El Tribunal de Cuentas debate el aval de la Generalitat para 34 ex altos cargos del ¡®proc¨¦s¡¯

El Tribunal de Cuentas afronta este lunes su ¨²ltima batalla en la ya larga guerra por los avales con que la Generalitat ha querido defender a sus 34 ex altos cargos y funcionarios acusados de desviar fondos p¨²blicos para la promoci¨®n exterior del proc¨¦s. La Secci¨®n de Enjuiciamiento va a debatir si admite o rechaza los recursos de los expedientados, que piden que se d¨¦ validez a la garant¨ªa que ofrece el Institut Catal¨¤ de Finances (ICF). Esta iniciativa fue rechazada por el tribunal en septiembre, antes de ser renovado, mientras que ahora existen muchas posibilidades de que este sistema de pago de las fianzas sea aceptado.

Con el paso del tiempo, el expediente ha ido perdiendo carga acusatoria, en parte por la actitud de la propia Abogac¨ªa del Estado, que primero lo impuls¨® y luego se ha retirado del asunto. La Abogac¨ªa ni siquiera quiso contestar a la consulta que el tribunal le dirigi¨® para conocer su opini¨®n sobre la admisibilidad de los avales. Y ahora, cuando pod¨ªa haber actuado para presentar la correspondiente demanda, ha optado por dejar de intervenir en el proceso, con el argumento de que la administraci¨®n que le corresponde defender es la del Estado, que no se vio perjudicada por los gastos invertidos en promover el proc¨¦s en el extranjero.

Ese perjuicio lo habr¨ªa sufrido la Generalitat, que a su vez siempre ha sostenido que nada tiene que reclamar a los expedientados, una lista encabezada por los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y siete exmiembros del Ejecutivo catal¨¢n, entre ellos el exconsejero de Economia Andreu Mas-Colell. En ausencia de la Abogac¨ªa, por un lado, y de la Generalitat, por otro, el papel acusador recae en la Fiscal¨ªa y en Sociedad Civil Catalana, entidad que ha sido la primera en presentar demanda. En ella, solo acusa a 11 de los 34 investigados, es decir, al grupo de dirigentes que identifica como el n¨²cleo duro del proc¨¦s, del que ha excluido a Mas-Colell.

En fuentes del propio Tribunal de Cuentas se da por descontado que la propuesta de resoluci¨®n que este lunes va a debatir la Secci¨®n de Enjuiciamiento es contraria a admitir los avales propuestos por la Generalitat. La ponencia le corresponde a la consejera Rebeca Laliga, integrante del sector conservador, hoy minoritario en el tribunal. En este grupo sigue arraigado el criterio de que las fianzas que pretende utilizar la Generalitat son inadmisibles, porque entra?an el empleo de dinero p¨²blico para defender los intereses y el patrimonio de quienes ya se valieron del desv¨ªo de fondos tambi¨¦n p¨²blicos para fines il¨ªcitos.

El sector progresista, en cambio, tiene ahora mayor¨ªa en el Tribunal de Cuentas, tras su renovaci¨®n de finales del a?o pasado. Y pertenecen a este sector los otros dos consejeros que componen la Secci¨®n de Enjuiciamiento en este caso. Se trata de Diego ??iguez y Rosario Garc¨ªa, ambos propuestos por el PSOE. En las mismas fuentes se estima que ese equilibrio de fuerzas se traducir¨¢ en un cambio de ponente para resolver sobre los avales en el caso de que la primera propuesta sea no admitirlos como sistema de pago de las fianzas.

El criterio dominante en el propio tribunal consiste en que lo m¨¢s probable es que el sistema propuesto por la Generalitat para respaldar econ¨®micamente a sus ex altos cargos y funcionarios acabe admiti¨¦ndose por dos votos a uno. La tesis del sector progresista ser¨ªa que los avales no implican gasto p¨²blico alguno, ya que se trata de una mera garant¨ªa de pago. La Generalitat tambi¨¦n se ha apoyado en este extremo para defender su texto legal, que la semana pasada fue aprobado en forma de ley por el Parlamento catal¨¢n, por 110 votos a favor y 16 en contra.

Para los expedientados, la aceptaci¨®n de la validez de los avales tendr¨ªa efectos muy beneficiosos. Todos ellos han conseguido en este mes que se levante el embargo de los bienes inmobiliarios que hab¨ªan quedado trabados por orden del Tribunal de Cuentas, para asegurarse que cobrar¨¢ si se dicta sentencia condenatoria. Lo reclamado hasta ahora suma 9,5 millones de euros, de los cuales 4,1 lo son por los gastos para organizar el refer¨¦ndum ilegal del 1-O, y 5,4 por los fondos desviados para la promoci¨®n exterior del proc¨¦s.

ERC aport¨® m¨¢s de 2 millones de euros para cubrir la presunta responsabilidad de sus militantes, y el resto se hab¨ªa ido cubriendo con aportaciones de dinero, inmuebles y fincas. La aceptaci¨®n de los avales de la Generalitat significar¨ªa liberar a todos los investigados de la carga de tener que seguir garantizando con sus cuentas y ahorros que har¨¢n frente a la responsabilidad contable que se les atribuya si m¨¢s adelante se dicta contra ellos una sentencia condenatoria.