Un modelo de financiaci¨®n pendiente de definir la poblaci¨®n ajustada

El sistema de financiaci¨®n auton¨®mica se aprob¨® en 2009, durante el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, y deb¨ªa estar en vigor cinco a?os. La previsi¨®n es que triplique ese periodo y su actualizaci¨®n se aplace a la pr¨®xima legislatura. El modelo actual provoca un rechazo un¨¢nime entre todos los barones, sin diferencias entre partidos. Sin embargo, fue aprobado por diez votos a favor y siete abstenciones. Las comunidades gobernadas por el PSOE (Arag¨®n, Asturias, Andaluc¨ªa, Baleares, Catalu?a, Castilla-La Mancha y Extremadura) fueron favorables, adem¨¢s de Canarias (CC-PP), Cantabria (PRC-PSOE) y Ceuta, que fue la excepci¨®n en el PP. Mariano Rajoy, entonces en la oposici¨®n, orden¨® la abstenci¨®n de los territorios presididos por su partido. Y eso es lo que hicieron Castilla y Le¨®n, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y Melilla. Navarra y Pa¨ªs Vasco no forman parte del r¨¦gimen com¨²n.

El modelo de financiaci¨®n aprobado hace 13 a?os increment¨® el porcentaje de impuestos cedidos al 50% del IRPF y el IVA y el 58% de los Impuestos Especiales. En el dise?o del nuevo sistema se tuvo en cuenta los aumentos de poblaci¨®n registrados desde 1999, a?o que se tom¨® como base del anterior modelo. En esos diez a?os el n¨²mero de habitantes de Espa?a experiment¨® una subida significativa de 40,3 a 46,3 millones. Desde entonces ha crecido otro mill¨®n. La Moncloa sostuvo que ser¨ªa un sistema ¡°m¨¢s flexible y eficaz¡± que el anterior, ¡°con el fin de adecuarse a las necesidades reales de gasto de las comunidades aut¨®nomas¡±. Pero no fue as¨ª.

El modelo ha quedado desfasado por la falta de acuerdo y no est¨¢ dotado de los recursos necesarios, seg¨²n coincide todo el arco pol¨ªtico. Y eso pese a que las comunidades recibir¨¢n este a?o adelantos a cuenta del sistema de financiaci¨®n por valor de 112.213 millones. Una cifra que equivale a una subida del 6,3% respecto a 2021 y que representa la cantidad m¨¢s abultada de dinero desde que se empez¨® a aplicar el sistema de reparto de fondos p¨²blicos. Pero su reparto no cubre las demandas de todos los territorios. Y cada a?o que pasa se agrava el malestar de las comunidades que se sienten infrafinanciadas. La Comunidad Valenciana cerr¨® 2021 con un d¨¦ficit de 1.292 millones, seguida de Catalu?a (752), Murcia (450), Andaluc¨ªa (305), Galicia (99), Castilla y Le¨®n (62) y Arag¨®n (56). En el otro extremo se sit¨²a Madrid, con un super¨¢vit de 735 millones.

La ministra de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, propuso el pasado diciembre a las comunidades una revisi¨®n del criterio de poblaci¨®n ajustada en la que se elevaba el peso del gasto sanitario y educativo. Fue el primer paso serio para iniciar la reforma del sistema. Los territorios ten¨ªan hasta el 31 de enero para hacer sus alegaciones a la propuesta. Desde entonces nada se ha movido. Los barones no se ponen de acuerdo sobre la poblaci¨®n ajustada. Y la toma de decisiones se ha ido postergando por factores tan dispares como la crisis que sacudi¨® al PP y el impacto econ¨®mico de la invasi¨®n de Ucrania, con la inflaci¨®n al 9,8%, su nivel m¨¢s elevado desde 1985. Entretanto, siguen teniendo m¨¢s peso las variables demogr¨¢ficas ¨Dpoblaci¨®n protegida equivalente, n¨²mero total de residentes, ni?os en edad escolar y mayores de 65 a?os¨D sobre factores geogr¨¢ficos como la superficie y la dispersi¨®n de la poblaci¨®n.

Los problemas comunes entre territorios de distinto signo se han impuesto al habitual cierre de filas partidista. Los presidentes de las ocho comunidades m¨¢s despobladas ¨Ccinco del PSOE (Arag¨®n, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja), dos del PP (Castilla y Le¨®n y Galicia) y Cantabria, del PRC- se reunieron en noviembre en Santiago, con Alberto N¨²?ez Feij¨®o de anfitri¨®n, para exigir que el futuro sistema garantice la cobertura del coste de los servicios esenciales en sus territorios. La forma de lograrlo ser¨ªa dando m¨¢s peso en el reparto de los fondos el envejecimiento de la poblaci¨®n, su dispersi¨®n y la orograf¨ªa. Estas comunidades suponen el 62% de la superficie del pa¨ªs y en ellas residen 11,5 millones de personas: el 25% de los 47,3 millones de habitantes en Espa?a.

Las comunidades m¨¢s pobladas quieren que se priorice al n¨²mero de habitantes, aunque aqu¨ª hay diferencias entre Madrid, que va por libre, y el frente bipartidista que han formado Andaluc¨ªa y Murcia (PP) con la Comunidad Valenciana (PSOE). Baleares y Canarias, ambas gobernadas por los socialistas, reclaman a su vez su condici¨®n insular y la singularidad de la poblaci¨®n flotante, es decir del turismo, que en temporada alta aumenta la presi¨®n sobre los servicios p¨²blicos. Catalu?a, por su parte, ha tendido puentes con valencianos y baleares.

Otro de los problemas del sistema vigente es que resulta muy dif¨ªcil de entender. El motivo es que cuenta con hasta cuatro fondos distintos: garant¨ªa de servicios p¨²blicos fundamentales, suficiencia, competitividad y cooperaci¨®n. El fondo de garant¨ªa supone el 80% de los recursos del sistema y se financia con el 75% de los tributos cedidos a las comunidades y un 5% de recursos provenientes del Estado. Seg¨²n diferentes expertos, los otros tres fondos enturbian la comprensi¨®n del modelo y entorpecen la equidad en el reparto de los recursos disponibles.