La Fiscal¨ªa pasa de puntillas por las presiones de la trama policial al investigador del ¡®caso G¨¹rtel¡¯

El escrito de acusaci¨®n en el que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pide 15 a?os de prisi¨®n para el exministro Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz y otros implicados en el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis B¨¢rcenas hace un relato pormenorizado de la actuaci¨®n de la trama parapolicial que puso en marcha la llamada Operaci¨®n Kitchen. Sin embargo, los representantes del ministerio p¨²blico no despejan varias de las interrogantes de un operativo que ten¨ªa como objetivo final ¡°impedir la incorporaci¨®n al procedimiento judicial [del caso G¨¹rtel] de material incriminatorio para el Partido Popular y sus m¨¢ximos dirigentes¡±, seg¨²n recalcan en varias ocasiones en su escrito. Entre esos interrogantes, destaca que la Fiscal¨ªa pase de puntillas por las presiones que varios integrantes de la trama ejercieron sobre otro polic¨ªa, el inspector jefe Manuel Morocho, para dificultar sus pesquisas sobre la trama de corrupci¨®n de Francisco Correa, y que cuando cite uno de esos episodios sea para pedir que se sobresea la causa contra uno de los mandos policiales imputados.

Presiones a otro polic¨ªa. En junio de 2021, el inspector jefe Manuel Morocho, responsable de las pesquisas sobre el caso G¨¹rtel y que ha firmado los principales informes que han llevado al banquillo al PP en esta causa, relat¨® al juez las ¡°anomal¨ªas y presiones paralelas¡± que sufri¨® por parte de los integrantes de la trama Kitchen para tratar de desbaratar sus pesquisas. Seg¨²n testific¨® entonces, sus superiores maniobraron para tratar de modificar los informes donde se?alaba a los dirigentes del PP; tambi¨¦n relat¨® c¨®mo le impidieron poner sus nombres ¡ªentre ellos, el de Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno¡ª en los documentos que enviaba al juez sobre los supuestos perceptores de sobresueldos reflejados en los papeles de B¨¢rcenas; y c¨®mo le instigaron para que ¡°minusvalorara los papeles¡± publicados por EL PA?S en enero de 2013, que documentaron la existencia de una caja b en el partido, seg¨²n ha dado ya por acreditado el Tribunal Supremo. En su escrito de acusaci¨®n, la Fiscal¨ªa solo hace referencia a uno de estos incidentes y, adem¨¢s, para pedir el sobreseimiento de uno de los procesados, el comisario Jos¨¦ Luis Olivera, que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF), a la que pertenec¨ªa Morocho. Anticorrupci¨®n detalla el episodio en el que Olivera ofreci¨® a su subordinado un destino en la Embajada de Espa?a en Lisboa, supuestamente para apartarlo de las pesquisas, pero considera que, como ¡°no existi¨® elemento alguno de intimidaci¨®n o presi¨®n¡±, lo considera ¡°un hecho jur¨ªdico penalmente irrelevante¡±. Al resto de los episodios, que el polic¨ªa tambi¨¦n detall¨® en su comparecencia en la comisi¨®n de investigaci¨®n del Congreso, no hace alusi¨®n.

La ¡®X¡¯ de la trama. El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa Castell¨®n limit¨® la responsabilidad del espionaje ilegal a B¨¢rcenas a la c¨²pula del Ministerio del Interior y, en concreto, al que fuera su titular en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, el procesado Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz. El magistrado concluy¨® que en la causa no hab¨ªa indicios suficientes para enviar al banquillo a Mar¨ªa Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP y exministra de Defensa de Rajoy, a la que Anticorrupci¨®n se?alaba como la cabeza de la pata pol¨ªtica de la trama. Esta decisi¨®n del juez ha sido avalada por la Audiencia Nacional, que el viernes conclu¨ªa que las grabaciones de las conversaciones de la pol¨ªtica con Villarejo, publicadas por EL PA?S, que apuntan al papel jugado por esta, no pueden ser consideradas como indicio porque les falta el ¡°contexto¡±. La Fiscal¨ªa se?ala en su texto que, pese a estas decisiones judiciales, no puede ¡°descartarse adem¨¢s la intervenci¨®n de otras personas de diferentes instancias¡±, en lo que parece una sutil referencia a la pol¨ªtica y su partido. Adem¨¢s, en su escrito Anticorrupci¨®n recalca en reiteradas ocasiones que el fin ¨²ltimo del operativo era impedir que llegaran a los investigadores del caso G¨¹rtel documentos e informaci¨®n ¡°que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular [al que menciona en 24 ocasiones] y sus m¨¢ximos dirigentes¡±.

La documentaci¨®n robada. El juez Garc¨ªa Castell¨®n concluy¨® que la investigaci¨®n hab¨ªa arrojado indicios de que, durante la Operaci¨®n Kitchen, la trama ¡°materializ¨® el acceso a la informaci¨®n que guardaba [el extesorero]¡±. Adem¨¢s, algunos de los procesados, como el comisario Enrique Garc¨ªa Casta?o, admitieron ante el juez el robo de documentaci¨®n de la que, seg¨²n la Fiscal¨ªa, tanto ¨¦l como el tambi¨¦n comisario Jos¨¦ Manuel Villarejo decidieron guardarse una copia ¡°con la finalidad de poder utilizarla en su favor, presionando con su eventual revelaci¨®n p¨²blica¡±. Sin embargo, el escrito de Anticorrupci¨®n hace referencia en tres ocasiones a unos archivos de audio con una supuesta conversaci¨®n mantenida, en 2009, entre B¨¢rcenas y Rajoy en el despacho de este ¨²ltimo en el que el primero le entregaba una copia con datos de la caja b y este los destru¨ªa en una trituradora de papeles. Rajoy ha negado siempre esta escena. B¨¢rcenas, que lleg¨® a aseverar en varias ocasiones que esta grabaci¨®n no exist¨ªa, asegur¨® ante el juez del caso Kitchen que encarg¨® sin ¨¦xito la destrucci¨®n de una de las copias, pero que otra que ten¨ªa se la rob¨® el grupo de polic¨ªas que lo espi¨®. Anticorrupci¨®n habla en su escrito sobre esos intentos de destrucci¨®n supuestamente encargados a un preso y los seguimientos que la trama hizo del recluso, pero en ning¨²n momento da por cierta la existencia de los audios ni se plantea d¨®nde pudieran estar.

Asalto del falso cura. En octubre de 2020, el magistrado imput¨® a Enrique Olivares, el falso cura que asalt¨® la casa en Madrid del extesorero popular el 23 de octubre de 2013 y mantuvo retenida a su familia pistola en mano mientras, seg¨²n dijo, trataba de hacerse con unos documentos guardados en un pendrive que servir¨ªan para derribar al Gobierno de Rajoy. El falso cura, que cuando fue citado por el juez se encontraba en prisi¨®n condenado a 22 a?os de c¨¢rcel por aquel asalto, muri¨® en enero de 2022 cuando disfrutaba de semilibertad sin haber declarado en la causa por presentar problemas mentales. El juez lleg¨® a pedir informaci¨®n sobre la relaci¨®n de visitas y llamadas que recibi¨® en la c¨¢rcel, y sobre la identidad de las personas que hab¨ªan efectuado alg¨²n ingreso en las cuentas de peculio (dep¨®sito de dinero que tienen los internos en prisi¨®n para peque?os gastos), sin ¨¦xito. En su escrito, la Fiscal¨ªa ni siquiera menciona el incidente.

El ordenador y los fondos reservados. La Fiscal¨ªa concluye que la trama Kitchen gast¨® 57.943,43 euros de los fondos reservados ¨Duna partida presupuestaria sometida a la ley de secretos oficiales con la que se paga, por ejemplo, a confidentes en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia¨D para recompensar a Sergio R¨ªos Esgueva, entonces ch¨®fer de B¨¢rcenas; comprarle una pistola y cubrir diversos gastos del comisario Jos¨¦ Manuel Villarejo. Lo que Anticorrupci¨®n no menciona es la compra de un equipo inform¨¢tico con fondos reservados que, seg¨²n detall¨® el comisario Garc¨ªa Casta?o, se instal¨® en el despacho en Interior del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Mart¨ªnez, para que pudiera consultar la documentaci¨®n que la trama sustra¨ªa al extesorero del PP. Durante la investigaci¨®n, Interior certific¨® al juez la irregularidad de esa compra, ya que la ley solo contempla las adquisiciones de este tipo cuando, ¡°por su urgencia y motivos de seguridad¡±, no se puedan adquirir a trav¨¦s de las partidas presupuestarias ordinarias. Sin embargo, ese importe finalmente no ha sido incorporado a la cantidad supuestamente malversada por la trama.

Polic¨ªa por enchufe. La Fiscal¨ªa concluye que el comisario Villarejo, con el visto bueno del tambi¨¦n comisario Eugenio Pino, que era su jefe jer¨¢rquico como m¨¢ximo responsable de la Polic¨ªa, y el entonces n¨²mero dos de Interior, propuso que el ch¨®fer de B¨¢rcenas consiguiera ingresar en la Polic¨ªa Nacional ¡°como mecanismo de protecci¨®n que garantizase la impunidad¡± de los implicados en el espionaje. La propuesta se materializ¨® en 2015, cuando R¨ªos aprob¨® la oposici¨®n y se incorpor¨® en septiembre de ese a?o a la Escuela de la Polic¨ªa en ?vila, de la que sali¨® en 2017 convertido en agente. Anticorrupci¨®n se?ala que en la causa que ¡°no consta de qu¨¦ manera efectiva los encausados, o terceras personas, pudieron interferir en el procedimiento de acceso¡±, pero da por hecho que hubo irregularidades. De hecho, en el escrito pide que se declare la nulidad del nombramiento. R¨ªos Esgueva mantiene en la actualidad su condici¨®n de funcionario, ya que la Polic¨ªa no puede expulsarlo hasta que haya sentencia firme, aunque est¨¢ suspendido de funciones.