Un grupo de vocales conservadores se re¨²ne para bloquear la renovaci¨®n del Constitucional que promueve Lesmes
Los cr¨ªticos con el proceso se movilizan para ampliar su grupo e impedir los 12 votos que permiten renovar el tribunal de garant¨ªas
El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se prepara para ir al choque y no permitir que el nombramiento de dos magistrados del Constitucional prospere, y desde luego no al primer intento. Con el fin de ultimar esta iniciativa de bloqueo, dicho grupo celebrar¨¢ este martes una reuni¨®n preparatoria del pleno que el ¨®rgano de gobierno de los jueces tiene convocado para el jueves. El objetivo de los vocales opuestos a los nombramientos es lanzar un rotundo mensaje de rechazo de la iniciativa por la que el Gobierno devolvi¨® al Poder Judicial la competencia para designar a dos miembros del Constitucional, pero sin hacer lo mismo para que se puedan efectuar tambi¨¦n nombramientos correspondientes al Supremo y otros ¨®rganos judiciales.
El actual Consejo del Poder Judicial tiene mayor¨ªa conservadora, pero el n¨²cleo disidente y cr¨ªtico con la renovaci¨®n del Constitucional lo forman habitualmente siete vocales. Son los que votaron en contra de la aceptaci¨®n de ?lvaro Garc¨ªa Ortiz como nuevo fiscal general del Estado, el 21 de julio. Garc¨ªa Ortiz, que tom¨® el lunes posesi¨®n de su cargo en el Supremo, recibi¨®, sin embargo, el apoyo de los otros 12 miembros del Poder Judicial (actualmente, son 19 consejeros en total, tras la muerte de Victoria Cinto en junio y la jubilaci¨®n de Rafael Fern¨¢ndez Valverde en marzo). Si se repitiera ahora el mismo esquema de votaci¨®n, estar¨ªa asegurada la elecci¨®n de los dos miembros del Constitucional que debe elegir el Consejo, porque son como m¨ªnimo 12 los apoyos que se precisan.
En cambio, si los siete miembros del n¨²cleo duro del bloque conservador consiguen alg¨²n apoyo m¨¢s, podr¨¢n dividir al Consejo en t¨¦rminos que hagan inviables dichos nombramientos, o que faciliten una candidatura igualmente conservadora. La cuesti¨®n est¨¢ abierta, aunque una mayor¨ªa de los vocales le ha hecho llegar al presidente del ¨®rgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, el mensaje de que est¨¢n de acuerdo con que la ley aprobada no debe ser boicoteada. En paralelo, el grupo disidente tiene prevista este martes una reuni¨®n preparatoria del pleno a la que, en principio, est¨¢n convocados los vocales Jos¨¦ Antonio Ballestero, ?ngeles Carmona, Nuria D¨ªaz, Juan Manuel Fern¨¢ndez, Jos¨¦ Mar¨ªa Mac¨ªas, Gerardo Mart¨ªnez Trist¨¢n y Carmen Llombart.
Los miembros de este bloque consideran factible la obtenci¨®n de apoyos entre vocales que no pertenecen a su grupo, pero que a su juicio podr¨ªan acabar votando a dos magistrados conservadores para el Constitucional. Se basan en que algunos de ellos ¡ªcomo Vicente Guilarte, Roser Bach y Enrique Lucas¡ª votaron contra la reforma que impuls¨® el Gobierno con objeto de que el Poder Judicial no pudiese efectuar nombramientos mientras estuviera en funciones. Estos tres vocales basaron su rechazo a la mencionada iniciativa legal del Ejecutivo en que el Consejo no hab¨ªa sido consultado sobre la supresi¨®n de sus propias competencias.
En el Gobierno se evitan las declaraciones p¨²blicas sobre este asunto para no a?adir m¨¢s presi¨®n porque entienden que es una cuesti¨®n que debe resolver el Consejo General del Poder Judicial. El Ejecutivo est¨¢ preocupado por la presi¨®n que atribuye al PP y su entorno sobre los vocales del sector conservador, e incluso algunos progresistas, para que no renueven a los dos miembros del Constitucional que les corresponden antes del d¨ªa 13. El Gobierno est¨¢ convencido de que el PP mover¨¢ hasta el final sus hilos para intentar que el CGPJ no cumpla con su obligaci¨®n de nombrar, pero a la vez cree que hay un grupo importante de vocales conservadores y todos los progresistas que, en la l¨ªnea marcada por Lesmes en sus declaraciones del lunes, quieren renovar el Constitucional como les exige la ley. En el Gobierno recuerdan que lo que deber¨ªa pasar ahora no es nada extraordinario, es lo que se ha hecho siempre: que el Consejo nombre dos miembros del Constitucional de forma acordada, uno conservador y otro progresista, y despu¨¦s el Ejecutivo renueve los dos que le corresponden, como se ha hecho con todos los gobiernos anteriores, informa Carlos E. Cu¨¦.
Para el bloque conservador, la reforma legal que ha devuelto al Consejo la competencia de los nombramientos del Constitucional no tiene otro prop¨®sito que el de ¡°controlar¡± el tribunal de garant¨ªas, con manifiesto menosprecio hacia el Supremo y la consecuencia de que su labor se vea gravemente dificultada, por la imposibilidad de cubrir bajas o jubilaciones. El n¨²cleo dirigente de este grupo, en todo caso, ha destacado por su oposici¨®n a todo tipo de iniciativas del Gobierno en la actual legislatura. A ojos del Ejecutivo, por tanto, su existencia y su actuaci¨®n no se dirigen a la salvaguarda del sistema judicial, sino a entorpecer la tarea del propio Ejecutivo, por razones meramente ideol¨®gicas que anteponen a cualquier otra consideraci¨®n el deseo de desgastarlo.
Para tratar de favorecer el acuerdo, se va a proponer en el pleno del jueves que se vote a la vez al magistrado que proponga el sector conservador y al que presente el bloque progresista. Ahora bien, el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, no llevar¨¢ una propuesta en firme a votaci¨®n hasta que no conste que se ha alcanzado un pacto sobre ese t¨¢ndem. Lesmes declar¨® el lunes que esas designaciones ¡°han de hacerse necesariamente¡±. Esa tarea le est¨¢ suponiendo que se le atribuya el deseo de facilitar los objetivos del Gobierno a cambio de un puesto en el Constitucional, objetivo que desminti¨® el lunes calificando de ¡°indecente¡± que se ¡°prevaliera del cargo para obtener esa ventaja¡±. Lo que ha hecho Lesmes es hablar con vocales del sector conservador para tratar de convencerlos de que no deben bloquearse los nombramientos.
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