El alto coste para la Polic¨ªa de escuchar al crimen organizado cuando habla en otro idioma

El crimen organizado no habla un ¨²nico idioma. Lo saben y lo sufren los agentes encargados de combatirlo. Y el Ministerio del Interior paga un alto coste, cada vez mayor, para superar esta dificultad. La Polic¨ªa Nacional ha iniciado la licitaci¨®n de un nuevo contrato para traducir al espa?ol las conversaciones en otras lenguas intervenidas por orden judicial en el transcurso de sus investigaciones contra la delincuencia y el terrorismo, despu¨¦s de que el adjudicado el pasado verano vaya a agotar su presupuesto dos meses antes de lo previsto. Seg¨²n el expediente del nuevo concurso, al que ha tenido acceso EL PA?S, la Polic¨ªa Nacional contempla gastar 11,9 millones de euros entre el pr¨®ximo 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2024 para traducir cerca de 450.000 horas de grabaci¨®n y que estas puedan ser utilizadas como prueba en procedimientos penales.

Esta cifra representa un gasto medio de 850.000 euros mensuales, lo que supone un incremento del 45% respecto al anterior contrato que ahora se agota de modo prematuro y en el que la previsi¨®n inicial fue desembolsar 583.300 euros al mes; y de un 88% respecto al de 2020, cuando el coste mensual previsto entonces era de 451.100 euros. La empresa que resulte adjudicataria deber¨¢ cubrir la traducci¨®n al espa?ol de ¡°cualquier idioma oficial o dialectos m¨¢s comunes¡±, incluidas las lenguas cooficiales de Espa?a y el lenguaje de signos (en el caso de videograbaciones), a un precio m¨¢ximo de 26,62 euros la hora, IVA incluido (en el anterior contrato el importe era 22,99 euros).

Las compa?¨ªas que aspiren al contrato deber¨¢n contar con, al menos, 10 traductores de ¨¢rabe dialectal, seis de ingl¨¦s, cuatro de rumano y otros tanto de franc¨¦s, dos de chino mandar¨ªn y otros dos de urdu (lengua utilizada por los procedentes de Pakist¨¢n). Tambi¨¦n deber¨¢n contar, al menos, con un profesional para el euskera y otro para el catal¨¢n, as¨ª como para ruso, portugu¨¦s, alban¨¦s, b¨²lgaro, ucranio, georgiano, polaco y wolof (la que m¨¢s se habla en Senegal). Cuando sean reclamados, la empresa se compromete a que un traductor con titulaci¨®n se presente en la dependencia policial desde la que se le reclame en un tiempo m¨¢ximo que oscila entre los 90 minutos y las cuatro horas, dependiendo del idioma para el que se le reclame y la distancia existente entre el lugar donde deba prestar el servicio y la capital de la provincia.

La Polic¨ªa Nacional lleva desde 2008 contratando ¡°empresas externas especializadas¡± para los servicios de traducci¨®n, interpretaci¨®n y transcripci¨®n de escuchas telef¨®nicas obtenidas en el transcurso de ¡°investigaciones policiales por [los] delitos m¨¢s graves¡±, seg¨²n explica el nuevo expediente de licitaci¨®n. Hasta aquel a?o, los agentes se val¨ªan de limitado personal laboral adscrito a la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa para estas funciones y de contrataciones puntuales o colaboradores, que se hab¨ªan demostrado claramente insuficiente. En estos 15 a?os, el presupuesto para contratar empresas con tal fin se ha ido incrementando de manera continua desde los 2,6 millones del primer contrato, a pesar de lo cual ha sido habitual que la partida presupuestada inicialmente terminara siendo insuficiente para cubrir las necesidades de las unidades policiales, cuyas investigaciones a¨²n depende en buena parte de las intervenciones telef¨®nicas.

Es lo que ha ocurrido con el contrato actualmente en vigor, adjudicado el a?o pasado a una Uni¨®n Temporal de Empresas (UTE) integrada por SeproTec y Ofilingua, y que contemplaba un gasto inicial de 10,5 millones para 18 meses (entre el 1 de junio del a?o pasado y el pr¨®ximo 30 noviembre). A los pocos meses, el Ministerio del Interior ya tuvo que incrementar su cuant¨ªa en 780.000 euros al constatar que el importe previsto era claramente insuficiente tras haberse desembolsado solo en los tres primeros meses del contrato 2,1 millones. Pese a este incremento inicial, el dinero presupuestado se ha vuelto a revelar insuficiente y, por ello, la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa se ha visto obligada a licitar ahora, dos meses antes de lo previsto, el nuevo contrato ante el convencimiento de que con el dinero comprometido con el actual ¡°no haya cr¨¦dito suficiente para su finalizaci¨®n¡±.

La Polic¨ªa justifica esta dificultad para ajustar el gasto en que la demanda de los servicios de traducci¨®n ¡°es cambiante y no es posible prever la evoluci¨®n territorial de la delincuencia organizada, que se encuentra condicionada por m¨²ltiples factores, tales como la evoluci¨®n territorial del turismo que facilita el anonimato, la mayor presi¨®n policial, el cambio en las rutas internacionales del crimen organizado en modalidades delictivas tales como la trata de seres humanos o el tr¨¢fico de sustancias estupefacientes¡±. El documento recuerda que determinar ¡°la duraci¨®n de cada una de las investigaciones [policiales] concretas es imposible¡±.

La ejecuci¨®n de los contratos hasta ahora adjudicados se ha visto envuelta en ocasiones en pol¨¦micas por el perfil de algunos de los traductores. As¨ª, en 2008, el primer a?o que se licit¨® este servicio, la Polic¨ªa detuvo al que le hab¨ªa enviado la empresa adjudicataria para realizar una traducci¨®n de portugu¨¦s en el aeropuerto de Barajas (Madrid) al constatar que pesaban sobre ¨¦l numerosos antecedentes y una orden de busca y captura. Seis a?os despu¨¦s, otros dos fueron arrestados acusados de extorsionar a un empresario que era investigado por la polic¨ªa y cuyas conversaciones telef¨®nicas eran traducidas por aquellos. La Audiencia Provincial de Madrid a¨²n tiene pendiente juzgarlos.

Para minimizar el riesgo de que se vuelvan a producir casos como estos, los contratos incluyen ¨Dtambi¨¦n el licitado ahora¨D una cl¨¢usula de ¡°reserva y custodia de informaci¨®n¡± por el que la empresa adjudicataria y los int¨¦rpretes se comprometen a no revelar ¡°cualquier informaci¨®n dimanante del ¨¢mbito policial al que tengan acceso con motivo de la prestaci¨®n del servicio¡± bajo la advertencia de que ¡°en caso de romperse dicha confidencialidad incurrir¨ªan en delito perseguible de oficio¡±.