La reforma de la ¡®ley mordaza¡¯ reinicia el tr¨¢mite parlamentario con significativas discrepancias entre el PSOE y sus socios

La reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida popularmente como ley mordaza, reiniciar¨¢ la pr¨®xima semana su tr¨¢mite parlamentario tras cerca de 10 meses en los que los seis grupos pol¨ªticos partidarios de modificar la norma ¨DPSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts¨D han intentado llegar a un acuerdo previo que, hasta ahora, no ha sido completo. Durante estos meses, estas formaciones han conseguido, despu¨¦s de m¨¢s de 30 reuniones, pactar las enmiendas a una quincena de art¨ªculos, pero no han logrado acercar posiciones en seis donde las diferencias a¨²n son ¡°significativas¡±, seg¨²n varios de los participantes en estos encuentros. Otras fuentes rebajan estas discrepancias a tres y afirman que el acuerdo est¨¢ ¡°bastante cerca¡± en los otros tres en los que a¨²n no hay pacto.

¡°Estamos ahora peor que hace un mes¡±, se lamentan fuentes conocedoras de las negociaciones, que recalcan que puntos que se consideraban cerrados tras llegar a un principio de acuerdo, se han reabierto en las ¨²ltimas semanas por el cambio de posici¨®n de alguno de los grupos. Una parte de los negociadores acusan de este retroceso al PSOE, mientras que otros cargan la responsabilidad en ERC y EH Bildu. No obstante, son tres en los que nunca se ha estado cerca del acuerdo los que suponen el principal escollo. Se trata de los que fijan el uso de material antidisturbios, incluidas las pol¨¦micas pelotas de goma, para hacer frente a las algaradas callejeras (art¨ªculo 23); el que fija las sanciones por faltas de respeto a los agentes (art¨ªculo 37.4), y el que avala los rechazos en frontera ¡ªconocidos como devoluciones en caliente¡ª de migrantes en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla (disposici¨®n adicional d¨¦cima). Los socialistas no est¨¢n dispuestos a moverse de la posici¨®n que fijaron en sus enmiendas iniciales presentadas en noviembre, algunas elaboradas junto a Unidas Podemos. De hecho, se ha quedado solo en la defensa de las pelotas de goma. Para ERC y EH-Bildu, la redacci¨®n de estas es inasumible.

De hecho, ante esta situaci¨®n de bloqueo, la semana pasada los seis partidos acordaron poner punto y final a esos encuentros entre bambalinas y reiniciar formalmente la ponencia parlamentaria, en la que ya estar¨¢n presentes los partidos que se oponen a modificar la ley: PP, Vox y Ciudadanos. La pr¨®xima reuni¨®n de este ¨®rgano, que ser¨¢ la tercera, ser¨¢ el mi¨¦rcoles. En las dos anteriores ¨Dcelebradas en enero y febrero¨D se constat¨® que, adem¨¢s de la oposici¨®n frontal de los tres grupos de la derecha, los partidos que s¨ª apoyaban la reforma solo lograban pactar una treintena de art¨ªculos. De hecho, para solventar las diferencias que surgieron, estos seis grupos acordaron iniciar las reuniones informales ahora interrumpidas. El objetivo entonces era retomar la ponencia con acuerdos ya cerrados para agilizar el tr¨¢mite parlamentario y conseguir cerrar el nuevo texto antes del pasado verano, cuando se cumpl¨ªa el s¨¦ptimo aniversario de la entrada en vigor de la norma que aprob¨® el PP.

Ese objetivo qued¨® r¨¢pidamente descartado dadas las diferencias que se constataron desde el primer momento entre los grupos. De hecho, tras m¨¢s de 30 reuniones entre bambalinas, la pasada semana los seis partidos acordaron cambiar el formato actual de las negociaciones para intentar salvar estas diferencias ante el bloqueo. Unidas Podemos y el PNV se comprometieron a presentar a los otros partidos textos alternativos para allanar el camino al acuerdo final. As¨ª, el primero de los partidos ha propuesto, para salvar el obst¨¢culo del uso del material antidisturbios, la creaci¨®n en el plazo de seis meses de una comisi¨®n presidida por el Defensor del Pueblo que estudie ¡°la transici¨®n y sustituci¨®n¡± de las pelotas de goma por otro material menos lesivo.

Mientras llega ese acuerdo, el primer paso de la reuni¨®n de la ponencia del mi¨¦rcoles ser¨¢ la aprobaci¨®n de la quincena de art¨ªculos en los que s¨ª hay ya pacto. Entre ellos, la modificaci¨®n para que el consumo o la posesi¨®n de droga en la calle ya no ser¨¢ necesariamente sancionable con una multa (art¨ªculo 36.16), y que esta pueda ser reemplazada por un ¡°tratamiento o rehabilitaci¨®n, si lo precisa, o actividad de reeducaci¨®n¡± si as¨ª lo pide el propio infractor. Tambi¨¦n han acordado eliminar como infracci¨®n la ¡°exhibici¨®n obscena¡± (art¨ªculo 37.5) o la ocupaci¨®n de la v¨ªa p¨²blica para la venta ambulante no autorizada, el conocido popularmente como top manta (art¨ªculo 37.7). Asimismo, han acordado a?adir nuevas disposiciones a la ley para, por ejemplo, incluir en la formaci¨®n de los polic¨ªas m¨®dulos sobre mediaci¨®n para la soluci¨®n de conflictos y minimizar el riesgo de altercados en manifestaciones.

Acuerdo roto

En los que supuestamente hab¨ªa acuerdo y, sin embargo, al final este se ha roto son el que sanciona con multas de 601 a 30.000 euros ¡°la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes¡±, que fue masivamente utilizado para castigar los que se saltaron el confinamiento durante la pandemia (art¨ªculo 36.6), y el que permite a las Fuerzas de Seguridad instalar controles en lugares p¨²blicos para identificar y cachear personas, y registrar veh¨ªculos (art¨ªculo 17.2). Tampoco se ha cerrado el referido a la responsabilidad subsidiaria de los convocantes de una manifestaci¨®n por los incidentes que se puedan producir en el transcurso de la misma (art¨ªculo 30.3).

En el caso del primero, una propuesta en principio aceptada se?alaba que la desobediencia solo ser¨¢ punible si era acompa?ada de ¡°oposici¨®n corporal o fuerza f¨ªsica¡±. Seg¨²n fuentes de la negociaci¨®n, el PSOE, que en un primer momento hab¨ªa dado el visto bueno a esta redacci¨®n, volvi¨® a poner objeciones. En el segundo, los partidos nacionalistas reclaman que se a?ada la obligaci¨®n de la Polic¨ªa de comunicar estas medidas ¡°de limitaci¨®n de derechos¡± a la Fiscal¨ªa, al Defensor del Pueblo y, en el caso de que exista polic¨ªa auton¨®mica con competencias en el territorio donde se produce, a esta. En el ¨²ltimo, algunos grupos reclaman que se suprima al considerar que no se puede responsabilizar al convocante de una manifestaci¨®n de lo que hagan los participantes en la misma.