El Gobierno y ERC negocian retoques de ¨²ltima hora en el delito de malversaci¨®n para limitar las cr¨ªticas internas en el PSOE
Los socialistas buscan corregir la enmienda republicana para evitar que se beneficien del cambio en el C¨®digo Penal decenas de pol¨ªticos condenados por corrupci¨®n
Miembros de la c¨²pula socialista del Ejecutivo y de ERC negocian este jueves el contenido de una enmienda transaccional del PSOE, que corrige la propuesta de los republicanos para modificar a la baja, y casi a la mitad, algunos castigos al delito de malversaci¨®n en el C¨®digo Penal. El objetivo es evitar beneficios para muchos pol¨ªticos condenados por corrupci¨®n y, sobre todo, para suturar las cr¨ªticas entre algunos barones auton¨®micos del principal partido en el Gobierno. La negociaci¨®n de esta pol¨¦mica iniciativa se comand¨® desde La Moncloa, y persigue rebajar los conflictos judiciales relacionados con el proceso independentista en Catalu?a, como sucedi¨® con los indultos y la sustituci¨®n del delito de sedici¨®n. El plazo para introducir esas correcciones por la v¨ªa de urgencia acaba el viernes a las 18.00.
Ya en enero de 2020 ¨Dhace casi tres a?os y poco despu¨¦s de la sentencia del Tribunal Supremo que conden¨® por sedici¨®n y no por rebeli¨®n a los l¨ªderes separatistas catalanes¨D durante una entrevista de la Cadena SER la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se abri¨® a reformar varios art¨ªculos del C¨®digo Penal para actualizarlo en l¨ªnea con lo que existe en otros pa¨ªses europeos, que es lo que se esgrime tambi¨¦n ahora para adecuar la malversaci¨®n a esos textos. El presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, aludi¨® el pasado martes durante los corrillos con los periodistas durante el 44? aniversario de la Constituci¨®n en el Congreso a esa homologaci¨®n europea, siempre que estos cambios no supongan rebajas de penas a los condenados por corrupci¨®n. De hecho, fuentes gubernamentales explican que esas ser¨¢n las razones que se utilizar¨¢n ahora para definir mejor penalmente la corrupci¨®n en consonancia con lo marcado en los tratados y acuerdos firmados por el Consejo de Europa.
Responsables socialistas del Ejecutivo y de ERC en el Gobierno catal¨¢n iniciaron hace meses un periodo discreto de intercambio de papeles, documentos e ideas, con varios parones, par¨¦ntesis y modificaciones que transcurrieron en paralelo a la Mesa de Di¨¢logo. Al principio, se centraron en la negociaci¨®n sobre la supresi¨®n del delito de sedici¨®n, que finalmente ser¨¢ relevado en la actual modificaci¨®n del C¨®digo por el de des¨®rdenes p¨²blicos agravados. Este oto?o se puso sobre la mesa p¨²blicamente tambi¨¦n el de malversaci¨®n, que en el caso del proceso independentista afecta a decenas de cargos intermedios. El primero que solt¨® la idea fue el l¨ªder de ERC, Oriol Junqueras, que adem¨¢s relacion¨® ese cambio con el apoyo de sus 13 diputados, clave en el Congreso para el buen recorrido de los Presupuestos del Estado en 2023.
La urgencia de esa exigencia de ERC se matiz¨® m¨¢s tarde, con las cr¨ªticas de relevantes miembros del PSOE, a lo que podr¨ªa suponer ese cambio para pol¨ªticos corruptos. Entre los que criticaban se encuentran barones auton¨®micos que se juegan mantener el poder en sus territorios en las elecciones del 28 de mayo y algunos ministros. Incluso mostraron reparos algunos de los socios habituales del PSOE, como Unidas Podemos, M¨¢s Pa¨ªs o Comprom¨ªs. Ahora ese compromiso est¨¢ otra vez sobre el tapete. El propio presidente S¨¢nchez ha sido el que ha expresado en varias ocasiones que estaba dispuesto a estudiar esa opci¨®n, aunque La Moncloa, el Gobierno y el PSOE han insistido hasta el final en que la firma de esa propuesta debe ponerla de entrada en una enmienda ERC.
Los republicanos, que quer¨ªan discutir esa opci¨®n de retocar las consecuencias del delito de malversaci¨®n con ¡°m¨¢s discreci¨®n¡± para aliviar la situaci¨®n de decenas de sus cargos medios condenados por el proc¨¦s, tambi¨¦n modularon mucho durante estas ¨²ltimas semanas su demanda, al comprobar la repercusi¨®n p¨²blica y social de esa medida si permit¨ªa alg¨²n provecho a pol¨ªticos condenados por corrupci¨®n. As¨ª lo advierten con alarma desde la oposici¨®n en el Congreso, pero tambi¨¦n algunas fuentes jur¨ªdicas. El precedente de lo sucedido con algunas consecuencias de rebajas penales a delincuentes sexuales con la ley del solo s¨ª es s¨ª est¨¢ muy presente en casi todos los partidos, y particularmente entre los barones socialistas en v¨ªsperas del 28-M.
Candidatos del PSOE a las elecciones locales de mayo, como Javier Lamb¨¢n en Arag¨®n, Emiliano Garc¨ªa-Page en Castilla-La Mancha y Juan Lobato en la Comunidad de Madrid han manifestado esas cr¨ªticas en p¨²blico, algo nada habitual ahora en ese partido. Page habl¨® con disgusto de un ¡°traje a la medida¡± de los separatistas. Lobato, que se la juega contra la popular Isabel D¨ªaz Ayuso, alert¨®: ¡°A los corruptos, ni un d¨ªa menos de prisi¨®n¡±. En Unidas Podemos, la reforma tampoco agrada nada. La vicepresidenta segunda y posible futura candidata de Sumar, Yolanda D¨ªaz, precis¨® este jueves desde Bruselas que esa formaci¨®n ni siquiera registrar¨¢ enmiendas al respecto. Fuentes de La Moncloa aseguran que sobre la base de un texto que ERC presentar¨¢ este viernes y no es definitivo se negociar¨¢ para que el resultado final mantenga la palabra del presidente del Gobierno, que coincide con la petici¨®n de los barones socialistas de no dar un paso atr¨¢s en la lucha contra la corrupci¨®n.
El ministro de la Presidencia, F¨¦lix Bola?os, y el jefe de Gabinete del presidente, ?scar L¨®pez, negocian este jueves con un equipo de expertos de ERC el contenido de una enmienda transaccional del PSOE que se registrar¨¢ el viernes y que matiza y precisa m¨¢s el planteamiento inicial de volver a la definici¨®n y castigo previstos en el C¨®digo Penal para esos delitos antes de 2015, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy los endureci¨® para frenar el mal uso de fondos p¨²blicos en el proceso separatista en Catalu?a. Aquel intento tampoco acapar¨® demasiado ¨¦xito, ante lo que sucedi¨® luego en el oto?o de 2017.
Ahora, y desde 2015, la distinci¨®n entre que exista o no lucro personal se obvia y la horquilla de castigos m¨¢s b¨¢sica para ese delito est¨¢ entre dos y seis a?os de c¨¢rcel. En su versi¨®n m¨¢s grave, cuando el dispendio p¨²blico supere los 250.000 euros, de ocho a 12 a?os.
La discusi¨®n que ha llevado m¨¢s tiempo entre el Gobierno y ERC ahora ha sido para perfilar que no acaben sacando provecho de esas reformas penales condenados por corrupci¨®n, de distintos partidos pol¨ªticos. ERC defendi¨® que habr¨ªa que introducir ah¨ª soluciones ¡°quir¨²rgicas¡± que no se han explicado a¨²n p¨²blicamente. El PSOE tampoco lo ha hecho, lo que ha reavivado las sospechas y el malestar de varios dirigentes territoriales.
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