El Supremo rechaza apartar cautelarmente a Yolanda D¨ªaz de la comisi¨®n que controla el CNI
El tribunal rechaza la petici¨®n de Vox, que recurri¨® la entrada de la vicepresidenta segunda en la Comisi¨®n de Asuntos de Inteligencia
En plena pol¨¦mica por el espionaje, con autorizaci¨®n judicial, a 18 l¨ªderes independentistas por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Tribunal Supremo ha rechazado este martes dejar fuera, por ahora, de la Comisi¨®n Delegada del Gobierno de Asuntos de Inteligencia a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda D¨ªaz. La decisi¨®n, adoptada por tres votos a dos, se produce a ra¨ªz del recurso presentado por Vox contra el real decreto del 20 de julio de 2021 que incorpor¨® a D¨ªaz a las reuniones de este ¨®rgano, presidido por la vicepresidenta primera, Nadia Calvi?o, y a cuyas reuniones tambi¨¦n asisten el ministro de Asuntos Exteriores, Jos¨¦ Manuel Albares; la de Defensa, Margarita Robles; y el de la Presidencia, F¨¦lix Bola?os.
D¨ªaz entr¨® en la comisi¨®n para sustituir a Pablo Iglesias despu¨¦s de que el entonces l¨ªder de Podemos dejara el Gobierno. La incorporaci¨®n de este a ese ¨®rgano hab¨ªa sido controvertida porque se hizo en los primeros d¨ªas de la pandemia de covid-19, el 17 de marzo de 2020, camuflado en una disposici¨®n adicional de un decreto de medidas urgentes para hacer frente a los efectos econ¨®micos y sociales de la crisis sanitaria. En esa norma se estableci¨® que la Comisi¨®n de Asuntos de Inteligencia estar¨ªa ¡°integrada por los vicepresidentes designados por el presidente del Gobierno¡±, junto a los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Asuntos Econ¨®micos y Transformaci¨®n Digital, ¡°as¨ª como por el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno¡±, cargo que ocupaba entonces Iv¨¢n Redondo.
Pero este apartado fue anulado por el Tribunal Constitucional en mayo de 2021 porque los magistrados consideraron que no se daban los requisitos de ¡°extraordinaria urgencia y necesidad¡± que habilita al Gobierno para utilizar el decreto-ley en vez de tramitar una reforma legal en el Congreso. En teor¨ªa, esa resoluci¨®n del Constitucional no afectaba al nombramiento de D¨ªaz porque fue designada en otro real decreto aprobado para establecer las distintas comisiones delegadas del Gobierno, pero Vox, que era quien hab¨ªa llevado el nombramiento de Iglesias al tribunal de garant¨ªas, impugn¨® ante el Supremo la norma que incorporaba a D¨ªaz.
El partido ultra pidi¨® adem¨¢s a la Sala de lo Contencioso que, mientras deliberaba sobre el fondo del asunto (si la entrada de D¨ªaz a las reuniones de la comisi¨®n es o no legal), apartara cautelarmente a la vicepresidenta de ese ¨®rgano. Y esto es lo que han rechazado este martes los magistrados, que consideran que la presencia de la tambi¨¦n ministra de Trabajo no da?a el inter¨¦s general, mientras que su salida s¨ª puede suponer un ¡°grave perjuicio del inter¨¦s p¨²blico¡±. Vox tampoco ha acreditado, seg¨²n la sala, que la permanencia de D¨ªaz en la comisi¨®n hasta que haya un pronunciamiento definitivo del tribunal dejar¨ªa sin efecto una posible sentencia futura que diera la raz¨®n al partido ultra. ¡°No basta con alegar la irreversibilidad de unos perjuicios que no se acreditan siquiera indiciariamente¡±, advierten los magistrados.
La decisi¨®n cuenta con todo con el voto discrepante de dos de los cinco jueces que han analizado el asunto, Antonio Jes¨²s Fonseca-Herrero y Jos¨¦ Luis Requero, que abogaban por impedir cautelarmente la presencia de D¨ªaz en las reuniones de la comisi¨®n. Seg¨²n ambos jueces, la sentencia del Constitucional sobre el caso de Pablo Iglesias supone ¡°una base¡± favorable a admitir la petici¨®n de Vox. ¡°Desde el punto de vista del inter¨¦s general, la relevancia de las funciones de la Comisi¨®n Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia exige que su conformaci¨®n sea en todo punto ajustada a Derecho¡±. ¡°De ah¨ª que por raz¨®n de la intensidad de la infracci¨®n cometida proceda suspenderse la vigencia y eficacia de una disposici¨®n carente no ya de cobertura, sino expresamente infractora¡±, advierten.
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