionado recurso ¡ªaunque sea durante 11 a?os¡ª, no tiene por qu¨¦ dar explicaciones de sus motivos.

Con el desbloqueo de la renovaci¨®n pendiente, por otra parte, el sector conservador no perder¨ªa la mayor¨ªa en el tribunal. En este turno le corresponde al Congreso elegir a cuatro magistrados. Dos lo ser¨ªan a propuesta del PSOE y otros dos a iniciativa del PP. La operaci¨®n se traduce en tablas. El Constitucional seguir¨ªa con una mayor¨ªa de siete a cuatro a favor de los conservadores. Pero hay otra derivada que puede dar mayor confianza al PP. El actual presidente, Juan Jos¨¦ Gonz¨¢lez Rivas, fue propuesto por los populares, pero ha utilizado su voto de calidad a favor del sector progresista en algunas decisiones importantes. Por ejemplo, al prohibir manifestaciones durante la pandemia o para impedir el acceso de Toni Cant¨® a las listas de los populares en las auton¨®micas de Madrid, el pasado marzo. Los candidatos a sustituirle, tanto Trevijano como Enr¨ªquez, han votado siempre en armon¨ªa con el grupo conservador.

Trevijano fue el pasado julio el ponente de la sentencia que anul¨® el confinamiento del primer estado de alarma por estimar que para adoptar dicha medida hubiera sido imprescindible declarar primero el estado de excepci¨®n. Por otra parte, iba a formar dupla con Xiol, del sector progresista, que ser¨ªa el candidato a la vicepresidencia si el pacto llega ahora, para un mandato al que solo le quedan ocho meses. Salvo que ¡ªy esto es importante¡ª en junio pr¨®ximo se reproduzca el actual bloqueo y el Constitucional no pueda renovarse.

De los cuatro magistrados que deben tomar el relevo el a?o pr¨®ximo, dos han de ser nombrados por el Gobierno y los otros dos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ahora bien, este Consejo tiene el mandato caducado hace casi tres a?os y se le ha prohibido por ley efectuar nombramientos mientras est¨¦ en funciones. Si en junio pr¨®ximo la situaci¨®n sigue igual, no podr¨ªa realizar las designaciones que le corresponden, y est¨¢ en discusi¨®n si con ello bloquear¨ªa las que debe hacer el Gobierno. La Constituci¨®n prev¨¦ que el tribunal de garant¨ªas se renueve por tercios, y algunos expertos estiman que los cambios no pueden ser parciales, es decir, que o bien entran cuatro magistrados, o no entra ninguno.

Si el Gobierno consigue hacer sus dos nombramientos, los equilibrios del Constitucional se habr¨¢n invertido. Con los cambios, el tribunal pasar¨ªa a tener siete magistrados progresistas, por cinco conservadores. En esa situaci¨®n es indudable que la nueva mayor¨ªa intentar¨ªa hacerse con la presidencia, pues creen que la norma obliga a elegir de nuevo presidente. Si el presidente elegido ahora fuese Trevijano, no tendr¨ªa dificultades, porque este terminar¨ªa su presidencia en junio pr¨®ximo. Pero si el presidente fuera entonces Enr¨ªquez, se dar¨ªa la inusual paradoja de que la mayor¨ªa y la presidencia no concordar¨ªan, con las previsibles complicaciones para la gesti¨®n ordinaria del tribunal.