El PSC intenta influir en el Gobierno para buscar perfiles en el Constitucional que suavicen la posici¨®n del tribunal frente al soberanismo catal¨¢n

Representantes del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) han mantenido conversaciones con el Gobierno para tratar de incorporar la situaci¨®n pol¨ªtica catalana tras el proc¨¦s como un elemento a tener en cuenta en la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional, conscientes del papel determinante del tribunal de garant¨ªas en asuntos clave que est¨¢n pendientes de sentencia, como la cuesti¨®n ling¨¹¨ªstica en el sistema educativo catal¨¢n. El objetivo de los dirigentes socialistas catalanes que han hablado con el Gobierno para tratar de influir en la decisi¨®n final es favorecer que el Constitucional sume a su nueva composici¨®n sensibilidades abiertas a un desarrollo del autogobierno, seg¨²n fuentes conocedoras de estos contactos. La intenci¨®n es que, en una fase de superaci¨®n de las tensiones del proc¨¦s, el tribunal deje atr¨¢s la etapa en la que ha tenido como funci¨®n esencial la de ser el ¨²ltimo dique contra el independentismo y d¨¦ inicio a otra en la que favorezca interpretaciones y soluciones ¡°integradoras¡±.

Para favorecer ese cambio se est¨¢n estudiando con detalle los perfiles de los candidatos a acceder al Constitucional. El Gobierno tiene que nombrar a dos magistrados para este ¨®rgano y en este momento est¨¢ recibiendo muchas sugerencias, no solo del PSC, tambi¨¦n de otros dirigentes socialistas y de los propios magistrados interesados o de personas cercanas, e incluso de los que representan a distintos grupos de jueces especializados: fiscalistas, penalistas, laboralistas, administrativistas. En el caso del PSC, las conversaciones se est¨¢n produciendo, en especial, con su primer secretario, el exministro de Sanidad Salvador Illa. Todo ello facilitado por la presencia en el Gobierno del antecesor de Illa al frente del PSC: el actual ministro de Cultura, Miquel Iceta. La intenci¨®n del Ejecutivo y del PSC no es, ni mucho menos, subrayan las mismas fuentes, situar en el tribunal a un jurista partidario del derecho de autodeterminaci¨®n, sino reducir las pol¨¦micas y fricciones. El Gobierno insiste adem¨¢s en que la decisi¨®n no est¨¢ tomada y hay muchos posibles candidatos encima de la mesa con todo tipo de perfiles.

El Ejecutivo est¨¢ esperando a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene previsto un pleno el d¨ªa 8, elija a los dos magistrados que le corresponde renovar. Una vez queden designados, y en funci¨®n de los perfiles elegidos, el Gobierno tomar¨¢ la decisi¨®n sobre los dos que le tocan. El Ejecutivo conf¨ªa en que el CGPJ renueve a dos miembros del Constitucional con un magistrado conservador y otro progresista tras un pacto interno de los dos sectores, como se ha hecho siempre, aunque hasta que llegue el pleno del d¨ªa 8 habr¨¢ muchos movimientos, especialmente en una parte del sector conservador, cercana al PP, que rechaza la renovaci¨®n.

Cuando esos cuatro nombramientos se materialicen, el tribunal pasar¨¢ previsiblemente de tener una mayor¨ªa conservadora a una progresista. En este momento parte con buenas posibilidades de prosperar la candidatura del magistrado Jos¨¦ Manuel Bandr¨¦s, miembro de la Sala de lo Contencioso del Supremo. Tambi¨¦n la de ?ngeles Huet, magistrada de la misma Sala y que vot¨® en contra de admitir los recursos contra los indultos a los condenados por el proc¨¦s. Luego Huet fue sustituida en ese cargo por la magistrada In¨¦s Huerta, cuyo voto cambi¨® la decisi¨®n anterior del tribunal y supuso la admisi¨®n a tr¨¢mite de dichos recursos. Huet tambi¨¦n opta ahora a acceder al Constitucional.

La importancia de acompasar la actividad del Constitucional con la superaci¨®n de las consecuencias del proc¨¦s ha sido percibida desde hace tiempo desde dentro del propio tribunal de garant¨ªas. Ello ha determinado que el borrador de la sentencia sobre la reforma educativa de la ley Cel¨¢a, por ejemplo, lleve m¨¢s de un a?o redactado, sin haber sido sometido a debate para su eventual aprobaci¨®n. Dicho fallo debe entrar en asuntos especialmente delicados, como el tratamiento de la escuela concertada o la cuesti¨®n ling¨¹¨ªstica, en un momento de tensi¨®n a prop¨®sito de la negativa de la Generalitat a aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a que ordenaba impartir al menos un 25% de asignaturas en castellano para garantizar la condici¨®n de vehicular de esta lengua.

El Constitucional ha establecido en diversas ocasiones ¡ªy de forma especialmente tajante en la sentencia de 2010 sobre el Estatut¡ª que el castellano tiene que ser lengua vehicular en los colegios de Catalu?a (en la actualidad solo lo es el catal¨¢n). Nunca ha fijado, sin embargo, un porcentaje m¨ªnimo de presencia del castellano en las aulas: eso lo hizo en 2014 el Tribunal Superior de Catalu?a ¡ªy lo ratific¨® el Supremo¡ª porque la Generalitat se negaba a reconocerle presencia alguna, m¨¢s all¨¢ de la asignatura de Lengua Castellana. El borrador de sentencia sobre la ley Cel¨¢a ¨Da cargo del magistrado Ricardo Enr¨ªquez, del sector conservador¡ª tampoco entraba en la cuesti¨®n de los porcentajes.

Ese texto, en todo caso, no ha sido llevado al pleno del Constitucional, cuya actual mayor¨ªa es conservadora. Fuentes del propio tribunal admiten que en la decisi¨®n de abrir un tiempo de reflexi¨®n sobre este fallo influy¨® la voluntad de no introducir m¨¢s tensi¨®n, tras los fuertes enfrentamientos internos que provoc¨® la sentencia por la que en 2021 se declar¨® inconstitucional el estado de alarma acordado para hacer frente a la pandemia.

En noviembre de 2021 fueron renovados, con m¨¢s de dos a?os de retraso, cuatro de los 12 magistrados del Constitucional, lo que supuso, entre otras, la salida de la vicepresidenta Encarna Roca. Su sucesor en el cargo, Juan Antonio Xiol, del sector progresista, es en este momento el ¨²nico magistrado del Constitucional de origen catal¨¢n. Xiol ha sido el autor de todos los votos particulares que han cuestionado la sentencia del Supremo sobre el proc¨¦s, sin contradecir la existencia de un delito de sedici¨®n, pero considerando desproporcionadas las penas impuestas. ERC y Junts han celebrado dichos votos particulares, en la medida en que la defensa de los condenados podr¨¢ utilizarlos como argumento clave de sus recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Xiol es uno de los cuatro miembros del Constitucional cuyo mandato termin¨® en junio pasado, junto a los del presidente, Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano, y los magistrados Antonio Narv¨¢ez y Santiago Mart¨ªnez Vares, estos tres ¨²ltimos del sector conservador.