El Constitucional admite a tr¨¢mite el recurso de Vox contra la supresi¨®n del delito de sedici¨®n

El Constitucional ha admitido a tr¨¢mite el recurso presentado por el grupo parlamentario Vox contra la reforma del C¨®digo Penal que supuso la supresi¨®n del delito de sedici¨®n. El Gobierno lo justific¨® como un paso necesario para la equiparaci¨®n de la legislaci¨®n espa?ola con la de otros pa¨ªses europeos. Para Vox, en cambio, la desaparici¨®n de la citada figura penal implica un riesgo para principios constitucionales b¨¢sicos, como el de la unidad territorial de Espa?a, al privar a los tribunales de instrumentos para su defensa.

Este recurso es sobre el fondo de la reforma. Se trata, por tanto, de una iniciativa distinta a la que tom¨® el PP para cuestionar la tramitaci¨®n de dos enmiendas que persegu¨ªan aprovechar la misma ley para introducir unas normas que facilitaran la renovaci¨®n del propio Constitucional. El PP pidi¨® medidas cautelares que el tribunal aprob¨® y que impidieron que el Senado pudiera votar las citadas enmiendas.

El recurso de Vox conta la reforma del C¨®digo Penal fue presentado el pasado 19 de enero, centr¨¢ndose en cuestionar la desaparici¨®n de la sedici¨®n como tipo penal y una rebaja de penas en el caso de la malversaci¨®n. La impugnaci¨®n solicitaba al tribunal que anule estos cambios legales por considerar que constituyen ¡°una amnist¨ªa para los autores de ambos delitos¡±.

Afirma que con estos cambios legislativos se ha producido ¡°una flagrante violaci¨®n del principio de legalidad¡±, porque se han hecho ¡°para beneficiar a unos pocos, por motivos de oportunidad pol¨ªtica¡±. Lo que se pretende ¡ªa?ade el recurso¨D es ¡°permitir que los condenados por los m¨¢s graves delitos contra la naci¨®n y la Constituci¨®n puedan volver a participar, en igualdad de condiciones con cualquier espa?ol, en la vida pol¨ªtica¡±.

El texto incide en que ¡°los derechos no se establecen para personas singulares, sino para la generalidad de los ciudadanos¡±, y que ¡°en esto radica el principio de igualdad ante la ley y en la aplicaci¨®n de la ley consagrado en los art¨ªculos 1 y 14 de la Constituci¨®n¡±.

La tesis de Vox es que la citada ley ha tenido ¡°por exclusiva finalidad beneficiar a los condenados y encausados por delito de sedici¨®n¡± en el juicio del proc¨¦s, ¡°e indirectamente facilitar o proteger penalmente a quienes en el futuro pudieran desarrollar actos de la misma naturaleza o contenido¡±, as¨ª como permitir que los ya indultados por el Gobierno ¡°vean reducida la pena accesoria de inhabilitaci¨®n para el empleo o cargo p¨²blico y poder concurrir a procesos electorales o administrativos, al reducir las penas de la malversaci¨®n¡±.

Durante el debate parlamentario de la reforma de la sedici¨®n el pasado diciembre, Vox ya intervino contra esta ley, al igual que el PP, mediante una solicitud de amparo y la petici¨®n de una medida cautelar¨ªsima contra las enmiendas del PSOE y Podemos, cuyo objetivo era que el tribunal de garant¨ªas pasara a tener una mayor¨ªa progresista a la mayor brevedad. La propuesta de estos cambios obedec¨ªa a que la anterior composici¨®n del Constitucional ¨Cque hasta enero tuvo una mayor¨ªa conservadora- y los relevos de cuatro magistrados se ten¨ªan que haber producido en junio pasado, cuando terminaba su mandato.

En su recurso de inconstitucionalidad, Vox pidi¨® que el tribunal anule en su integridad la reforma del C¨®digo Penal ¡°de forma urgent¨ªsima¡±, y en paralelo recus¨® a su presidente, C¨¢ndido Conde-Pumpido, as¨ª como a los magistrados Juan Carlos Campo, Laura D¨ªez y Mar¨ªa Luisa Segoviano. Tanto en este caso como en otros 54 planteados por Vox, el Constitucional ha rechazado estas recusaciones, ya sea por entender que no son admisibles las que cuestionan el mantenimiento del qu¨®rum ¨Cque requiere la presencia de al menos 8 de sus 11 magistrados-, como por considerar que ya han perdido sentido. ?ste es el caso de las recusaciones presentadas contra el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, que ya se ha abstenido en una veintena de asuntos debido a su anterior cargo, o en aquello recursos que afectan a decisiones tomadas desde la presidencia del Congreso, por su actual relaci¨®n con la presidenta de la C¨¢mara Baja, Meritxell Batet.