Cr¨®nica negra del socialismo andaluz en 10 a?os de pillaje institucional

El Tribunal Supremo ha dado la puntilla a una era de hegemon¨ªa socialista en Andaluc¨ªa. Los magistrados han confirmado esta semana la mayor¨ªa de las condenas de la Audiencia de Sevilla por el caso ERE, un fraude masivo en la gesti¨®n de ayudas millonarias a empresas en crisis perpetrado desde distintos departamentos de la Junta.

En la d¨¦cada prodigiosa del PSOE andaluz ¡ªlogr¨® victorias inapelables con el 51% y el 48% de los votos en las elecciones auton¨®micas de 2004 y 2008¡ª este partido firm¨® su cr¨®nica m¨¢s negra a cuenta de algunos de sus gobernantes.

Dos presidentes auton¨®micos, Manuel Chaves (1990-2009) y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n (2009-2013), seis consejeros, tres viceconsejeros y tres directores generales han sido condenados por corrupci¨®n. Unos, Gri?¨¢n entre ellos, tendr¨¢n que ingresar en prisi¨®n por malversaci¨®n. Otros, como Chaves, evitar¨¢n la c¨¢rcel al ser condenados solo por prevaricaci¨®n.

Todos formaban parte de la c¨²pula del Ejecutivo andaluz que gestion¨® durante esa d¨¦cada (2001-2010) un programa de prejubilaciones pagadas con dinero p¨²blico que afect¨® a 77 empresas y a m¨¢s de 6.000 trabajadores. El programa costar¨¢ 1.300 millones de euros cuando termine de pagarse, en 2025.

Pese a su abultado presupuesto, el plan benefici¨® a un porcentaje m¨ªnimo de las empresas que en esa d¨¦cada sufrieron expedientes de regulaci¨®n de empleo en Andaluc¨ªa: casi 6.000 empresas y m¨¢s de 100.000 trabajadores afectados.

El instrumento que ide¨® el Gobierno de Manuel Chaves en 2000 para repartir esas subvenciones p¨²blicas era tan ¨¢gil y flexible ¡ªno hab¨ªa concurrencia, ni publicidad¡ª como opaco y arriesgado: la falta de requisitos o de control sobre el gasto ¡ªni antes de aprobarlo ni despu¨¦s¡ª convert¨ªa un plan social de ayuda a miles de trabajadores y cientos de empresas en una gigantesca oportunidad para el robo de dinero p¨²blico.

Altos cargos, empresarios y sindicatos aprovecharon durante 10 a?os ese agujero normativo para el saqueo de fondos, seg¨²n los hechos probados de la sentencia ahora confirmada por el Supremo.

El dise?o del fondo: una puerta abierta al fraude. ¡°La necesidad pol¨ªtica de dar una respuesta inmediata a los grandes conflictos sociolaborales llev¨® a los responsables de la Junta de Andaluc¨ªa a establecer un sistema ¨¢gil de concesi¨®n de ayudas a empresas en crisis eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos¡±, relata la sentencia. Ni las ayudas fueron conocidas (no se hizo publicidad de la convocatoria), ni hubo posibilidad de concurrencia, ni requisitos que cumplir para acceder a la subvenci¨®n. La investigaci¨®n destap¨® numerosos ejemplos de ayudas fraudulentas aprovechando esas circunstancias.

Procedimiento ilegal aprobado cada a?o por ley. La prevaricaci¨®n, seg¨²n la sentencia, consiste en aprobar un anteproyecto de ley que inclu¨ªa la partida para las subvenciones a empresas mediante ¡°transferencias de financiaci¨®n¡±, un instrumento expresamente prohibido por la ley para ese tipo de ayudas. Y, adem¨¢s, la aprobaci¨®n a posteriori de modificaciones presupuestarias cuando hac¨ªa falta m¨¢s dinero ¡°actuando a sabiendas de que el importe modificado se destinaba a abonar ayudas/subvenciones sociolaborales y de empresas en crisis que hab¨ªan sido concedidas siguiendo un procedimiento ilegal¡±. Lo extra?o del caso es que el Gobierno andaluz llev¨® su norma prevaricadora cada a?o al Parlamento, que la convirti¨® en ley tras una tramitaci¨®n transparente. Pero la oposici¨®n, seg¨²n los jueces, fue inducida a error al contar con una informaci¨®n ¡°cr¨ªptica, confusa y equ¨ªvoca¡±. Ni la mayor¨ªa de los diputados que aprobaron el instrumento para el delito, ni muchos de los consejeros que dieron su visto bueno al proyecto de ley prevaricador fueron imputados en la causa.

Descontrol absoluto. Los peritos de la Intervenci¨®n General del Estado no encontraron en los expedientes examinados ¡°ning¨²n an¨¢lisis econ¨®mico de la Consejer¨ªa de Empleo¡± sobre las empresas que se beneficiaron de las ayudas millonarias para saber si necesitaban el dinero o, por el contrario, ten¨ªan capacidad suficiente para atender sus necesidades. Cuando le preguntaron por esa circunstancia al director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que era quien decid¨ªa todo sobre las ayudas, contest¨®: ¡°No era un elemento a tener en cuenta¡±.

Adem¨¢s, la sentencia recoge numerosas anomal¨ªas en subvenciones a otras empresas favorecidas, aunque no aprobaron ning¨²n ERE. El dinero p¨²blico sirvi¨® en muchos casos para ¡°abonar n¨®minas, deudas (sin especificar), gastos de primer establecimiento de la empresa, minutas por asesoramiento jur¨ªdico en materia laboral, mejoras salariales derivadas de convenios colectivos, cursos de alta direcci¨®n, indemnizaciones derivadas de despidos declarados improcedentes, devoluciones de pr¨¦stamos suscritos por la empresa, pago de importes avalados, o pr¨¦stamos para pago de n¨®minas de los que no consta su devoluci¨®n¡±.

Las cifras del fraude. La sentencia no precisa el dinero defraudado, pero el PP, que ejerci¨® de acusaci¨®n popular en el caso, se?ala los 680 millones de euros presupuestados entre 2001 y 2010 para denunciar el ¡°caso de corrupci¨®n m¨¢s grave de la democracia¡±. El ¨²nico c¨¢lculo posible se remite a lo acreditado en la investigaci¨®n: 12 millones pagados a cerca de 200 intrusos ¡ªtrabajadores que cobraron la prejubilaci¨®n por el ERE de una empresa a la que nunca pertenecieron¡ª; 50 millones abonados por sobrecomisiones a las aseguradoras mediadoras, y otros 73 millones a empresas que no reun¨ªan las condiciones para acceder a las ayudas. Todo ello eleva la cifra a 135 millones de euros. El resto, dinero invertido en prejubilaciones, no se puede considerar fraude, seg¨²n el magistrado Alberto Jorge Barreiro. ¡°Ha de partirse de la premisa de que un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habr¨ªa que concederlo tambi¨¦n en el caso de que se hubiera seguido el procedimiento legal exigible para su concesi¨®n¡±.

?Empresas y trabajadores socialistas? La investigaci¨®n no acredit¨® la financiaci¨®n ilegal del PSOE andaluz en este caso de corrupci¨®n. Tan solo hay pruebas de ama?os perpetrados por el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerra, para pagar prejubilaciones a algunos militantes socialistas incluidos en las listas de trabajadores de empresas a las que nunca pertenecieron. Y de ayudas a empresas sin trabajadores que se hab¨ªan creado para recibir las subvenciones en una zona dominada por alcaldes socialistas.

Las dudas de una malversaci¨®n. Ocho ex altos cargos socialistas de la Junta de Andaluc¨ªa han sido condenados por malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, entre ellos Gri?¨¢n. El delito de malversaci¨®n castiga a quienes sustraen fondos p¨²blicos para s¨ª o para terceros o lo consienten. El tribunal considera que son culpables por inacci¨®n los m¨¢ximos responsables de las consejer¨ªas de Empleo, Econom¨ªa y Hacienda, e Innovaci¨®n, que conocieron supuestamente en 2005 informes del Interventor General con las irregularidades de todo el plan de ayudas, no lo cambiaron y aprobaron presupuestos para seguir financiando unas cantidades dadas mediante un procedimiento ilegal.

El magistrado del Supremo Alberto Jorge Barreiro, que investig¨® el caso, escribi¨® tras siete meses de instrucci¨®n: ¡°Al menos a d¨ªa de hoy, no constan datos indiciarios incriminatorios contra Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n como presunto autor del delito de malversaci¨®n, pues no se ha acreditado que interviniera en la concesi¨®n concreta de ayudas fraudulentas de fondos p¨²blicos ni que supiera que se estaba disponiendo de los caudales p¨²blicos para las ayudas/subvenciones con destino al lucro il¨ªcito de terceras personas¡±.

Barreiro, ya jubilado, concluy¨® que Gri?¨¢n s¨ª conoci¨® que el sistema para conceder las subvenciones era ilegal en su tramitaci¨®n, pero no supo que al ejecutarse se ¡°estuvieran desviando importantes sumas de dinero para procurar el beneficio il¨ªcito de terceras personas¡±. No hay pruebas en la investigaci¨®n de que Gri?¨¢n se lucrase, ni tampoco de que conociese que se estaba desviando dinero a terceras personas. El Supremo ha dado por buena la condena de la Audiencia de Sevilla a Gri?¨¢n, pero dos magistradas, de los cinco que integran el tribunal, defienden su absoluci¨®n.