Magistrados del Supremo apuestan por una reforma legal que disuelva el Poder Judicial cuando caduque su mandato

La falta de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se alarga ya casi cuatro a?os, ha encendido las alarmas en el Tribunal Supremo, el ¨®rgano en el que reside la c¨²pula del Poder Judicial espa?ol y el m¨¢s afectado por esa interinidad. La imposibilidad de cubrir las vacantes a ra¨ªz de una reforma legal que veta los nombramientos discrecionales mientras el Consejo est¨¦ en funciones, ha dejado diezmado al Supremo (con 14 puestos vac¨ªos de un total de 79) y algunas de sus salas tienen ya graves problemas de funcionamiento. En este escenario, entre magistrados del alto tribunal consultados por este peri¨®dico se ha extendido el convencimiento de que hay que reformar la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ) para establecer que los vocales del CGPJ cesar¨¢n de forma autom¨¢tica en cuanto se cumplan los cinco a?os de mandato que establece la Constituci¨®n. La misma reforma proponen para los mandatos del Tribunal Constitucional, cuya renovaci¨®n est¨¢ pendiente de que el ¨®rgano de gobierno de los jueces nombre a los dos magistrados que le corresponde designar.

Los partidos pol¨ªticos han propuesto en los ¨²ltimos a?os m¨²ltiples reformas de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. El PSOE ha impulsado las dos ¨²ltimas aprobadas: la primera, para prohibir los nombramientos discrecionales por parte del CGPJ cuando, como ahora, tenga el mandato prorrogado (el del actual expir¨® en diciembre de 2018); la segunda, para corregir la anterior y devolver al Consejo las competencias para elegir a los magistrados del Constitucional, pero manteniendo el veto para el resto. El PP ha condicionado su disposici¨®n a desbloquear el Consejo a distintas reformas legislativas, sobre todo, para cambiar el sistema de elecci¨®n de los vocales del cupo judicial, pero tambi¨¦n para regular las ¡°puertas giratorias¡± entre los altos cargos pol¨ªticos y judiciales o para introducir ¡°garant¨ªas de independencia¡± en la designaci¨®n del fiscal general del Estado.

¡°Hay que garantizar que lo que est¨¢ pasando no va a volver a ocurrir¡±

Entre los magistrados del Supremo consultados hay disparidad de criterio sobre la conveniencia de alguno de estos cambios, pero todos ellos coinciden en que s¨ª hay una reforma que habr¨ªa que abordar cuanto antes y que no ha sido planteada formalmente por ninguna fuerza pol¨ªtica: el cese de los vocales del Consejo cuando se cumplan los cinco a?os de mandato. La Constituci¨®n establece que los 20 vocales son elegidos para un periodo de cinco a?os y la ley org¨¢nica que regula el funcionamiento del ¨®rgano fija que el CGPJ saliente contin¨²a en funciones hasta la toma de posesi¨®n del nuevo. Este es el apartado que los magistrados del Supremo apuestan por modificar. ¡°Hay que garantizar que lo que est¨¢ pasando no va a volver a ocurrir. No se puede volver a dejar al albur de los partidos¡±, afirma un magistrado que, como otros con los que ha hablado este peri¨®dico, asegura que el cese autom¨¢tico de las funciones de los vocales obligar¨ªa a los grupos pol¨ªticos a pactar en tiempo la renovaci¨®n.

Estos jueces sostienen que la prolongaci¨®n del mandato de forma indefinida, como ocurre ahora, es contrario al esp¨ªritu con el que se redactaron la Constituci¨®n y la ley que la desarrolla. Esa norma establece que los presidentes del Congreso y del Senado deber¨¢n ¡°adoptar las medidas necesarias¡± para que la renovaci¨®n del Consejo se produzca en plazo, y, para ello, cuatro meses antes de la expiraci¨®n del mandato, el presidente del CGPJ debe informar a las C¨¢maras y abrir el plazo de presentaci¨®n de candidaturas para la designaci¨®n de los vocales del turno judicial. ¡°La ley est¨¢ hecha para que se cumpla lo establecido en la Constituci¨®n. La intenci¨®n de los legisladores era que la renovaci¨®n se anticipara a la expiraci¨®n del mandato¡±, se?ala un magistrado, que advierte de que el fin de los mandatos no es algo ¡°accesorio, sino un asunto sustancial en democracia¡±. ¡°El principio democr¨¢tico es la limitaci¨®n temporal de los poderes¡±, apunta.

Aunque hay unanimidad entre los magistrados consultados sobre la necesidad de impulsar esta reforma, hay diversidad de opiniones sobre c¨®mo debe ponerse fin a las funciones de los miembros del Consejo una vez que venzan los cinco a?os para los que fueron elegidos. Unos abogan por cesar tanto a los vocales como al presidente el mismo d¨ªa que expire el mandato. Otros, por dejar solo al presidente, que es el ¨²nico que, seg¨²n la ley, puede aspirar a un segundo mandato. Algunos jueces admiten que se acuerde un plazo extra de no m¨¢s de seis meses y, a partir de ah¨ª, sustituir a los vocales por juristas elegidos por sorteo o con alg¨²n mecanismo establecido ajeno a los partidos, para que sean ellos quienes gestionen el d¨ªa a d¨ªa del Consejo hasta su renovaci¨®n.

Tareas vitales

Al margen de elegir a los miembros de la c¨²pula judicial (competencia ahora vetada por ley para el Consejo mientras est¨¦ caducado), el ¨®rgano de gobierno de los jueces tiene encomendadas otras tareas, la mayor¨ªa de ellas administrativas, pero vitales para funcionamiento de la justicia, desde los nombramientos, ascensos y traslados que se resuelven por escalaf¨®n a la concesi¨®n de permisos o la convocatoria de oposiciones. ¡°Si todo esto se paraliza, toda la responsabilidad recaer¨ªa sobre los partidos y se ver¨ªan obligados a negociar. De lo contrario, la justicia colapsar¨ªa¡±, expone un magistrado del alto tribunal. Los consultados advierten, adem¨¢s, que una vez que los vocales propuestos por uno u otro partido hubieran abandonado su puesto, ninguno de ellos tendr¨ªa inter¨¦s en mantener el ¨®rgano bloqueado.

Los jueces creen necesario tambi¨¦n abordar un cambio similar para el Tribunal Constitucional, con el objetivo de que los magistrados cesen en cuanto se cumplan los nueve a?os para los que fueron elegidos. ¡°Si no hay Consejo o el Constitucional tiene que actuar con cuatro o cinco miembros menos, la responsabilidad ser¨ªa de los partidos y as¨ª lo percibir¨ªan los ciudadanos¡±, afirma un magistrado del alto tribunal partidario de ambas reformas.