La Fiscal¨ªa pide endurecer las penas por financiaci¨®n ilegal de los partidos pol¨ªticos

La memoria anual de la Fiscal¨ªa presentada este mi¨¦rcoles recoge una petici¨®n para que se endurezcan las penas previstas en el C¨®digo Penal por el delito de financiaci¨®n ilegal de partidos pol¨ªticos, que actualmente son de entre seis meses y cuatro a?os de prisi¨®n. Para el ministerio p¨²blico, el castigo actual es ¡°inusualmente indulgente¡± y reclama adem¨¢s un aumento de las multas y que se contemple la inhabilitaci¨®n para sufragio pasivo de los autores del delito. La Fiscal¨ªa aboga, adem¨¢s por modificar la Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de los Partidos Pol¨ªticos para introducir ¡°mayores controles respecto a las aportaciones de los afiliados¡±, ya que, seg¨²n la Fiscal¨ªa, la redacci¨®n actual solo castiga las donaciones.

El fiscal general del Estado ten¨ªa que presentar este mi¨¦rcoles ante el Rey y el resto de autoridades la memoria de 2021, pero ha sido sustituido por su n¨²mero dos, la teniente fiscal del Supremo, Mar¨ªa ?ngeles S¨¢nchez Conde, quien ha le¨ªdo la intervenci¨®n que ten¨ªa preparada Garc¨ªa Ortiz. En el acto, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, y al l¨ªder de la oposici¨®n, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, a que se re¨²nan ¡°con urgencia¡± para renovar el ¨®rgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato venci¨® en diciembre de 2018. Lesmes ha insistido en que el bloqueo est¨¢ causando da?os a la justicia que pueden ser irreparables y ya est¨¢ teniendo unas consecuencias en la administraci¨®n de justicia a los ciudadanos. Entre esos efectos, el Supremo tiene ya 14 de sus 79 plazas vacantes.

La actividad judicial no se ha recuperado, al menos totalmente, tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia, seg¨²n la memoria de la Fiscal¨ªa del a?o 2021, que se ha hecho p¨²blica este mi¨¦rcoles en el acto de apertura del a?o judicial. Pese al esfuerzo y la voluntad de recuperar la normalidad ha sido un objetivo ¡°solo parcialmente conseguido¡±, recoge el texto rubricado por el fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, que no ha podido asistir al acto porque ha dado positivo por coronavirus. En el ¨²ltimo a?o, los juzgados han convivido con las consecuencias de crisis sanitaria, tanto por la acumulaci¨®n de trabajo que provoc¨® la suspensi¨®n de los plazos procesales tras la declaraci¨®n del estado de alarma, como por la dificultad de seguir trabajando con las sucesivas olas del virus. ¡°Los datos, si bien reflejan una reactivaci¨®n de las cifras, no se alcanzan las correspondientes a la anualidad de 2019¡å, anota el texto.

La fiscal ha alertado del incremento de los procedimientos abiertos por delitos de trata de seres humanos, que aumentaron en un 37,5% respecto a 2020 (a?o en el que baj¨® la criminalidad por el confinamiento y las restricciones derivadas de la pandemia). El 67,27% de esos casos se refirieron a trata con fines de explotaci¨®n sexual, detect¨¢ndose 277 v¨ªctimas, de las que el 98,55% eran mujeres o ni?as. La trata laboral le sigue en importancia estad¨ªstica con un 16,36% de los procedimientos. La Fiscal¨ªa, se?al¨® S¨¢nchez Conde, tiene la mirada puesta en la crisis migratoria derivada de los conflictos b¨¦licos, las cat¨¢strofes naturales y la crisis clim¨¢tica.

S¨¢nchez Conde ha puesto el foco tambi¨¦n en cuestiones como la reparaci¨®n integral de las v¨ªctimas, a las que alude la memoria del Ministerio P¨²blico, que aboga por evitar la llamada victimizaci¨®n secundaria mediante mecanismos como evitar que tenga que declarar ante distintas instancias, facilitar el acceso al procedimiento y medidas de apoyo y acompa?amiento, informa Reyes Rinc¨®n. ¡°Exploraremos todos los aspectos posibles de protecci¨®n para proporcionar a los fiscales una herramienta jur¨ªdica integral en este ¨¢mbito. Las v¨ªctimas tienen que ser nuestra prioridad: han de ser amparadas y defendidas. Su testimonio, en muchas ocasiones imprescindible para la persecuci¨®n del delito, no debe significar una carga, un elemento violento o desgarrador¡±, ha le¨ªdo.

La memoria fiscal de 2021 tambi¨¦n ahonda en la necesidad de hacer aflorar la cifra oculta de la violencia de g¨¦nero y habla una consolidaci¨®n de la tendencia alcista de los delitos de odio a trav¨¦s de las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n. Con respecto a actuaciones concretas, el escrito recoge que la Fiscal¨ªa de Ceuta tuvo que intervenir en la devoluci¨®n de menores migrantes no acompa?ados que se intent¨® en la ciudad aut¨®noma y lo califica como un ¡°atajo¡± que ¡°cercenaba garant¨ªas b¨¢sicas¡±, y advierte de la ¡°gran divergencia¡± que existe en los tribunales a la hora de enjuiciar los delitos de enaltecimiento. Mientras que los casos de terrorismo yihadista ¡°no resulta en exceso complicada¡± una condena, en los relacionados con ETA o el GRAPO, es un delito ¡°de casi imposible condena¡± ante las exigencias jurisprudenciales de riesgo de la comisi¨®n esos delitos. El texto, de 1.574 p¨¢ginas, tambi¨¦n sugiere la reforma del delito de financiaci¨®n ilegal de los partidos pol¨ªticos del art¨ªculo 304 bis del C¨®digo Penal, de forma que incluya no solo las donaciones, sino tambi¨¦n las aportaciones de los afiliados.

En cuanto a cifras, la memoria recoge que el a?o pasado se abrieron 1.151.357 diligencias previas frente a las 1.068.785 del a?o 2020. Los juicios leves, cauce con el que se resuelven las infracciones de menor gravedad y que sustituyeron a las faltas, mantienen su tendencia a la baja. Se han tramitado 323.362, m¨¢s que los 297.744 de 2020, pero menos que los 338.204 de 2019.

Los procedimientos ordinarios o sumarios abiertos (2.905) han subido un 16% con respecto a 2020 y la cifra tambi¨¦n es superior a la de 2019 (2.652). Las 13.869 diligencias de investigaci¨®n de 2021 tambi¨¦n han supuesto una subida sustancial con respecto a 2020, pero lejos de las 15.535 de 2019, o las 14.906, de 2018. En este ejercicio memorial se han formulado 285.041 escritos de acusaci¨®n, un 15% m¨¢s que en 2020, a?o en el que las acusaciones ascendieron a 242.846 y tambi¨¦n superior a los 277.144 de 2019.

Los juicios suspendidos han bajado con respecto al a?o anterior. Con todo, un n¨²mero importante de las cancelaciones han seguido directamente vinculadas a los contagios en las sucesivas olas de la covid-19. Pese a que en muchas ocasiones se ha suplido mediante el uso de sistemas telem¨¢ticos, no siempre ha sido posible, recoge la memoria, que tambi¨¦n atribuye el incremento de sentencias a la mejora de la situaci¨®n sanitaria. Los juzgados de lo penal han dictado 147.682 sentencias, frente a las 111.585 dictadas en el a?o de la pandemia, pero sin alcanzar el n¨²mero de 2019 (150.643) o de 2018 (155.288). En las audiencias provinciales se han redactado 10.232 sentencias, cifra muy superior a las 7.357 de 2020, y tambi¨¦n superior a la de anualidades anteriores, concretamente 9.405 en 2019 o las 8.909 del a?o 2018.

Los delitos con mayor presencia en las sentencias condenatorias, al igual que en a?os anteriores, han sido contra la seguridad vial (35%) y contra el patrimonio (18%). Los delitos de violencia familiar y de g¨¦nero han supuesto el 9%, inferior al 13% alcanzado en 2020; los delitos contra la vida e integridad f¨ªsica, el 9%, ligeramente inferior al 10% alcanzado en 2020; y los delitos contra la Administraci¨®n de Justicia el 7%, que mantiene el porcentaje de la anualidad anterior.

¡°Constante incremento¡± del tr¨¢fico online de material de abuso infantil. La memoria de la fiscal de sala coordinadora contra la Criminalidad Inform¨¢tica, incluida en la memoria, se?ala que, aunque el repunte de las conductas relacionadas con la elaboraci¨®n y tr¨¢fico online de material de abuso sexual infantil se redujeron durante el confinamiento m¨¢s severo, con la vuelta a la normalidad, persiste ese efecto perverso, y se percibe en el ¡°constante incremento¡± y una cierta tendencia a la normalizaci¨®n por parte de algunos menores de los contactos online de car¨¢cter sexual con adultos a cambio de compensaciones de car¨¢cter econ¨®mico.

Un ¡°marco normativo claro¡± para los patinetes el¨¦ctricos. El fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial llama la atenci¨®n sobre c¨®mo las nuevas formas de transporte han incrementado los colectivos especialmente vulnerables en los delitos de tr¨¢fico, por la evidente desigualdad f¨ªsica en la que se encuentran, situando junto a peatones y ciclistas, a los conductores de los patinetes el¨¦ctricos. Tambi¨¦n destaca que se da la circunstancia de que las personas que los manejan pueden ser tanto autoras como damnificadas de estos delitos contra la seguridad vial. ¡°Crece la necesidad de dotar a la circulaci¨®n de estos veh¨ªculos de un marco normativo claro, bien estructurado y territorialmente armonizado¡±, reclama la Fiscal¨ªa, tanto en beneficio de los intereses y de la seguridad de los usuarios de estos veh¨ªculos, como de quienes pueden resultar da?ados. ¡°Se han producido avances normativos, pero no hay a¨²n una regulaci¨®n sistem¨¢tica y completa que deber¨ªa abordarse¡±, a?ade.