Anticorrupci¨®n prepara la acusaci¨®n definitiva contra el PP de Madrid por financiaci¨®n ilegal durante a?os
La Fiscal¨ªa analiza si pide procesar a la expresidenta junto a sus lugartenientes en el Gobierno y el partido
La cuenta atr¨¢s ha comenzado. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n da ya por agotada la investigaci¨®n sobre la presunta caja b del PP de Madrid y preparar¨¢ ahora su informe final sobre esta derivada del caso P¨²nica, bautizada como Pieza Separada 9. Seg¨²n un escrito enviado la pasada semana a la Audiencia Nacional, el ministerio p¨²blico no pedir¨¢ al juez instructor Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n una nueva pr¨®rroga de las pesquisas ¡ªcuyo plazo expira el 29 de enero¡ª y se centrar¨¢ en la elaboraci¨®n de sus conclusiones definitivas sobre la supuesta financiaci¨®n irregular de los populares. Un documento que marcar¨¢ el futuro judicial de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, imputada desde 2019 y a quien se atribuy¨® la ¡°supervisi¨®n¡± de los mecanismos irregulares detectados en la trama. El escrito que prepara la Fiscal¨ªa desgranar¨¢ todas las ¡°pruebas¡± de la corrupci¨®n que anid¨® tanto en el PP de Madrid como en el Gobierno regional para financiar ilegalmente a la formaci¨®n conservadora.
¡°Consideramos que las pruebas recabadas durante la instrucci¨®n permiten realizar, y as¨ª se har¨¢, un informe razonado, motivado e individualizado de todas las personas, f¨ªsicas y jur¨ªdicas, que constan actualmente investigadas en la presente pieza¡±, resumen los tres fiscales del caso ¡ªAlejandro Cabaleiro, Carmen Garc¨ªa Cerd¨¢ y Mar¨ªa Teresa G¨¢lvez¡ª en el escrito remitido al juez. Los investigadores consideran que tienen suficientes indicios sobre la contabilidad paralela del PP en Madrid, seg¨²n indicaron a EL PA?S fuentes conocedoras de la investigaci¨®n. Pero, a estas alturas de las pesquisas y sin que ninguno de los subordinados directos de Aguirre la haya se?alado con pruebas s¨®lidas, la clave reside en si Anticorrupci¨®n concluye que cuenta con suficientes elementos para pedir al magistrado que incluya a la expresidenta en la lista de procesados.
En un informe fechado este 20 de mayo, los fiscales incidieron en que la ¡°investigaci¨®n aporta indicios de la existencia de un plan a trav¨¦s del cual, altos cargos de la Administraci¨®n auton¨®mica madrile?a podr¨ªan haberse hecho con dinero p¨²blico para satisfacer necesidades del partido, electorales o no, y enriquecer a alguno de los consejeros y altos directivos de los entes p¨²blicos¡±. El ministerio p¨²blico enumer¨® entonces hasta una decena de informes de la Guardia Civil que apuntaban en la misma direcci¨®n. Entre los imputados, adem¨¢s de Aguirre, se encuentran tambi¨¦n el expresidente Ignacio Gonz¨¢lez; Beltr¨¢n Guti¨¦rrez, exgerente de los populares madrile?os; y exconsejeros como Francisco Granados, Salvador Victoria o Manuel Lamela.
La investigaci¨®n sobre la presunta financiaci¨®n irregular del PP de Madrid comenz¨® en 2016, dos a?os despu¨¦s de que se abriera el caso P¨²nica en la Audiencia Nacional. La Guardia Civil hab¨ªa encontrado en la buhardilla de la casa de Granados una agenda Moleskine de color negro y, tras analizarla al detalle, los agentes y Anticorrupci¨®n concluyeron que el exconsejero registr¨® en ella las entregas de dinero de constructoras para el partido y las salidas de efectivo durante las elecciones auton¨®micas de 2011. El hombre de confianza de Aguirre, jefe de campa?a, hab¨ªa confeccionado una especie de contabilidad, ordenada en dos columnas encabezadas, cada una de ellas, por las palabras en ingl¨¦s ¡°in¡± [dentro] y ¡°out¡± [fuera]¡±. A los presuntos donantes se les identificaba por sus iniciales; y al receptor de una parte de los fondos, tambi¨¦n: por ejemplo, ¡°BG¡± corresponde a las iniciales de Beltr¨¢n Guti¨¦rrez, el gerente.
Los investigadores emprendieron entonces la escalada por la cadena de mando, que culmin¨® con la imputaci¨®n de Aguirre en septiembre de 2019 con un dur¨ªsimo auto que la situaba en la c¨²spide de la trama. El relato del magistrado, que asumi¨® la tesis de Anticorrupci¨®n, comenzaba describiendo una reuni¨®n que se produjo en 2004 en la sede de la Presidencia del Gobierno de Madrid. Una cita encabezada presuntamente por la l¨ªder de la formaci¨®n y donde se dieron instrucciones a los consejeros para que adjudicasen supuestamente contratos de publicidad a la empresa de Horacio Mercado, Over Marketing, a la que usaban para desviar despu¨¦s el dinero a las arcas del PP de Madrid.
Los tres escenarios de la corrupci¨®n que, a lo largo de la instrucci¨®n, Anticorrupci¨®n ha considerado indiciariamente acreditados se corresponden con el PP de Madrid, presidido por Aguirre; la fundaci¨®n del partido en Madrid, Fundescam, presidida por Aguirre; y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Aguirre.
El nombre de Aguirre aparece de forma reiterada a lo largo de la instrucci¨®n. Ella fue la gran beneficiada de la trama: el dinero desviado se us¨® para financiar sus actos electorales, e incluso para pagar una campa?a de reputaci¨®n online a su favor, seg¨²n las pesquisas. Sus hombres de m¨¢xima confianza jugaron papeles clave: Gonz¨¢lez era su vicepresidente en el Gobierno; Granados, adem¨¢s de su consejero, asum¨ªa la secretar¨ªa general del partido; y Guti¨¦rrez, llevaba las cuentas de la formaci¨®n. Los dos primeros se encargaron de dirigir las campa?as electorales de la presidenta.
¡°Una situaci¨®n como la descrita explica que el impulso y la supervisi¨®n de todo el entramado pivotara en la presidenta del PP de la Comunidad de Madrid y presidenta de la fundaci¨®n, quien se postul¨® a la presidencia de la CAM¡±, resumi¨® Garc¨ªa-Castell¨®n: ¡°La investigaci¨®n arroja indicios racionales de que Aguirre [...] ide¨® la b¨²squeda de recursos que financiaran las campa?as que ella misma seleccionaba. [Era] la supervisora ¨²ltima de las sinergias entre sus consejeros de confianza. Las campa?as iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura pol¨ªtica y consolidarla como presidenta¡±.
Horacio Mercado detall¨®, por ejemplo, que siempre trat¨® todo el asunto sobre la facturaci¨®n en b con Beltr¨¢n Guti¨¦rrez: ¡°Creo que tanto Granados como Gonz¨¢lez conoc¨ªan el tema, sin ninguna duda¡±, apostill¨® el empresario, que cont¨® que tambi¨¦n se reuni¨® varias veces con Aguirre, pero que nunca trat¨® el tema directamente con ella. Seg¨²n el auto de imputaci¨®n del juez, ¡°la supervisi¨®n y control de las partidas de publicidad de cualquier consejer¨ªa se habr¨ªa centralizado al m¨¢s alto nivel del Gobierno regional, bajo la supervisi¨®n de la presidenta Esperanza Aguirre; y decidi¨¦ndose que su ¨®rgano ejecutor fuese¡± el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo, Ignacio Gonz¨¢lez.
Gonz¨¢lez, mano derecha de Aguirre, tambi¨¦n manejaba la Agencia de Inform¨¢tica y Comunicaci¨®n (ICM) y el Canal de Isabel II, que se emplearon para la ¡°adjudicaci¨®n de contratos con la prestaci¨®n simulada o sobrevalorada¡±. ¡°El plan preconcebido, impulsado desde Presidencia y Vicepresidencia con el respaldo de otros consejeros que se involucraron en el proyecto para recaudar fondos para el PP, consigui¨® desviar entre los a?os 2006 a 2010 un flujo muy importante de fondos p¨²blicos de diversas consejer¨ªas o entes p¨²blicos adscritos a las mismas, a trav¨¦s de diversos artificios¡±, destac¨® el magistrado instructor, que a?adi¨® que el partido ¡°gratificaba¡± despu¨¦s ¡°con adjudicaciones¡± a los empresarios que le ayudaban con las campa?as y donaban fondos a su presunta caja b.
Testimonios contra Aguirre
Adem¨¢s de la declaraci¨®n de Horacio Mercado y otro exconsejero que sit¨²an a la expresidenta en reuniones donde se dieron directrices para beneficiar al empresario, otros dos testimonios apuntan a Aguirre. Luis B¨¢rcenas, extesorero nacional del PP, detall¨® al juez los supuestos mecanismos de financiaci¨®n ilegal usados por el PP de Madrid y atribuy¨® a la l¨ªder un conocimiento directo. Es m¨¢s, afirm¨® que, junto a ?lvaro Lapuerta, su antecesor en el cargo, entregaron a Aguirre un sobre con 60.000 euros que hab¨ªa dado el constructor Luis G¨¢lvez. Pero, el pasado marzo, el magistrado archiv¨® las imputaciones contra G¨¢lvez por falta de indicios.
Por otra parte, Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda y condenado a m¨¢s de 40 a?os de c¨¢rcel por su implicaci¨®n en la trama G¨¹rtel, explic¨® al juez que, a trav¨¦s de la empresa que dirig¨ªa, Mercado Puerta de Toledo, ¡°sobrefactur¨®¡± m¨¢s de un mill¨®n de euros para desviar esos fondos y pagar as¨ª diversos gastos de las campa?as electorales del PP. Seg¨²n narr¨® el exregidor, fue Aguirre quien lo coloc¨® al frente de esa compa?¨ªa p¨²blica tras acusarle de manipular un concurso de suelo p¨²blico y le lleg¨® a felicitar por su labor il¨ªcita. Un relato que provoc¨® que Garc¨ªa-Castell¨®n abriese otra l¨ªnea de investigaci¨®n (Pieza 13), que desgaj¨® de la Pieza 9.
Sin embargo, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n recurri¨® esta decisi¨®n del juez al considerar que las piezas 9 y 13 versan sobre el mismo asunto ¡ªla presunta caja b del PP¡ª y, por tanto, no se pueden instruir por separadas. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene pendiente resolver sus alegaciones. De hecho, en el escrito enviado la pasada semana al magistrado, el ministerio p¨²blico condiciona no pedir m¨¢s pr¨®rrogas a la resoluci¨®n de este recurso. Por su parte, Garc¨ªa-Castell¨®n ya ha evidenciado que ¨¦l tambi¨¦n considera ¡°agotada¡± estas pesquisas sobre la financiaci¨®n irregular y que se encuentra listo para pronunciarse sobre el procesamiento o desimputaci¨®n de los implicados.
El sumario que destroza al PP madrile?o
El caso Púnica empezó en 2014 con una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional y, muy pronto, se convirtió en una macrocausa que suma ya más de una docena de derivadas. El Juzgado Central de Instrucción número 6 ha abierto 13 líneas de investigación en este macrosumario, que tiene como epicentro a Francisco Granados, exconsejero de Esperanza Aguirre en su etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid y uno de sus principales colaboradores. De las 13 piezas del puzle, solo una se ha juzgado hasta ahora: la que condenó a Granados a dos años de cárcel por recibir el chivatazo de un guardia civil de que estaba siendo investigado. De las 12 restantes, dos se encuentran pendientes de que se celebre la vista oral —las que versan sobre los tejemanejes de la trama en Murcia y en la Diputación de León—; seis aún siguen en instrucción; y otras seis ya se han dado por finalizadas y están a la espera de que se envíen a juicio. Entre otros asuntos, estas pesquisas mantienen bajo sospecha irregularidades en la adjudicación de contratos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y en varios ayuntamientos de la región, además de la presunta caja b del PP autonómico.
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