Las discrepancias en seis art¨ªculos ralentizan el tramo final de la reforma de la ¡®ley mordaza¡¯

La compleja y larga negociaci¨®n para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza, enfila su tramo final a¨²n con diferencias significativas entre los seis grupos parlamentarios ¨DPSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts¨D que intentan alcanzar un acuerdo. El ¨²ltimo escollo son seis art¨ªculos en los que, desde que estos partidos crearon en marzo un grupo de trabajo para consensuar un texto que llevar al pleno del Congreso, no han conseguido pactar, seg¨²n confirman a EL PA?S fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones. De ellos, tres son los que provocan mayores discrepancias, seg¨²n las mismas fuentes. Se trata de los que recogen la utilizaci¨®n por parte de la Polic¨ªa del material antidisturbios y, en concreto, de las pelotas de goma para hacer frente a las algaradas callejeras (art¨ªculo 23); el que fija las sanciones por faltas de respeto a los agentes (art¨ªculo 37.4), y el que avala los rechazos en frontera, conocidos como devoluciones en caliente, de migrantes en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla (disposici¨®n adicional d¨¦cima).

De los otros tres, las mismas fuentes destacan que el acuerdo est¨¢ ¡°bastante cerca¡±, pero que a¨²n hay que superar algunas diferencias para poder sumar a todos los partidos negociadores, clave para que el texto que llegue al pleno del Congreso consiga los votos necesarios para su aprobaci¨®n. Se trata de los referidos a la responsabilidad subsidiaria de los convocantes de una manifestaci¨®n por los incidentes que se puedan producir en el transcurso de la misma (art¨ªculo 30.3); el que sanciona con multas de 601 a 30.000 euros ¡°la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes¡±, que fue masivamente utilizado para castigar los que se saltaron el confinamiento durante la pandemia (art¨ªculo 36.6), y el que permite a las Fuerzas de Seguridad instalar controles en lugares p¨²blicos para identificar y cachear personas, y registrar veh¨ªculos (art¨ªculo 17.2). En la ¨²ltima reuni¨®n, celebrada el jueves, los seis grupos parlamentarios acordaron cambiar el formato actual de las negociaciones para intentar salvar estas diferencias antes de que acabe el a?o. Unidas Podemos y PNV presentar¨¢n a los otros partidos textos para allanar el camino al acuerdo final.

El punto m¨¢s controvertido, y en el que las posiciones siguen m¨¢s enfrentadas, es el del uso de las pelotas de goma. ERC, Junts ¨Dque recuerdan que los Mossos d¡¯Esquadra tienen prohibida su utilizaci¨®n y emplean proyectiles de foam, material viscoel¨¢stico supuestamente menos lesivo¨D y EH Bildu reclaman su inmediata prohibici¨®n. Por su parte, el PNV aboga por el modelo implantado en Euskadi por el Gobierno vasco, que restringe su utilizaci¨®n por parte de la Ertzaintza a casos tan excepcionales que en los ¨²ltimos 10 a?os sus agentes no han disparado ninguna. PSOE y Unidas Podemos plantearon al inicio de las negociaciones una enmienda que no contemplaba ning¨²n recorte, aunque abogaba por elaborar ¡°protocolos espec¨ªficos¡± para ¡°utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables¡±. Esa es la postura que a¨²n mantienen los socialistas, pero no sus socios de gobierno, que recientemente hicieron una propuesta alternativa: la creaci¨®n, en el plazo de seis meses, de una comisi¨®n presidida por el Defensor del Pueblo que estudie ¡°la transici¨®n y sustituci¨®n¡± de las pelotas de goma por otro material menos lesivo en un intento de acercar las diferentes posiciones en este punto.

Algo similar ocurre con el art¨ªculo que fija como infracci¨®n leve ¨Dsancionada con multas de 100 a 600 euros¨D ¡°las faltas de respeto y consideraci¨®n¡± a los polic¨ªas. Este punto es uno de los m¨¢s esgrimidos por las Fuerzas de Seguridad para sancionar desde que entr¨® en vigor la norma. Los socialistas han rechazado las dos propuestas planteadas hasta ahora. La de Unidas Podemos quer¨ªa limitar estas sanciones a los ¡°insultos o injurias¡±, como ya recog¨ªa en las enmiendas que present¨® en solitario cuando se inici¨® el debate. La otra, del PNV, propon¨ªa castigar las ¡°expresiones o conductas¡± que desacrediten el ejercicio de la funci¨®n de los agentes. El PSOE defiende que el texto actual se mantenga.

El tercer gran escollo son las llamadas devoluciones en caliente, de nuevo de actualidad tras la tragedia en la valla de Melilla del 24 de junio, en la que murieron, al menos, 23 migrantes y refugiados y tras la que se retorn¨® a Marruecos a 470. El Tribunal Constitucional aval¨® en noviembre de 2020 esta figura a partir de un pronunciamiento que, en febrero de ese mismo a?o, hab¨ªa hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, en aquel fallo el tribunal de garant¨ªas fij¨® unas condiciones para llevarlas a cabo, prohibiendo expresamente que se aplicara a personas ¡°especialmente vulnerables¡±, como menores, embarazadas, ancianos o con alguna discapacidad. El PSOE quiere recoger estas condiciones, pero manteniendo en todo caso en la nueva ley mordaza la posibilidad de los rechazos en frontera. Otros grupos, sin embargo, plantean la eliminaci¨®n de esta figura o, al menos, una reforma para incrementar las garant¨ªas de los migrantes y evitar, precisamente, que se aplique a esos colectivos y a migrantes con derecho a acogerse a la figura del asilo.

Discrepancias

Las discrepancias en los otros tres art¨ªculos sin acuerdo son ¡°menores¡±, seg¨²n coinciden en se?alar varias fuentes consultadas. En el caso del que castiga la desobediencia a la polic¨ªa ya hubo un principio de acuerdo en una propuesta que se?alaba que esta solo ser¨¢ punible si era acompa?ada de ¡°oposici¨®n corporal o fuerza f¨ªsica¡±. Seg¨²n fuentes de la negociaci¨®n, el PSOE, que en un primer momento hab¨ªa dado el visto bueno, ahora vuelve a poner objeciones. Los socialistas no han respondido a los requerimientos de este peri¨®dico para conocer su versi¨®n. En el caso del art¨ªculo que se?ala a los convocantes y promotores de las manifestaciones como ¡°sujetos responsables¡± de las infracciones que se produzcan en las mismas, algunos grupos reclaman que se suprima al considerar que no se les puede responsabilizar de lo que hagan los participantes en la misma. El ¨²ltimo punto sin acuerdo, el referido a los controles en espacios p¨²blicos, algunos partidos quieren que se a?ada la obligaci¨®n de la Polic¨ªa de comunicar estas medidas ¡°de limitaci¨®n de derechos¡± a la Fiscal¨ªa, al Defensor del Pueblo y, en el caso de que exista polic¨ªa auton¨®mica con competencias en el territorio donde se produce, a esta.