Cuidar a dependientes sin tener papeles: 24 horas de trabajo por un euro la hora
La justicia investiga a una empresa gallega de servicios sociales, que tambi¨¦n trabajaba para la Xunta y los ayuntamientos, por explotar a mujeres en situaci¨®n irregular
Trabajar como interna 24 horas, de lunes a domingo. Atender a dependientes sin tener capacitaci¨®n profesional e incluso con s¨ªntomas de covid. Ejercer a un tiempo de cuidadora, empleada de hogar y, si se tercia, pe¨®n agr¨ªcola. Cobrar por ello una miseria en sobres con billetes que se recogen en un bar. Y lo m¨¢s importante: aguantar sin que nadie se entere de que eres una inmigrante sin papeles. Ese ha sido durante a?os el d¨ªa a d¨ªa de decenas de mujeres extranjeras en Galicia, seg¨²n los testimonios y pinchazos telef¨®nicos incluidos en una investigaci¨®n judicial que ha destapado la doble vida de Asistencia Castroverde, SL, adjudicataria tambi¨¦n hasta el a?o pasado del servicio de ayuda en el hogar que cofinancian la Xunta y los ayuntamientos. La principal imputada, due?a de la firma, presume en las escuchas de tener ¡°casi 80 internas¡±, ¡°todas extranjeras¡±. El n¨²mero exacto de v¨ªctimas a¨²n no se ha podido determinar, pero la empresa ten¨ªa de alta en la Seguridad Social solo a unas 30 empleadas.
A Cecilia no le cost¨® nada dar con esta agencia de cuidadoras de ancianos cuando lleg¨® a Lugo en 2019 sin permiso de trabajo. Esta colombiana de nombre supuesto, testigo del caso, sali¨® a la calle desesperada por lograr ingresos para sobrevivir. En la puerta de un almac¨¦n, una mujer le dio el tel¨¦fono de tres empresas. Dos la rechazaron por no tener papeles, pero para la tercera su vulnerabilidad laboral no supuso problema. ¡°Tengo para ti un trabajo en una casa. Pero no digas que no tienes papeles¡±, le advirti¨® Montse L. G., la due?a de Asistencia Castroverde y principal investigada, seg¨²n cuenta Cecilia a este peri¨®dico.
Para evitar sospechas, Montse L. G. conmin¨® a Cecilia a contarle a la familia que llevaba tiempo trabajando en Galicia. Y, para dar credibilidad a la historia, le hizo aprenderse varios nombres de pueblos donde ella nunca hab¨ªa estado. ¡°Me llam¨® inmediatamente una se?ora para que cuidara a su madre enferma: ¡®?Puedes ya? Te recojo a las siete¡±, recuerda Cecilia que le dijo. La mujer que hab¨ªa contratado a Asistencia Castroverde se qued¨® pasmada con sus condiciones de trabajo: 800 euros al mes por trabajar sin ning¨²n d¨ªa libre a la semana. ¡°Aquella familia me dejaba coger d¨ªas de descanso y me los pagaba aparte¡±, apunta la testigo del caso. La clienta acab¨® enter¨¢ndose de que no ten¨ªa la documentaci¨®n en regla, pero entonces no denunci¨® porque Cecilia as¨ª se lo rog¨®. En otra casa, sin embargo, no tuvieron reparos en verla deslomarse: trabaj¨® 15 d¨ªas seguidos, incluida Navidad y Fin de A?o, cuidando a una anciana con la que dorm¨ªa para as¨ª atenderla las 24 horas: ¡°El peor diciembre de mi vida¡±.
Mar¨ªa, tambi¨¦n nombre supuesto, empez¨® a trabajar para la empresa dos d¨ªas despu¨¦s de pisar Espa?a. Se enter¨® de su existencia por el boca a boca entre los inmigrantes en situaci¨®n irregular. ¡°No pagaba festivos ni vacaciones y si faltabas un d¨ªa te quitaba 50 euros del sueldo pese a que por d¨ªa te pagaba 25¡å, explica. La responsable de Asistencia Castroverde ha declinado dar su versi¨®n a EL PA?S.
Historias como la de Cecilia y Mar¨ªa se suceden en los seis tomos del sumario. El titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 3 de Lugo a¨²n no ha concretado los delitos, pero los informes de la Guardia Civil apuntan a una presunta explotaci¨®n laboral en la que Montse L. G. ¡°hac¨ªa uso frente a sus clientes de la imagen¡± de su compa?¨ªa, que prestaba servicios a Administraciones. Adem¨¢s de ella, son cuatro los investigados: S. E. L., su hija; T. P. M., due?a de un bar donde las v¨ªctimas recog¨ªan los sobres con sus remuneraciones; A. Y. B. V., que reclutaba a trabajadoras sin papeles y entregaba pagos; y J. C. V., acusado de repartir los sueldos desde la gasolinera que regenta.
Entre las v¨ªctimas hay familias procedentes de Colombia, Honduras o Nicaragua. La gran mayor¨ªa son mujeres y cuidaban a dependientes en hospitales y casas. Una treintena han recibido el asesoramiento jur¨ªdico gratuito de la ONG Aliad Ultreia y parte de ellas han logrado regularizar su situaci¨®n en Espa?a gracias a las gestiones de la Guardia Civil de Lugo, seg¨²n informa la asociaci¨®n. ¡°Esta empresa explot¨® a familias enteras y durante muchos a?os. Al menos una de las mujeres llevaba cuatro a?os trabajando para ella¡±, sostiene Waldir Sinisterra, abogado personado en la causa, quien ha solicitado incorporar al sumario una relaci¨®n de las subvenciones que recibi¨® la firma porque ¡°se hizo un mal uso de ellas¡±.
Sinisterra mantiene que la Xunta y los ayuntamientos ¡°nunca corroboraron con los beneficiarios de las ayudas a la dependencia las condiciones del servicio y la situaci¨®n del personal contratado¡±: ¡°Ella [por Montse L. G.] presenta ante las Administraciones un listado de personas que seguramente est¨¢n contratadas legalmente, pero no son las que prestan el servicio. La empresa estaba desbordada¡±, mantiene Sinisterra. La Consejer¨ªa de Pol¨ªtica Social responde que sus inspectores verifican solo el cumplimiento de la normativa en la atenci¨®n asistencial (las horas y las tareas), pero la situaci¨®n laboral ¡°es competencia de la Inspecci¨®n de Trabajo¡±, esgrime. El ¨²ltimo control, que se sald¨® sin sanciones, data de 2021, con la investigaci¨®n judicial ya avanzada.
Sin salir de casa
Cecilia asegura que ha tenido compa?eras que cuidaban a dos dependientes por 800 euros al mes cuando la familia pagaba a la empresa 1.900 euros. Otra estuvo seis meses en una casa de una aldea de Ourense: ¡°Cobraba su hijo los sobres porque a ella no le dejaban salir¡±. El instructor del caso ha recogido los testimonios de mujeres que com¨ªan sobras, no les dejaban ducharse o eran obligadas a cuidar al ganado. Durante la instrucci¨®n han testificado familias que sostienen que ignoraban que las cuidadoras no ten¨ªan permiso de trabajo. Los pinchazos telef¨®nicos revelan c¨®mo la principal imputaba aleccionaba a las trabajadoras para que ocultasen ese dato: ¡°No puedes decir que llevas un mes aqu¨ª, porque te mandan para casa pitando¡±, reprocha a una de las v¨ªctimas en diciembre de 2019.
A mediados del a?o pasado, Asistencia Castroverde entr¨® en concurso de acreedores y ahora est¨¢ en fase de liquidaci¨®n, seg¨²n el Registro Mercantil. El local de paredes desconchadas desde el que operaba la empresa investigada est¨¢ a la entrada del municipio de Castroverde, a 35 kil¨®metros de Lugo. Hasta hace solo unos d¨ªas en la ventana del bajo a¨²n se pod¨ªa leer el reclamo: ¡°Ayuda a la tercera edad. Solicitud de cheque asistencial. Cuidado hospitalario¡±. Montse L. G. es conocida en el pueblo y trabaja de celadora en el hospital p¨²blico de Lugo, donde captaba clientes. Asistencia Castroverde fue durante seis a?os adjudicataria del servicio municipal de ayuda en el hogar y, en una comarca especialmente envejecida, a ella acud¨ªan muchos vecinos en apuros por tener a su cargo a familiares dependientes.
El alcalde de Castroverde, el socialista Xos¨¦ Mar¨ªa Arias, nunca recibi¨® denuncias ni detect¨® problemas. Con una media de 20-30 auxiliares, la firma gestion¨® un programa que cofinancian el Ayuntamiento y la Xunta. ¡°Todas las trabajadoras estaban legales y lo s¨¦ porque fueron subrogadas sin problema a la nueva adjudicataria cuando Asistencia Castroverde present¨® concurso de acreedores¡±, explica el regidor. Todos los meses los servicios sociales le realizaban un seguimiento, a?ade, en los que deb¨ªa aportar facturas y contratos: ¡°Y se le mandaba a la Xunta¡±.
No todas las v¨ªctimas han querido denunciar, por miedo a ser deportadas. ¡°Hay m¨¢s empresas de cuidado de ancianos haciendo lo mismo porque esos empleos son los que m¨¢s le salen a quienes no tienen permiso de trabajo¡±, avisa Cecilia. ¡°Los particulares tienen miedo a contratarnos, las empresas no¡±.
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