Un juzgado investiga si el presidente de Murcia medi¨® para adelantar una operaci¨®n a un familiar de Garc¨ªa Egea

Un juzgado de Murcia ha abierto diligencias previas contra el presidente de la comunidad aut¨®noma, Fernando L¨®pez Miras, y el secretario general de la Consejer¨ªa de Salud, Andr¨¦s Torrente, a los que Podemos e Izquierda Unida denunciaron por cohecho por, supuestamente, haber mediado para adelantar los plazos de una operaci¨®n quir¨²rgica a un familiar del secretario general del PP, Teodoro Garc¨ªa Egea.

El Juzgado de Instrucci¨®n N¨²mero 7, sobre el que ha reca¨ªdo el caso, ha pedido al ministerio fiscal que informe ¡°acerca de la viabilidad jur¨ªdica¡± de esa denuncia ¡°con car¨¢cter previo a decidir acerca de si se dirige formalmente o no el procedimiento contra los denunciados¡±, seg¨²n informa el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.

El caso sali¨® a la luz a partir de una informaci¨®n publicada en el diario digital InfoLibre el pasado mes de junio, que difundi¨® unas fotograf¨ªas de un m¨®vil que mostraba supuestamente una conversaci¨®n en WhatsApp entre el presidente murciano y Garc¨ªa Egea, amigos desde su juventud. En ella, L¨®pez Miras se?alaba la fecha de la operaci¨®n prevista para el familiar del secretario general del PP. Seg¨²n el medio digital, la conversaci¨®n evidenciaba que se hab¨ªa mediado para adelantar la fecha.

Las im¨¢genes se tomaron durante el transcurso de un pleno en la Asamblea Regional de Murcia y, desde entonces, fot¨®grafos y periodistas tienen vetada la entrada al sal¨®n de plenos durante las sesiones parlamentarias y solo se pueden tomar im¨¢genes al principio de ellas.

El PP regional ha anunciado que interpondr¨¢ acciones legales por ¡°esta denuncia falsa porque aquellos que atentan contra la dignidad de las personas deber¨¢n asumir las consecuencias de sus actos¡±, informa Elsa Garc¨ªa de Blas. El secretario general del Partido Popular de la Regi¨®n de Murcia, Jos¨¦ Miguel Luengo, ha puesto las miras en Podemos, formaci¨®n a la que acusa de usar la Justicia para sus fines pol¨ªticos ¡°sabiendo que la denuncia contra el presidente, Fernando L¨®pez Miras, es rotundamente falsa¡±, seg¨²n recoge un comunicado de los populares. La portavoz regional del PP, M¨ªriam Guardiola, ha lamentado que la denuncia contra L¨®pez Miras y Garc¨ªa Egea solo ¡°trata de manchar el honor y el prestigio de personas honradas¡± y la ha calificado de ¡°una mentira¡± para ¡°desprestigiar el buen nombre de pol¨ªticos intachables¡±.

El hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde se llev¨® a cabo la intervenci¨®n quir¨²rgica, tambi¨¦n abri¨® una investigaci¨®n interna al respecto, que determin¨® que el paciente hab¨ªa seguido los cauces habituales de transferencia entre centros (ya que ese centro no era su hospital de referencia) y descart¨® posibles tratos de favor. Adem¨¢s, el PP denunci¨® al director de Infolibre y la redactora que escribi¨® la informaci¨®n por un posible delito de revelaci¨®n de secretos por haber difundido datos de una conversaci¨®n privada y tambi¨¦n datos m¨¦dicos del familiar de Egea.

Para los dirigentes de Podemos e Izquierda Unida en la Regi¨®n de Murcia, la apertura de diligencias previas contra los dos altos cargos del PP evidencian que hay indicios de una actuaci¨®n irregular. ¡°No es la primera vez que juegan con la vida de la gente. Las vacunas VIP a altos cargos en enero ya demostraron lo mucho que piensan en s¨ª mismos y lo poco que les importan las vidas del resto. Este esc¨¢ndalo es una prueba m¨¢s¡±, ha se?alado el coordinador de Podemos en Murcia y diputado Javier S¨¢nchez Serna, en alusi¨®n a otra pol¨¦mica, la vacunaci¨®n fuera de plazo del exconsejero de Salud, que termin¨® dimitiendo, y otros altos cargos de ese departamento.

Por su parte, el coordinador de IU en Murcia, Jos¨¦ Luis ?lvarez Castellanos, ha advertido de que ¡°estos chanchullos tiene consecuencias fatales¡±, y ha recordado que dos m¨¦dicos del Virgen de la Arrixaca han presentado tambi¨¦n una denuncia por la supuesta manipulaci¨®n de las listas de espera en cardiolog¨ªa, en la que advierten de que unas 30 personas pudieron haber fallecido al retrasarles su fecha de intervenci¨®n en detrimento de otros pacientes.