Los aliados del Gobierno defienden la ¡®ley del solo s¨ª es s¨ª¡¯ y ofrecen revisarla si es necesario
Unidas Podemos y los independentistas recrudecen en el Congreso sus ataques contra los jueces
El Ministerio de Igualdad se tropez¨® este mi¨¦rcoles en el Congreso con los ataques de la derecha por la rebaja de condenas a delincuentes sexuales en aplicaci¨®n de la nueva ley del solo s¨ª es s¨ª, pero lo compens¨® con el apoyo sin fisuras que le mostraron los dos principales aliados parlamentarios del Gobierno, ERC y PNV. Responsables del departamento que dirige Irene Montero insistieron ante la C¨¢mara en su tesis de que el problema no es la nueva norma, sino la interpretaci¨®n que hacen de ella los jueces, vapuleados en algunas de las intervenciones de las dirigentes de Unidas Podemos y de los grupos independentistas. El PSOE, mientras, trat¨® de sobrevolar la controversia sin apenas inmiscuirse.
La revelaci¨®n de los primeros casos en que jueces han rebajado las penas a condenados, aplicando la Ley de Garant¨ªa de la Libertad Sexual, monopoliz¨® la comparecencia de altos cargos de Igualdad ante el Congreso, en teor¨ªa para explicar sus ¨²ltimas medidas en la lucha contra la violencia machista. La secretaria de Estado de Igualdad, ?ngela Rodr¨ªguez, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de G¨¦nero, Victoria Rosell, se afanaron por detallar sus planes sobre la materia, pero toda la atenci¨®n de los diputados estaba puesta en lo que se ha convertido en la pen¨²ltima controversia pol¨ªtica nacional.
Rodr¨ªguez y Rosell no tuvieron m¨¢s remedio que sumergirse en la polvareda, despu¨¦s de las cr¨ªticas encajadas por parte de los grupos de la derecha y la preocupaci¨®n expresada por sus habituales aliados parlamentarios, que, en cualquier caso, cerraron filas con el Ejecutivo. Rosell, juez de carrera, evit¨® los ataques directos a sus compa?eros de profesi¨®n, aunque mostr¨® su disconformidad con la aplicaci¨®n que est¨¢n haciendo de la ley. Rodr¨ªguez, n¨²mero dos del ministerio, no se mordi¨® la lengua. Carg¨® directamente contra la ¡°misoginia¡± de los jueces y sus ¡°interpretaciones machistas¡±. Ambas deslizaron cr¨ªticas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por no aplicar los prometidos planes de formaci¨®n sobre cuestiones de violencia sexual. ¡°Una verg¨¹enza¡±, sentenci¨® Rodr¨ªguez.
Opositores y aliados del Gobierno coincidieron al menos en una cosa: recordar a las responsables del ministerio que sus manifestaciones de las ¨²ltimas semanas asegurando que no se producir¨ªa ninguna rebaja de penas, pese a que as¨ª se lo hab¨ªa avisado el propio CGPJ, han quedado en evidencia. En lo dem¨¢s, la derecha y los nacionalistas perif¨¦ricos discreparon radicalmente. El PP, por boca de la diputada Rosa Romero, record¨® que su grupo se opuso en su d¨ªa a la ley, un ¡°atropello legislativo¡± que ha deparado ¡°consecuencias dram¨¢ticas¡± al ¡°desproteger a las v¨ªctimas¡±. Romero exigi¨® su revisi¨®n inmediata. Por parte de Vox, Magdalena Nevado argument¨®: ¡°Ustedes meten en el mismo saco al que agrede a su pareja y al que en un momento distendido le dice tonta¡±.
Los independentistas vieron la ocasi¨®n perfecta para redoblar sus ataques a los jueces, vinculando este asunto a la reacci¨®n de la justicia ante el proc¨¦s. ¡°Lo que prevalece es la incultura democr¨¢tica de los jueces¡±, carg¨® Pilar Vallugera, de ERC, quien sali¨® en defensa del ministerio de Irene Montero ante lo que calific¨® de maniobras de ¡°ataque y derribo¡± y se abri¨® a una posible reforma de la ley. Sobre esto ¨²ltimo insisti¨® con reiteraci¨®n Josep Pag¨¨s, de Junts, formaci¨®n que en este caso se alinea con las tesis del Gobierno. Pag¨¨s sostuvo que la justicia espa?ola sigue impregnada de ¡°cultura franquista¡± y reclam¨® sin rodeos la reforma de la norma para privar a los jueces de ¡°margen de interpretaci¨®n¡±.
Tanto las responsables del ministerio como la socialista Fuensanta Lima lo descartaron, al menos de momento. Esta ¨²ltima, sin profundizar demasiado, se ci?¨® al argumentario de su partido para remitirse a la doctrina que establezcan el Tribunal Supremo y la Fiscal¨ªa del Estado. Joseba Agirretxea, del PNV, se situ¨® en una posici¨®n similar: ¡°Si ha de revisarse, se revisar¨¢, pero no en base a titulares. El n¨²cleo central de la ley sigue intacto¡±. Para resaltar que la norma cont¨® con el aval de todo el Gobierno y no solo de la parte de Unidas Podemos, las responsables de Igualdad subrayaron que el Ministerio de Justicia, en manos de los socialistas, dio en su d¨ªa el visto bueno a la ley.
El debate vivi¨® algunos momentos tensos, aunque no por esta cuesti¨®n, sino por el empe?o de la diputada de Vox Carla Toscano en atribuir a los inmigrantes la mayor parte de las agresiones sexuales. La presidenta de la comisi¨®n, la socialista Beatriz Carrillo, le llam¨® la atenci¨®n por unos comentarios que consider¨® ¡°xen¨®fobos¡±. La secretaria de Estado de Igualdad tampoco se reprimi¨® en este punto y levant¨® las airadas protestas de Vox al dirigirse a Toscano con estas palabras: ¡°Es usted una racista, una xen¨®foba y una machista¡±.
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