Los fiscales del ¡®proc¨¦s¡¯ piden mantener la inhabilitaci¨®n de Junqueras pese a la reforma impulsada por el Gobierno

La Fiscal¨ªa ha remitido este mi¨¦rcoles al Tribunal Supremo su petici¨®n de revisi¨®n de condenas ¡ªen aplicaci¨®n de la reforma penal aprobada por el Parlamento el pasado diciembre¡ª para los l¨ªderes del proc¨¦s independentista catal¨¢n que fueron juzgados en 2019. En su escrito, los fiscales que lideraron la acusaci¨®n en aquel juicio solicitan que se mantenga ¨ªntegra la pena de inhabilitaci¨®n para ejercer cargo p¨²blico a los cuatro exmiembros de la Generalitat que fueron condenados por sedici¨®n y malversaci¨®n: Oriol Junqueras (inhabilitado durante 13 a?os; es decir, hasta julio de 2031), Ra¨¹l Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (los tres, condenados a 12 a?os, que vencer¨ªan entre 2030 y 2031). Por el contrario, la Fiscal¨ªa considera que debe rebajarse el tiempo de inhabilitaci¨®n impuesto a quienes fueron condenados por sedici¨®n pero no por malversaci¨®n: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (de 11 a?os y medio pasar¨ªa a 9 a?os y dos meses), los exconsejeros Quim Forn y Josep Rull (de 10 a?os y medio pasar¨ªa a 8 a?os y dos meses) y, sobre todo, los activistas Jordi S¨¤nchez y Jordi Cuixart (de 9 a?os a 5).

Cuixart y S¨¤nchez ¡ªconocidos como los Jordis¡ª son, por tanto, quienes resultar¨ªan m¨¢s beneficiados por esta revisi¨®n de penas fruto de la reforma penal del Gobierno. Con la condena inicial, la inhabilitaci¨®n de Jordi Cuixart venc¨ªa en octubre de 2028, y la de S¨¤nchez, en julio de 2027. Ahora ese tiempo se ver¨ªa acortado, de modo que S¨¤nchez, exl¨ªder de Junts per Catalunya, podr¨ªa concurrir si quisiera, por ejemplo, a las elecciones generales de finales de este a?o. En todo caso, ser¨¢ el Tribunal Supremo quien decida finalmente c¨®mo quedan las condenas, tras escuchar a todas las partes.

El ministerio p¨²blico concluye que a los nueve dirigentes hay que retirarles la pena correspondiente al delito de sedici¨®n (porque ese delito ha sido derogado en la reforma del Gobierno) pero insta a que se les aplique, a cambio, el nuevo delito de des¨®rdenes p¨²blicos agravados, y recalcula el tiempo de inhabilitaci¨®n en funci¨®n de eso. A los que estaban, adem¨¢s, condenados por malversaci¨®n (Junqueras, Romeva, Turull y Bassa) pide mantenerles la pena inicial. Todos los cambios se refieren solamente a las penas de inhabilitaci¨®n, pues de las penas de prisi¨®n ya fueron indultados los nueve por el Gobierno en junio de 2021 y desde entonces est¨¢n en libertad.

En su escrito, los fiscales reiteran su cr¨ªtica a la reforma del C¨®digo Penal pactada por el Gobierno y ERC: la derogaci¨®n del delito de sedici¨®n, afirman, ¡°ha eliminado uno de los instrumentos penales de respuesta frente a las agresiones al orden constitucional, debilitando su adecuada protecci¨®n¡±. Pese a ello, dicen, los hechos del proc¨¦s no han quedado totalmente despenalizados, porque, en su opini¨®n, quedan subsumidos en el nuevo delito de des¨®rdenes p¨²blicos agravados. En este punto, la Fiscal¨ªa discrepa de la interpretaci¨®n que ha hecho el instructor de la causa del proc¨¦s, el magistrado del Supremo Pablo Llarena, que en un auto referido a la situaci¨®n del expresident fugado Carles Puigdemont sostuvo que la conducta atribuida a los l¨ªderes independentistas no encaja en el nuevo delito de des¨®rdenes p¨²blicos agravados.

Una vez derogada la sedici¨®n, ¡°los hechos constituyen un delito de des¨®rdenes p¨²blicos porque se cumplen todos los elementos t¨ªpicos del art¨ªculo 557.1 y 57.2 del C¨®digo Penal¡±, se?alan los fiscales, que advierten de que ser¨ªa ¡°de todo punto incomprensible¡± que ¡°la multitud de episodios violentos, organizados con la finalidad de alterar el orden constitucional, planificados, ideados, dirigidos, impulsados y realizados intelectual y materialmente por los acusados¡± quedaran ahora despenalizados.

Respecto al delito de malversaci¨®n agravada, la Fiscal¨ªa pide que se mantenga el castigo porque considera que la rebaja de penas introducida para este delito en la reciente reforma del C¨®digo Penal no es aplicable al caso del proc¨¦s. La reforma pactada entre el Gobierno y ERC pretend¨ªa que la malversaci¨®n por la que fueron condenados los l¨ªderes independentistas encajara ahora en una nueva modalidad (con penas mucho m¨¢s suaves) que castiga el desv¨ªo de fondos para un uso p¨²blico distinto al inicialmente previsto. Pero la Fiscal¨ªa rechaza esta tesis porque, recuerda, el dinero se malvers¨® para un fin ilegal, como era la organizaci¨®n de la consulta independentista del 1 de octubre de 2017. ¡°La distracci¨®n de caudales p¨²blicos a la comisi¨®n de actividades delictivas y/o il¨ªcitas no puede, en ning¨²n supuesto, por propia definici¨®n, ser encajada en el uso de fondos para fines p¨²blicos que recoge el nuevo art¨ªculo 433¡å, se?alan los fiscales.

Esta interpretaci¨®n que hace el ministerio p¨²blico de la reforma penal le lleva a concluir que los cuatro l¨ªderes independentistas que fueron condenados por sedici¨®n y malversaci¨®n ¡ªJunqueras, Romeva, Turull y Bassa¡ª no deben ver revisada su pena, porque, aunque se les retire la sedici¨®n, el delito de malversaci¨®n agravada, que se mantiene, comporta una pena de inhabilitaci¨®n de entre 10 y 20 a?os, y en esa horquilla est¨¢ incluido el castigo actual.

Por el contrario, los cinco dirigentes independentistas que solo fueron condenados por sedici¨®n ¡ªForcadell, Forn, Rull, S¨¤nchez y Cuixart¡ª pasar¨ªan a estarlo ahora por des¨®rdenes p¨²blicos agravados. Ese delito conlleva una pena m¨¢xima de cinco a?os de inhabilitaci¨®n, y esa es la que la Fiscal¨ªa pide para Jordi Cuixart (l¨ªder de ?mnium Cultural durante el proc¨¦s) y Jordi S¨¤nchez (de la ANC); en el caso de que el delito sea cometido por autoridades, la pena de inhabilitaci¨®n se eleva a entre seis y ocho a?os, y esa horquilla es la que el ministerio p¨²blico aplica a Forcadell, Forn y Rull. Adem¨¢s, a estos tres pide condenarlos tambi¨¦n por desobediencia y aplicarles la inhabilitaci¨®n que conlleva. En total, Forcadell quedar¨ªa inhabilitada durante 9 a?os y dos meses (frente a los 11 a?os y medio que le impuso el Supremo); y Forn y Rull, durante 8 a?os y dos meses (frente a los 10 a?os y medio iniciales).