Un vocal conservador del Poder Judicial pide nombrar jueces militares pese a que la ley lo proh¨ªbe por estar caducado

En un anticipo de la situaci¨®n a la que se ver¨¢ abocada toda la Administraci¨®n de Justicia si no se acomete con urgencia la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueada por el PP, la jurisdicci¨®n militar ya ha entrado en barrena. El Tribunal Militar Central (TMC), el m¨¢ximo ¨®rgano de la Justicia castrense por debajo de la Sala Quinta del Supremo, est¨¢ paralizado desde que en diciembre pasado pas¨® a la reserva el ¨²ltimo de los jueces togados en activo que lo integraban, el general auditor Francisco Pascual Sarri¨¢.

Eso significa que no se pueden instruir causas contra militares o guardias civiles de empleo igual o superior a comandante, ni tampoco contra jueces, fiscales o secretarios de la jurisdicci¨®n militar, ni resolver recursos contra decisiones de los juzgados togados centrales ni tampoco recursos contra sanciones disciplinarias graves impuestas por los jefes de los ej¨¦rcitos, la subsecretaria o la directora de la Guardia Civil. Todav¨ªa funcionan, aunque de forma cada vez m¨¢s precaria, los tribunales y juzgados militares territoriales que se ocupan de las causas contra los escalones m¨¢s bajos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

Ante esta situaci¨®n, el Consejo General del Poder Judicial encarg¨® en diciembre a dos de sus vocales, el conservador Jos¨¦ Mar¨ªa Mac¨ªas Casta?o, y la progresista Clara Mart¨ªnez de Careaga, proponer f¨®rmulas para desbloquear la Justicia Militar.

Ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo, ambos han planteado f¨®rmulas radicalmente diferentes. El primero, que se caracteriza por ser el m¨¢s activo de los vocales del bloque conservador contra las medidas que toma el Gobierno, propone sortear la reforma de marzo de 2021, que proh¨ªbe al Consejo del Poder Judicial asignar plazas en juzgados y tribunales con el mandato caducado, como sucede desde hace ya cuatro a?os. La opini¨®n que tiene Mac¨ªas de esta reforma la deja clara al calificarla de ¡°espuria¡± y atribuirle el objetivo de ¡°impedir el correcto funcionamiento del CGPJ y, de paso, perjudicar el correcto funcionamiento de los tribunales¡±.

Para resolver problema, propone reinterpretar el art¨ªculo que permite al Consejo, incluso estando en funciones, nombrar a dos magistrados del Constitucional y ¡°realizar aquellas otras funciones que sean indispensables para garantizar el funcionamiento ordinario del ¨®rgano¡± (se entiende que del propio CGPJ) en el sentido de que esta previsi¨®n le habilita para nombrar jueces de la jurisdicci¨®n militar (y se supone que tambi¨¦n de la ordinaria) por los mecanismos habituales. Como alternativa, si esta opci¨®n no es aceptada, plantea convocar concursos para la provisi¨®n de suplencias en los tribunales y juzgados militares, ¡°sin perjuicio de que el Ministerio de Defensa conceda luego a los jueces militares designados las correspondientes comisiones de servicio¡±, todo ello en base a informe del Gabinete T¨¦cnico del Consejo del pasado 14 de septiembre.

Por el contrario, Mart¨ªnez de Careaga considera que la prohibici¨®n de cubrir vacantes judiciales cuando el Consejo tiene el mandato caducado afecta tambi¨¦n a las suplencias, tal como el mismo Gabinete T¨¦cnico hab¨ªa concluido en un informe anterior, de 15 de julio. La vocal alerta de que, aunque se nombraran suplentes en los juzgados militares, eso no solucionar¨ªa el problema, pues la ley exige que en el tribunal siempre haya un juez togado y no se puede formar una sala de Justicia con m¨¢s de un suplente, por lo que las resoluciones dictadas por un tribunal formado de este modo podr¨ªan impugnarse por ser el mismo ¡°manifiestamente incompetente¡±.

La vocal admite que se est¨¢ ante una coyuntura ¡°excepcional¡±, pero advierte de que no se trata de un problema sobrevenido, pues la gravedad de la situaci¨®n ya fue advertida por el presidente interino del Tribunal Militar Central en verano pasado cuando se podr¨ªa haber resuelto, ¡°y a¨²n podr¨ªa serlo ahora¡±, seg¨²n el escrito, con el mero tr¨¢mite de ascenderlo de general auditor (general de brigada) a general consejero togado (general de divisi¨®n), lo que le habr¨ªa permitido seguir en activo. En realidad, el problema empez¨® a gestarse cuando, en octubre de 2021, el presidente del TMC, el general consejero togado, Carlos Mel¨®n, pas¨® a la reserva y el CGPJ no pudo nombrar sustituto, por lo que Pascual Sarri¨¢ se hizo cargo de la presidencia con car¨¢cter interino.

El informe de la vocal progresista concluye que el Consejo no puede, ¡°sin vulnerar la ley¡±, convocar procesos de designaci¨®n de suplentes, ni mucho menos de titulares, en la jurisdicci¨®n militar, ¡°ni siquiera ampr¨¢ndose en la excepcional situaci¨®n en que se encuentra el Tribunal Militar Central¡±, por lo que propone comunicarlo al Ministerio de Defensa para que este adopte las medidas pertinentes para evitar que se quede sin general del cuerpo jur¨ªdico. Aunque no lo dice, sugiere que ascienda a su hasta diciembre presidente interino. Fuentes de la jurisdicci¨®n militar alegan, sin embargo, que eso es imposible, porque ya ha pasado tambi¨¦n a la reserva.

De otro lado, la opci¨®n defendida por el vocal conservador podr¨ªa llevar a un choque con el Gobierno si este entiende, como Mart¨ªnez de Careaga, que se trata de una abierta vulneraci¨®n de la ley que recort¨® las competencias del CGPJ en funciones como forma de presionar al PP para que cumpla la Constituci¨®n y acometa ya su renovaci¨®n. Los dos informes iban a ser abordados por la Comisi¨®n Permanente del Poder Judicial en su reuni¨®n de la pasada semana, pero su debate qued¨® pospuesto en principio para la de esta semana.