Bruselas obligar¨¢ a endurecer las penas por malversaci¨®n

Bruselas est¨¢ decidida a armonizar en toda la UE las definiciones de los delitos relacionados con la corrupci¨®n. Es una de sus f¨®rmulas para perseguir estos cr¨ªmenes que muchas veces no tienen v¨ªctimas con nombres y apellidos y que se dan cada vez m¨¢s a nivel transnacional. Ahora, una nueva directiva europea que armoniza las penas y establece unos baremos obligar¨¢ a Espa?a a endurecer las condenas por el delito de malversaci¨®n, solo seis meses despu¨¦s de que el Gobierno de Pedro S¨¢nchez las rebajara con una reforma del C¨®digo Penal con la que pretend¨ªa reducir la pena a los dirigentes del proc¨¦s independentista catal¨¢n.

La nueva regulaci¨®n europea ¡ªque todav¨ªa tiene que pasar por la negociaci¨®n en el Consejo de la UE con los Estados miembros y la tramitaci¨®n en el Parlamento Europeo¡ª presentada este mi¨¦rcoles obliga a los Estados miembros a tomar medidas para garantizar que determinadas conductas son punibles m¨¢s all¨¢ del soborno, el ¨²nico tipo previsto hasta ahora para toda la UE. En el caso de malversaci¨®n, la nueva directiva la define como ¡°el compromiso, desembolso, apropiaci¨®n o uso por un funcionario p¨²blico de bienes cuya administraci¨®n le est¨¢ encomendada directa o indirectamente en contra de la finalidad para la cual estaban destinados¡±. El C¨®digo Penal espa?ol castiga todas estas conductas, aunque, tras la reforma pactada entre el Gobierno y ERC, se desligan en distintos art¨ªculos de la ley, todos bajo el t¨ªtulo general de ¡°malversaci¨®n¡±. Bruselas no diferencia si el delito se ha cometido para lograr un enriquecimiento personal o no, como s¨ª hace la reforma espa?ola, pero fuentes comunitarias se?alan que esta distinci¨®n no contradice la directiva que prepara la UE, por lo que Espa?a no tendr¨¢ que modificar su ley en este sentido, lo que s¨ª habr¨ªa supuesto deshacer por completo la reforma del Gobierno.

A lo que s¨ª obligar¨¢, previsiblemente, la norma comunitaria, es a elevar las penas m¨¢ximas previstas actualmente en Espa?a para alguna de las modalidades de la malversaci¨®n. Bruselas establece que las penas m¨¢ximas para los condenados por este delito no pueden ser inferiores a cinco a?os de prisi¨®n, y las dos modalidades atenuadas de este delito que cre¨® la reforma del Gobierno tienen penas m¨¢ximas m¨¢s bajas, por lo que, en principio, tendr¨ªan que subirse. As¨ª ocurre con el art¨ªculo 432 bis, que castiga a la autoridad o funcionario p¨²blico que, ¡°sin ¨¢nimo de apropi¨¢rselo¡±, destinase a usos privados el patrimonio p¨²blico. La pena actual en Espa?a es de entre seis meses y tres a?os de c¨¢rcel, por lo que, para cumplir el mandato de Bruselas, habr¨ªa que subirla dos a?os.

Si la directiva sale adelante como ha propuesto este mi¨¦rcoles la Comisi¨®n Europea, tambi¨¦n habr¨ªa que elevar a cinco a?os la pena m¨¢xima del actual art¨ªculo 433, que castiga a quien diera al patrimonio p¨²blico una ¡°aplicaci¨®n p¨²blica diferente¡± de aquella a la que estaba destinado. La pena prevista es de entre uno a cuatro a?os si hay ¡°da?o o entorpecimiento graves¡± del servicio al que estaba consignado ese fondo y de multa de tres a doce meses, si no hay da?o. Este era el art¨ªculo en el que el Gobierno y ERC pretend¨ªa que encajase la malversaci¨®n del proc¨¦s (desv¨ªo de fondos para organizar el refer¨¦ndum independentista ilegal del 1-O), pero el Tribunal Supremo, con el apoyo de la Fiscal¨ªa, rechaz¨® esta interpretaci¨®n. Bruselas no establece un suelo para las penas m¨ªnimas en esa armonizaci¨®n para todos los Estados miembros.

El cambio ¡ªque una vez aprobada la directiva puede tardar incluso m¨¢s de un a?o en trasponerse a la legislaci¨®n nacional¡ª puede generar m¨¢s discusi¨®n pol¨ªtica que pr¨¢ctica, ya que, por ahora, los tribunales espa?oles est¨¢n evitando aplicar las nuevas f¨®rmulas atenuadas de malversaci¨®n que introdujo el Gobierno, apoyados en el rechazo del Tribunal Supremo y en la jurisprudencia. Sin embargo, la directiva de Bruselas reabrir¨¢ a buen seguro un debate que ya fue pol¨¦mico cuando se aprob¨® la reforma del C¨®digo Penal. Y lo hace en un momento particularmente caldeado, a menos de un mes de las elecciones municipales y auton¨®micas y con las generales previstas en diciembre.

Fuentes de Moncloa destacan que la directiva presentada este mi¨¦rcoles es solo una propuesta que a¨²n tiene un largo camino por delante y que, incluso de aprobarse tal cual, el cambio en Espa?a ser¨ªa ¡°m¨ªnimo¡± ya que tras una serie de medidas ¡ªen las que incluyen el reciente establecimiento de delito de enriquecimiento il¨ªcito de cargos p¨²blicos, que no en muchos pa¨ªses existe¡ª se llega ¡°en una posici¨®n aventajada en muchos casos¡±.

La directiva trata de ¡°reescribir¡± una legislaci¨®n que se hab¨ªa quedado ¡°antigua¡±, ha destacado este mi¨¦rcoles Margaritis Schinas, comisario y vicepresidente para la Promoci¨®n de Vida Europeo. ¡°La corrupci¨®n es una amenaza contra la democracia¡±, ha dicho. La directiva europea establece las definiciones de una serie de delitos penales relacionados con la corrupci¨®n (no solo malversaci¨®n, tambi¨¦n fraude o apropiaci¨®n indebida) y baremos en las penas. Adem¨¢s, dispone tambi¨¦n un tiempo m¨ªnimo de prescripci¨®n para toda la UE para que sea m¨¢s f¨¢cil perseguir este tipo de cr¨ªmenes y que va desde los ocho a?os por delitos de malversaci¨®n o tr¨¢fico de influencias hasta los 10 a?os por soborno en el sector p¨²blico u obstrucci¨®n a la justicia.

La corrupci¨®n mata

¡°La corrupci¨®n mata, destruye la democracia y la confianza en las instituciones democr¨¢ticas, pero no tenemos una p¨ªldora m¨¢gica [contra ella]. Por eso adoptamos este paquete que eleva el nivel en la definici¨®n de los delitos y sanciones¡±, ha incidido la comisaria y vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourova, este mi¨¦rcoles en Bruselas, donde el Ejecutivo comunitario ha presentado su paquete anticorrupci¨®n (la directiva y una nueva lista negra de corruptos sancionados de pa¨ªses de fuera de la UE) con un gran despliegue y la presencia de cuatro comisarios.

Espa?a no ser¨¢ el ¨²nico Estado miembro que tendr¨¢ que subir sus penas para ciertos tipos de delito: otros tambi¨¦n tendr¨¢n que cambiar sus regulaciones. Por ejemplo, dos socios no tienen el tipo de delito espec¨ªfico de tr¨¢fico de influencias y 17 no disponen del tipo espec¨ªfico para penalizar el ¡°enriquecimiento il¨ªcito¡±. La corrupci¨®n es un delito en muchos casos transnacional, como ha destacado la comisaria de Interior, Ylva Johansson. Y esta armonizaci¨®n, acompa?ada de un mejor y m¨¢s estricto marco de cooperaci¨®n entre Estados y entre agencias, puede facilitar la persecuci¨®n no solo de los casos que afecta a un Estado miembro, sino tambi¨¦n de las organizaciones del crimen organizado que operan en varios. ¡°Una de las caracter¨ªsticas de la corrupci¨®n es que aparentemente no tiene una v¨ªctima visible, pero en realidad est¨¢ detr¨¢s de tiroteos, de asesinatos, es una amenaza¡±, ha abundado Johansson.

Bruselas estima que la corrupci¨®n, que socava la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y la paz, le cuesta a la econom¨ªa de la UE al menos 120.000 millones de euros al a?o, en los c¨¢lculos m¨¢s conservadores. Estos delitos suponen una p¨¦rdida de riqueza econ¨®mica de alrededor de un 5% del PIB a nivel mundial, seg¨²n estimaciones citadas en la nueva directiva.