La tramitaci¨®n de la reforma de la sedici¨®n como proposici¨®n de ley acorta medio a?o el proceso
La f¨®rmula empleada en la iniciativa que el PSOE y Podemos presentan este viernes en el Congreso evita los informes preceptivos y no vinculantes del Consejo del Poder Judicial y el Consejo de Estado
La reforma del C¨®digo Penal para reducir a m¨¢s de la mitad las penas previstas para el delito de sedici¨®n de manera que salgan beneficiados los dirigentes independentistas condenados ¡ªe indultados despu¨¦s¡ª por el proc¨¦s se tramitar¨¢ mediante una proposici¨®n de Ley conjunta presentada por los grupos del PSOE y Unidas Podemos, partidos del Gobierno de coalici¨®n. Este procedimiento acortar¨¢ casi medio a?o los plazos de tramitaci¨®n de una iniciativa legislativa especialmente relevante y pol¨¦mica. La sedici¨®n tiene ahora una pena de hasta 15 a?os y se us¨® para condenar a los l¨ªderes independentistas con hasta 13 a?os de prisi¨®n. Se sustituir¨¢ por uno de des¨®rdenes p¨²blicos agravados con una pena m¨¢xima de cinco a?os, un tercio de la actual, seg¨²n fuentes parlamentarias. El presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, anunci¨® anoche durante una entrevista en La Sexta que la sedici¨®n dejar¨¢ con esta reforma de aparecer en el C¨®digo Penal y recibir¨¢ el nuevo tratamiento de ¡°des¨®rdenes p¨²blicos agravados¡± con una correspondiente rebaja de penas.
No es la primera vez que el Gobierno opta por esta f¨®rmula para tramitar cambios legales especialmente controvertidos, como la reforma del Consejo General del Poder Judicial para prohibir los nombramientos cuando tienen, como ahora, el mandato caducado. La proposici¨®n de Ley evita al Gobierno tener que solicitar los informes, preceptivos pero no vinculantes, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado.
La presentaci¨®n de un proyecto de Ley para reformar el C¨®digo Penal hubiera supuesto un nuevo obst¨¢culo al toparse con un Consejo General del Poder Judicial que ni siquiera ha cumplido los plazos legales para nombrar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden. En este ambiente, con una parte del CGPJ muy cr¨ªtico con el Gobierno, al que algunos de sus representantes descalifica a diario, la elaboraci¨®n de un informe sobre la nueva reforma del delito de sedici¨®n hubiera supuesto un contratiempo que podr¨ªa demorar durante meses la aprobaci¨®n del cambio legal.
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