El Gobierno trabaja en la redefinici¨®n del concepto de poblaci¨®n ajustada para el reparto de fondos entre comunidades

El Gobierno trabaja para cumplir su promesa de presentar, antes de que acabe noviembre, un documento de trabajo sobre el nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica. Las posibilidades que se han barajado son tres, seg¨²n fuentes de expertos que trabajan en la reforma: abordarla de forma profunda pero sin contar con Catalu?a, dejar el modelo como est¨¢ o hacer unos cambios est¨¦ticos y acometer el problema de la deuda que ha supuesto y supone la infrafinanciaci¨®n para algunas comunidades de manera que se utilizar¨ªa como una instrumento de equidad. Las dos primeras est¨¢n pr¨¢cticamente descartadas por el problema pol¨ªtico que supondr¨ªa, tanto para comunidades gobernadas por el PSOE como para las del PP, adem¨¢s de gravar el conflicto con Catalu?a. Sin embargo, si entre los socialistas existen, entre comunidades como Castilla-La Mancha o la Valenciana, discrepancias sobre los criterios que se deben primar, entre los populares (cuyo voto es necesario para sacar adelante la reforma) tambi¨¦n existen may¨²sculas diferencias entre el planteamiento de Madrid, Andaluc¨ªa o Galicia. As¨ª, los mayores esfuerzos se centran en realizar ajustes de manera que se fije un m¨ªnimo com¨²n que, aunque no contentar¨¢ a todas las autonom¨ªas, s¨ª que marcar¨¢ criterios t¨¦cnicos complicados de desbancar.

Actualmente, el Fondo de Garant¨ªa de Servicios P¨²blicos, que es desde el que se reparte el grueso de los fondos, se distribuye en un 97% por variables demogr¨¢ficas (en lo que respecta a Sanidad, Educaci¨®n y Protecci¨®n Social) y otro 3% que realiza correcciones no demogr¨¢ficas entre las que se encuentra la superficie del territorio, la dispersi¨®n geogr¨¢fica y la insularidad. El problema es que ese fondo que se rige por la poblaci¨®n ajustada de la que hablan la mayor¨ªa de presidentes auton¨®micos no es el que marca la total distribuci¨®n de los recursos con los que se financian la sanidad, la educaci¨®n y los servicios sociales, sino que existen otros par¨¢metros ¡°pol¨ªticos¡± que hacen que ese criterio se diluya y desequilibre el reparto.

As¨ª, los t¨¦cnicos trabajan en que sea la poblaci¨®n ajustada la que f¨®rmula base y en un reajuste del concepto para que se aproxime m¨¢s a la realidad y recoja las reivindicaciones de las comunidades.

Entre las variables que se podr¨ªan incorporar para ponderar el criterio de poblaci¨®n ajustada se encuentra la ampliaci¨®n de la poblaci¨®n que ahora se toma como base para definir los recursos que se destinan a educaci¨®n. Actualmente solo se toma como referencia a los censados de entre 0 y 16 a?os y lo que se pretende es que se ampl¨ªe hasta los 24, que incluir¨ªa a quienes cursan FP o grados universitarios. El debate est¨¢ en si se toma como base a toda la poblaci¨®n hasta los 24 o de 0 a 16 seg¨²n el dato de poblaci¨®n y, adem¨¢s, a los matriculados en la educaci¨®n no obligatoria.

Otro de los ajustes en los que se trabaja es en la consideraci¨®n del riesgo de pobreza dentro de los recursos destinados a protecci¨®n social. En cuanto a la dispersi¨®n, que es uno de los baremos que las comunidades despobladas quieren que se prime, el hecho es que este criterio incluye a todas las entidades singulares, un t¨¦rmino administrativo que recoge todas las ¨¢reas que se considera habitables, aunque no lo est¨¦n. Los t¨¦cnicos consideran que el concepto se deber¨ªa revisar para que se tuvieran en cuenta ¨²nicamente las entidades habitadas y ponen como ejemplo Mieres (Asturias), en donde hay 250 entidades singulares que computan a la hora de percibir esa parte de la financiaci¨®n.

Al margen de la reformulaci¨®n de lo que se considere poblaci¨®n ajustada, tambi¨¦n se est¨¢n tratando la inclusi¨®n de nuevas variables, como la renta per c¨¢pita dado que, por ejemplo en Sanidad, las comunidades m¨¢s ricas ejercen menor presi¨®n sobre el sistema p¨²blico que las pobres. Entre las nuevas variables tambi¨¦n se baraja la poblaci¨®n flotante, por la que apuesta Baleares, donde se producen extraordinarias diferencias de poblaci¨®n entre el invierno y el verano, cuando los servicios p¨²blicos se ven desbordados por personas que no est¨¢n empadronadas en las islas y que, por tanto, no son contabilizadas a la hora del reparto de fondos. Tambi¨¦n se contempla se?alar unos costes fijos, para compensar la diferencia que supone la implantaci¨®n de servicios, de manera que no sea m¨¢s gravosa para las comunidades peque?as que para las grandes.

Adem¨¢s de las nuevas variables, fuentes conocedoras de la reforma admiten que se est¨¢ valorando la necesidad de abordar el tema de la deuda de las comunidades que, como la valenciana, han ido gastando como si percibieran una partida para compensar la infrafinanciaci¨®n con cargo a deuda.

Para Juan P¨¦rez, t¨¦cnico de investigaci¨®n del Ivie, el reajuste de la f¨®rmula de poblaci¨®n ajustada no deber¨ªa suponer grandes cambios respecto a los pesos actuales, lo que podr¨ªa permitir llegar a un acuerdo entre las comunidades. ¡°El principal problema es que el reparto actual de los fondos no obedece a la poblaci¨®n ajustada¡±, asegura, puesto que existen otros fondos (el de suficiencia y los de convergencia), que ¡°desvirt¨²an¡± el reparto. ¡°Es l¨®gico que cada comunidad pida que se prime el baremo que m¨¢s le beneficia, pero hay que buscar criterios t¨¦cnicos que tengan una justificaci¨®n sostenida en datos y estad¨ªsticas¡±, alega.

En lo que est¨¢n de acuerdo todas las comunidades es en la necesidad de que el montante total a repartir entre las autonom¨ªas para la financiaci¨®n de los servicios p¨²blicos esenciales sea mayor.