El Gobierno y sus aliados impulsan otra reforma urgente para sortear el veto del Constitucional
Las dos formaciones del Ejecutivo y sus aliados parlamentarios se unen para presentar una proposici¨®n de ley conjunta y urgente
El Gobierno y la mayor¨ªa parlamentaria que lo sustenta hacen frente com¨²n para sortear el freno del Tribunal Constitucional (TC). En una iniciativa muy poco habitual, PSOE, Unidas Podemos y sus aliados en el Congreso registrar¨¢n una iniciativa com¨²n por la v¨ªa de urgencia, una proposici¨®n de ley ex profeso para variar el sistema actual de renovaci¨®n de magistrados del Tribunal Constitucional, seg¨²n anunciaron fuentes parlamentarias. Esta iniciativa, que supone retocar las leyes org¨¢nicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, tendr¨¢ exactamente el mismo contenido que las dos enmiendas a la reforma del C¨®digo Penal, cuya tramitaci¨®n parlamentaria suspendi¨® cautelarmente el Constitucional el lunes despu¨¦s de que el Congreso lo hubiera aprobado el viernes, desatando una crisis institucional sin precedentes. Fuentes del PP anticiparon que no pondr¨¢n objeciones de constitucionalidad a este nuevo procedimiento, informa Elsa Garc¨ªa de Blas.
El tribunal de garant¨ªas, con los votos de la mayor¨ªa conservadora, atendi¨® la petici¨®n del PP y paraliz¨® el tr¨¢mite antes de que el Senado diera luz verde definitiva a la norma, en la que las dos enmiendas conducentes a renovar el Constitucional se introdujeron en la reforma del C¨®digo Penal para suprimir el delito de sedici¨®n y rebajar la malversaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro. Ambas medidas beneficiar¨¢n a los independentistas encausados por el proc¨¦s de 2017. Varios diputados del partido de Alberto N¨²?ez Feij¨®o presentaron un recurso de amparo en el que denunciaban que la tramitaci¨®n conjunta de normas que no tienen relaci¨®n entre ellas y adem¨¢s mediante un procedimiento expr¨¦s que evita los informes de ¨®rganos consultivos vulneraba sus derechos parlamentarios.
La decisi¨®n del Constitucional, anunciada el lunes por la noche, fue acatada inmediatamente por las Cortes y por el Gobierno, pero con fuertes cr¨ªticas. Podemos cit¨® este martes a todas las formaciones de la mayor¨ªa de investidura para consensuar una salida y forzar al PSOE a discutir tambi¨¦n una posible reforma de la ley para desbloquear el caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en lo que queda de legislatura. Los partidos del Gobierno y sus aliados intentaron rebajar el tono de los ataques a la derecha pol¨ªtica y judicial de los ¨²ltimos d¨ªas, sobre todo tras el inusual choque entre poderes del Estado que ha provocado la ajustada decisi¨®n del Constitucional (6 votos contra 5). El Ejecutivo y sus socios se centraron en buscar una soluci¨®n urgente a esta crisis, que todav¨ªa no est¨¢ cerrada, pero con la idea de aplicarla cuanto antes y con los m¨¦todos parlamentarios m¨¢s tradicionales.
El Gobierno y el PSOE se apresuraron a anunciar que buscaban una nueva f¨®rmula legal para sortear las tachas de inconstitucionalidad. El primero fue el propio presidente, Pedro S¨¢nchez, en una declaraci¨®n institucional le¨ªda a media ma?ana, y tras ¨¦l, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi L¨®pez, y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodr¨ªguez. Los tres enfatizaron que se usar¨¢n todos los mecanismos, medidas e instrumentos necesarios para que se cumplan la ley y la Constituci¨®n, se desbloqueen los principales ¨®rganos institucionales y se respete la voluntad popular expresada en las ¨²ltimas elecciones, en 2019. Pero no precisaron m¨¢s sobre sus intenciones.
Una soluci¨®n pactada
La idea m¨¢s respaldada tanto por los dos socios en el Gobierno como por otras formaciones como ERC, PNV, M¨¢s Pa¨ªs o PDeCAT era registrar por la v¨ªa de urgencia una proposici¨®n de ley. Y esa es la soluci¨®n pactada, seg¨²n anunciaron a ¨²ltima hora de la tarde fuentes parlamentarias, una iniciativa que suscribir¨¢n conjuntamente las formaciones del Ejecutivo y sus aliados. El portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, enfatiz¨® la importancia de esa imagen de consenso ¡°para que se visualice la respuesta del Congreso a la injerencia del Tribunal Constitucional¡±.
Las proposiciones de ley son impulsadas por los grupos parlamentarios, a diferencia de los proyectos de ley que firma el Gobierno. Se tramitan y resuelven con mucha m¨¢s rapidez y no necesitan informes previos de organismos consultivos. Los promotores no descartan incluso que pudiese habilitarse el mes de enero, periodo de vacaciones parlamentarias, para acelerar su aprobaci¨®n. Fuentes parlamentarias apuntan que la proposici¨®n deber¨ªa ser sencilla y breve, para reproducir en su contenido las enmiendas expr¨¦s introducidas y aprobadas la semana pasada como un a?adido ajeno al tema principal de otra ley, la reforma del C¨®digo Penal. PSOE y UP intentaron as¨ª modificar las mayor¨ªas necesarias dentro del CGPJ para evitar que el sector conservador, en abierta rebeld¨ªa, contin¨²e bloqueando los nombramientos de nuevos magistrados del Constitucional en sustituci¨®n de los que tienen el mandato caducado.
Las cr¨ªticas al TC por parte del Gobierno y su base parlamentaria se suavizaron este martes. El que volvi¨® a insistir en la acusaci¨®n de ¡°golpe¡± fue el portavoz parlamentario de UP, Pablo Echenique. Este y otros dirigentes de Podemos hab¨ªan sugerido el lunes que se deber¨ªa desobedecer al TC. Este martes no insistieron en esa l¨ªnea, que tampoco encontr¨® eco entre el resto de formaciones a la izquierda del PSOE. ¡°La desobediencia sin plan es un gigante con los pies de barro, es confeti¡±, alert¨® el portavoz de ERC, Gabriel Rufi¨¢n. Otros como Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, o ??igo Errej¨®n, de M¨¢s Pa¨ªs, tampoco abogaron por esa l¨ªnea. UP insiste adem¨¢s en otra reforma m¨¢s radical, la que suprimir¨ªa la exigencia de mayor¨ªa cualificada para renovar el CGPJ y desactivar as¨ª el bloqueo del PP. Echenique lo expuso en una reuni¨®n que convoc¨® en el Congreso a la que asistieron ERC, PNV, EH Bildu, M¨¢s Pa¨ªs, PDeCAT, BNG y Teruel Existe. La cita ¡ªde la que se ausent¨® el PSOE¡ª no pas¨® de una ¡°tormenta de ideas¡±, seg¨²n el portavoz del PNV, Aitor Esteban.
Hace dos a?os, PSOE y UP ya registraron una iniciativa que recortaba las mayor¨ªas requeridas para renovar el CGPJ y el TC, pero S¨¢nchez la retir¨® m¨¢s tarde ante los recelos de la Uni¨®n Europea y las quejas del PP de Pablo Casado, con el que estaba en la fase final de una negociaci¨®n que m¨¢s tarde se frustr¨®. Echenique ha remitido a los dem¨¢s grupos esa iniciativa registrada en su momento con el PSOE, pero con el matiz aportado por una propuesta del magistrado Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn. Este ha sugerido que la mayor¨ªa de tres quintos de la C¨¢mara (210 esca?os) que se exige ahora podr¨ªa rebajarse a mayor¨ªa absoluta, con el factor corrector de que tendr¨ªa que estar respaldada por al menos la mitad de los grupos de la C¨¢mara (ahora ser¨ªan cinco).
El Senado resolver¨¢ el jueves entre dudas en el Congreso
Salvo nuevos imprevistos, la reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición y rebaja las penas por malversación cuando no comporte lucro personal recibirá este jueves la aprobación definitiva del Senado y quedará lista para su envío al BOE. Fuentes de la Cámara alta descartan que el texto se remita de nuevo al Congreso, pese a las dudas jurídicas que suscita el hecho de que el proyecto haya sido modificado en realidad por la resolución del Tribunal Constitucional.
Los proyectos que salen del Congreso se convierten en definitivos tras su paso por el Senado siempre que este no introduzca en los mismos modificaciones vía enmiendas. Normalmente, en el caso de que la Cámara alta acuerde alguna alteración, deben volver al Congreso para que este los ratifique. Pero la situación actual tampoco tiene precedentes en este sentido. El texto que salió de la Cámara baja sufrirá modificaciones, pero no por la intervención de los senadores sino del Constitucional, que ha dejado sin efecto la parte de la reforma que afectaba precisamente al sistema de elección de magistrados para el tribunal de garantías. ¿Debe entonces volver el proyecto al Congreso para su confirmación? Tanto los grupos políticos como fuentes jurídicas consultadas de ambas cámaras muestran sus dudas ante lo inédito del caso, aunque la opinión dominante en los órganos de gobierno de ambas cámaras es que no será preciso en esta ocasión ese viaje de vuelta.
Fuentes oficiales del Senado señalaron que ahora es el TC y no ningún grupo político el que ha retirado y “mutilado” del texto dos disposiciones transitorias y otra dos adicionales, mientras que el resto del proyecto será ratificado por esa Cámara sin ninguna modificación respecto a lo que salió del Congreso. Por ello, estas fuentes entienden que el proceso se cerrará en el Senado, opinión que comparte también la mayoría de la Mesa del Congreso, pero que cuestionan otros miembros de ese órgano de gobierno y expertos de diversos partidos, que entienden que “el texto final no es sustancialmente el mismo que votó la Cámara baja el pasado jueves”.
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