El ¡®flashover¡¯ del Tribunal Constitucional

La pol¨ªtica espa?ola ha entrado esta semana en lo que los expertos en extinci¨®n de incendios denominan flashover, o combusti¨®n s¨²bita generalizada, en la que, de repente, en un fuego en apariencia controlado, todos los elementos que hasta ese momento permanec¨ªan intactos empiezan a arder por la radiaci¨®n de las llamas. A la hoguera del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, alimentada por el PP en su beneficio durante los ¨²ltimos cuatro a?os, y al empe?o del Gobierno de apagarla con lo que la jurista Elisa de la Nuez califica de un ¡°lanzallamas legislativo¡±, se ha unido ahora el Constitucional. El tribunal ¡ªde mayor¨ªa conservadora¡ª decidir¨¢ este lunes si paraliza, a petici¨®n del PP y Vox, la tramitaci¨®n parlamentaria de dos enmiendas ideadas para desbloquear su renovaci¨®n. Los partidos del Gobierno las hab¨ªan introducido en la ya pol¨¦mica reforma del C¨®digo Penal para suprimir el delito de sedici¨®n y rebajar el castigo de la malversaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro y beneficiar a los pol¨ªticos encausados por el proc¨¦s de 2017.

Estas enmiendas, ahora en el alero, pretenden forzar la renovaci¨®n de cuatro de los 12 magistrados del tribunal de garant¨ªas cuyos mandatos expiraron el 12 de junio, retocando para ello las leyes org¨¢nicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. El Congreso las aprob¨® el jueves, en una jornada de enorme tensi¨®n, despu¨¦s de que los cinco magistrados progresistas del Constitucional lograran aplazar a este lunes el debate sobre el recurso de amparo en el que el PP solicita al tribunal suspender de manera cautelar¨ªsima su tramitaci¨®n. Este aplazamiento del pleno del Constitucional, convocado de urgencia por su presidente, Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano, evit¨® que se consumara la paralizaci¨®n de las enmiendas, que ahora est¨¢n en el Senado. Sin embargo, la mera convocatoria desat¨® en el Congreso una ret¨®rica inflamada, en la que la mayor¨ªa parlamentaria de izquierda y nacionalista habl¨® de ¡°golpe de Estado de las togas¡± y la oposici¨®n de derecha, en este caso la l¨ªder de Ciudadanos, In¨¦s Arrimadas, lleg¨® a afirmar que ¡°el Gobierno va a declarar de facto la independencia de Catalu?a¡±.

Este peri¨®dico ha consultado con una decena de expertos juristas ¡ªla mayor parte de ellos bajo condici¨®n de anonimato¡ª. Todos ellos coinciden en que Espa?a atraviesa una ¡°crisis constitucional¡± de consecuencias imprevisibles por la politizaci¨®n intensa de los ¨®rganos constitucionales, y el af¨¢n cada vez m¨¢s indisimulado de los partidos de controlar las instituciones llamadas a ejercer de contrapeso de sus decisiones. Xavier Arbos, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, se?ala que ¡°la autoridad moral del Tribunal Constitucional para resolver se encuentra en riesgo¡± por este conflicto ¡°m¨¢s pol¨ªtico que jur¨ªdico¡±, y considera que ¡°si se accede a la suspensi¨®n [del tr¨¢mite de las enmiendas] se podr¨ªa afectar a la autonom¨ªa reglamentaria de las C¨¢maras¡± y el tribunal, que ¡°parece ser juez y parte (¡­), a?adir¨ªa una muesca m¨¢s a la etiqueta de pol¨ªticamente sesgado¡±.

Arbos teme que la apariencia de partidismo del Constitucional alimente a los populismos. ¡°La legitimidad de un tribunal se basa en gran parte en las apariencias; si se desprestigia, cuando falte el guardi¨¢n, muchos van a sentirlo¡±. Tambi¨¦n considera ¡°deplorable¡± el espect¨¢culo de ¡°exabruptos y descalificaciones gen¨¦ricas¡± vivido el jueves en el Congreso.

Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la fundaci¨®n Hay Derecho, sit¨²a el origen de esta ¡°gangrena¡± institucional en el bloqueo de la renovaci¨®n del CGPJ, que el PP mantiene paralizado desde diciembre de 2018 y que, a su vez, afecta a la renovaci¨®n del Constitucional. No obstante, considera ¡°salvaje¡± la f¨®rmula legislativa ideada por el Gobierno para el desbloqueo del tribunal de garant¨ªas. Esta pasa por rebajar de urgencia y sin consultas el qu¨®rum de tres quintos del CGPJ para nombrar a los dos magistrados constitucionales que le corresponde nombrar al ¨®rgano de gobierno judicial, y en suprimir el tr¨¢mite de supervisi¨®n de la idoneidad de los nuevos miembros por parte del tribunal. Y todo ello, en una proposici¨®n de ley concebida para cambiar el C¨®digo Penal.

De la Nuez afirma que, aunque al PP le asiste el derecho a recurrir en amparo y que hay sombras de inconstitucionalidad en esa reforma, puede producirse un ¡°choque de legitimidades¡± entre el Parlamento y el tribunal, al que describe como un ¡°¨®rgano tocad¨ªsimo por la politizaci¨®n, ocupado por los partidos¡±. ¡°Es un drama saber de antemano qu¨¦ va a votar cada magistrado la mayor¨ªa de las veces, lo que estamos viendo es el fruto de un deterioro de muchos a?os que estalla ahora, el extremo de una enfermedad degenerativa¡±, se?ala.

Ambici¨®n personal

Los juristas consultados aprecian una confluencia de factores en la crisis m¨¢s grave en 44 a?os de democracia. Por un lado, el intento de los dos grandes partidos de controlar las instituciones, colocando en ellas a figuras no ya afines en lo ideol¨®gico, sino directamente obedientes a las formaciones pol¨ªticas. En ese fen¨®meno, un magistrado del Supremo deplora que los partidos recurran para el Constitucional a magistrados ¡°de la segunda categor¨ªa de la carrera¡±, es decir, no pertenecientes al alto tribunal, lo que supone ¡°una degradaci¨®n institucional¡±. Por otro lado, se?alan el factor de la ambici¨®n personal de los candidatos. ¡°Esta corrupci¨®n del sistema no es cosa solo de los partidos, tambi¨¦n de la gente que desde dentro de la judicatura se presta a esto¡±, se?ala Elisa de la Nuez.

Un magistrado perteneciente al percentil m¨¢s alto del escalaf¨®n considera que la actuaci¨®n apresurada de Trevijano al convocar el pleno extraordinario es ¡°grav¨ªsima y jur¨ªdicamente muy discutible; tan da?ina y detestable como la prisa legislativa¡±, y aprecia un posible ¡°fraude de ley¡± en el recurso de amparo del PP. ¡°No se puede integrar en la normalidad esta patolog¨ªa democr¨¢tica del Gobierno y el PP¡±, afirma este juez, que considera que el CGPJ ¡°huele a qu¨ªmica tanatol¨®gica¡±. ¡°Con estos AVE pol¨ªticos y judiciales estamos contribuyendo a minar las bases del sistema constitucional¡±, se?ala.

En algunos ambientes jur¨ªdicos, especialmente en las redes sociales, se reclama que el Rey ejerza de manera visible la labor de ¨¢rbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones que le reserva el art¨ªculo 56 de la Constituci¨®n. De la Nuez cree que ejercer esta mediaci¨®n de forma p¨²blica ¡°ser¨ªa letal¡± para la Jefatura del Estado, y un miembro de la c¨²pula judicial le aconseja ¡°permanecer en la jaima hasta que pase el siroco¡±.

Un miembro de la c¨²pula fiscal pone el acento en la especial responsabilidad del Gobierno, a quien reprocha estar generando ¡°confrontaci¨®n y desequilibrio¡± con el carrusel de leyes para lograr la renovaci¨®n de los ¨®rganos constitucionales, quitando y devolviendo atribuciones al Consejo del Poder Judicial. No obstante, este jurista duda de la v¨ªa cautelar¨ªsima para suspender la tramitaci¨®n de las leyes a la que aspira el PP. Otro catedr¨¢tico de Constitucional, que reclama anonimato, confesaba el jueves su ¡°alivio¡± porque Gonz¨¢lez-Trevijano accediera a aplazar el pleno y considera que el tribunal deber¨ªa estudiar el recurso del PP por el tr¨¢mite ordinario, sin prisas. Todo por evitar que el incendio se propague sin remedio.