El Tribunal Constitucional decidir¨¢ por sentencia si la supresi¨®n de la sedici¨®n vulner¨® la Carta Magna

El Tribunal Constitucional ha decidido en el pleno de este martes admitir a tr¨¢mite tres recursos contra otras tantas leyes impulsadas por el Gobierno en el ¨²ltimo a?o de la legislatura. La primera se refiere a la modificaci¨®n del C¨®digo Penal que supuso la desaparici¨®n del delito de sedici¨®n y la rebaja de la figura penal de malversaci¨®n. La impugnaci¨®n fue presentada por el grupo parlamentario del PP contra la ley org¨¢nica 11/2022, de 22 de diciembre, de transposici¨®n de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptaci¨®n de la legislaci¨®n penal al ordenamiento de la Uni¨®n Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, des¨®rdenes p¨²blicos y contrabando de armas de doble uso. La admisi¨®n implica que el tribunal resolver¨¢ por sentencia sobre la constitucionalidad o no de dicha reforma penal.

El PP cuestion¨® desde el inicio la forma de tramitar esta ley. El grupo parlamentario lleg¨® a solicitar al Tribunal Constitucional la adopci¨®n de una controvertida medida cautelar, consistente en impedir el debate de dos enmiendas presentadas por el PSOE y Podemos con las que buscaban facilitar la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional, porque no ten¨ªan nada que ver con la iniciativa. El PP tambi¨¦n se opuso al contenido de dicha reforma penal por entender que significaba un riesgo para la defensa de la unidad de Espa?a. ¡°Las leyes de Espa?a no pueden redactarse en la sede de ERC por la conveniencia pol¨ªtica de Pedro S¨¢nchez. Ni la Constituci¨®n ni el Estado de derecho pueden rendirse a las necesidades de ning¨²n dirigente pol¨ªtico, y menos a las de aquellos que se levantaron contra nuestra naci¨®n¡±, manifest¨® la portavoz popular, Cuca Gamarra. ¡°En ning¨²n pa¨ªs europeo se tocar¨ªa el delito de sedici¨®n de la mano de los sediciosos¡±, a?adi¨®

El ¨®rgano de garant¨ªas concedi¨® la cautelar tras varios d¨ªas de fuertes tensiones en el seno del propio Tribunal Constitucional. Cuando se plante¨® el conflicto, el pasado diciembre, el Tribunal Constitucional ya llevaba seis meses con su mandato terminado con la composici¨®n que ten¨ªa entonces. Dicha composici¨®n supon¨ªa la existencia de una mayor¨ªa conservadora. A las pocas semanas, cuando el tribunal se renov¨® en enero, pas¨® a ser de signo progresista.

El PP aleg¨® en su recurso que la ley podr¨ªa ser inconstitucional por defectos en su procedimiento de aprobaci¨®n, asunto sobre el que ahora tendr¨¢ que volver el tribunal, cuatro meses despu¨¦s de haber dictado la citada cautelar, que cont¨® con la oposici¨®n del sector progresista, entonces minoritario. La cuesti¨®n de fondo ¨Dla eliminaci¨®n del delito de sedici¨®n y la modificaci¨®n de la figura de la malversaci¨®n, junto a un nuevo tipo de des¨®rdenes p¨²blicos¨D tambi¨¦n fue impugnada por el PP, que estima que estos cambios vulneran cinco preceptos constitucionales, entre ellos los art¨ªculos 9 ¨Dinterdicci¨®n de la arbitrariedad de los poderes p¨²blicos¨D, 14 ¨Digualdad de los espa?oles ante la ley¨D, 24 ¨Dtutela efectiva de los tribunales¨D, 62 ¨Datribuci¨®n al Rey de la convocatoria de refer¨¦ndum¨D y 117, relativo a la independencia de los jueces y tribunales, a los que corresponde interpretar y aplicar la ley.

En paralelo, el Constitucional ha admitido a tr¨¢mite el recurso de inconstitucionalidad de Vox contra la ley trans. Esta impugnaci¨®n ha sido promovida por m¨¢s de 50 diputados del grupo parlamentario de este partido en el Congreso contra diversos preceptos de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garant¨ªa de los derechos de las personas LGTBI. Los recurrentes sostienen que la norma podr¨ªa vulnerar al menos nueve preceptos de la Constituci¨®n, entre ellos el que garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el relativo al respeto a la libertad ideol¨®gica y el que establece que los poderes p¨²blicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formaci¨®n religiosa y moral que est¨¦ de acuerdo con sus propias convicciones.

Por otro lado, el tribunal tambi¨¦n ha admitido a tr¨¢mite y resolver¨¢ por sentencia los recursos de inconstitucionalidad promovidos por la Asamblea de Madrid y por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut¨®noma de la Regi¨®n de Murcia contra el impuesto a las grandes fortunas. Estas dos impugnaciones se dirigen contra el art¨ªculo 3 de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de grav¨¢menes temporales energ¨¦tico y de entidades de cr¨¦dito y establecimientos financieros de cr¨¦dito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias. En total, ya se han admitido a tr¨¢mite cinco recursos de inconstitucionalidad contra el citado impuesto. Adem¨¢s de estos dos, est¨¢n tramit¨¢ndose los recursos presentados por los gobiernos auton¨®micos de Andaluc¨ªa, Comunidad de Madrid (Consejo de Gobierno) y Galicia.